El frijol en Zacatecas se paga barato porque alguien sabe que puede pagarlo así. Porque detrás de cada kilo hay un productor que no tiene margen de negociación, un sistema de acopio que no es transparente y una cadena de intermediarios que convirtió la necesidad en negocio oficialista, rehén de malos manejos que hoy prefieren callar a quien se atreve a señalarlo antes de reparar las fallas contra los productores.
A las familias productoras no las está quebrando la tierra. Las está quebrando el coyotaje, la corrupción y un modelo de comercialización que, en lugar de protegerlas, las orilla a buscar alternativas distintas, a desplazarse, a recurrir a diputados y representantes populares para buscar opciones ante lo que es malbaratar sus horas de trabajo. El problema no es solo el precio: es quién lo fija, cómo se fija y a quién deja fuera. Para explicar lo que sucede, si es que antes una hora de trabajo valía por una cantidad, ahora los campesinos necesitan trabajar de dos a tres horas de trabajo más para cosechar lo que apenas y vale su hora de trabajo de antes. No hay sostenibilidad ni siquiera para producir y el esquema de programas sociales los coloca más cerca de la explotación que de la digna cosecha.
En los últimos días, el hartazgo se hizo visible. Los hermanos Abraham e Isaías Castro encabezaron movilizaciones de productores que ya no encontraron otra forma de ser escuchados. La condena a los actos de confrontación llegó rápido, pues en la gira presidencial, el gobernador de la dinastía Monreal se concentró en acusar y por eso, las soluciones no llegan tan rápido como la confrontación. En ese vacío de soluciones, el mensaje es que el desorden escandaliza más que la injusticia que lo provoca.
La visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas no corrigió el rumbo. Lo evidenció. El respaldo al gobernador David Monreal cerró filas en torno a una administración cuestionada por los propios productores. Y el señalamiento hacia José Narro Céspedes intentó desplazar la discusión: del problema estructural del campo, a la sospecha sobre quienes lo denuncian.
Pero el conflicto no nació con la visita presidencial. Viene de antes. De programas de acopio que prometen ordenar el mercado y terminan capturados por grandes productores, intermediarios y redes que operan con la lógica de siempre: excluir a los pequeños y concentrar los beneficios.
Por eso importa lo que Narro Céspedes ha dicho, aunque incomode. Ha insistido en algo que debería ser básico y, sin embargo, sigue siendo excepcional: que el apoyo llegue directo a quien siembra, sin cuotas, sin “moches”, sin intermediarios que encarezcan el acceso y abaraten la cosecha. Igual que lo dice la presidenta Sheinbaum: los apoyos serán directos, a cada campesino sin intermediarios. El problema es que el más grande intermediario es el Gobierno del estado de Zacatecas y favorece empresas familiares y protectorados electorales, castigando a los campesinos a ras de tierra, así como a los que se han organizado en distintas agrupaciones.
No es una consigna nueva. Es una denuncia persistente.
El diputado, acompañado por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, no solo ha fijado postura sino que ha delineado una ruta y construido en colectivo un Plan para el Campo que contempla reducir los volúmenes de acopio por productor para que más campesinos accedan, eliminar cuotas por organización, auditar el programa de frijol y abrir la comercialización más allá de los mismos de siempre. Nombrar el problema también es una forma de disputarlo.
Y aun así, tuvo que deslindarse.
En un país donde la protesta campesina suele criminalizarse antes de comprenderse, José Narro Céspedes dejó claro que su movimiento no participó en los hechos recientes de violencia. Que su apuesta sigue siendo el diálogo. Que la exigencia no pasa por la confrontación, sino por desmontar un sistema que lleva años operando con impunidad. Que su motor es la lealtad al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación, pero que esa misma lealtad debería alertarle por las atrocidades que en su nombre se están cometiendo. La presidenta sabe quiénes son los hermanos Monreal, ha tenido un sinfín de desafíos por aquellos que no reconocen su autoridad y que incluso cuando ella ha dicho que no habrá nepotismo, el poder en Zacatecas evalúa competir por un partido distinto al de la presidenta con tal de ignorar sus peticiones.
En el caso de Zacatecas y el frijol, lo que está en juego es la impunidad, la supervivencia y la producción.
El frijol se paga barato porque no hay consecuencias para quienes manipulan el mercado. Porque los programas pueden fallar sin que nadie responda. Porque las irregularidades se administran, no se sancionan. Porque el campo, históricamente, ha sido el lugar donde la injusticia se normaliza.
Respaldar un proyecto de transformación —como lo ha hecho Narro Céspedes— también implica señalar cuando aquel se aleja de sus fines. Señalar que no basta con la intención si los mecanismos siguen reproduciendo desigualdad. Exigir que las políticas públicas no se queden en discurso mientras en las bodegas se decide quién gana y quién pierde.
En Zacatecas, el frijol dejó de ser solo alimento. Es termómetro. Ese termómetro indica que las cosas se ponen calientes. Si un problema político alcanza los bolsillos y las mesas del campo, la tranquilidad suele romperse por la inercia histórica. De Emiliano Zapata, Primo Tapia hasta Lázaro Cárdenas y Luis Cabrera, el campo ha sido motor de cambios por la inconformidad. El hecho es que el problema no son las organizaciones. Bien decía Antonio Gramsci: “Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza”. Las asociaciones son el pulso natural de las comunidades que justo, hacen comunidad. No son los intermediarios temidos, intermediarios son aquellos con capacidad de sentarse en la mesa patronal y comercial, los que negocian y acuerdan precios bajísimos. Los que se sientan, justamente, en donde no hay representantes populares.
Y hoy marca una fiebre que no se va a resolver con declaraciones ni con deslindes estratégicos. Se va a resolver cuando el Estado decida ,de verdad, de qué lado está: si del lado de quienes siembran o del lado de quienes han aprendido a lucrar con su trabajo.
Pues mientras eso no ocurra, el precio del frijol seguirá diciendo lo mismo, aunque nadie quiera escucharlo: que en el campo mexicano, la desigualdad no es accidente. Es decisión. Ni castigar o nombrar a un diputado será suficiente para que el campo que está indignado deje de quejarse, pues si algo han mostrado los campesinos es que antes de dejar de protestar por instrucciones de alguien, se deslindan de ese alguien y siguen protestando.