Cada vez que desde Washington se anuncia un arancel, la conversación pública en América Latina se convierte en examen de conciencia. Se discute si México cumplió en materia de seguridad, si Canadá fue arrogante en la mesa técnica, si el T-MEC resistirá la revisión. Canadá, de hecho, es el recientemente más afectado por la carga de 50% sobre productos de aquel país. La pregunta se formula siempre hacia adentro. Conviene invertirla. El origen del castigo no está en la conducta de los socios comerciales. Está en las cuentas públicas del país que castiga y su déficit comercial que amenaza la rentabilidad de financiar guerras.
La deuda nacional estadounidense ronda los 39.6 billones de dólares. Josh Lipsky, del Atlantic Council, advierte que el obstáculo para revertir los aranceles después de 2028 no será legal sino financiero, porque el mercado que coloca esa deuda ya depende del dinero que ingresa a diario por las aduanas. Ahí está la tesis que ordena el quid. El arancel abandonó su función comercial y se volvió fuente de recaudación estructural para EU. Un Estado que financia su servicio de deuda con las aduanas no puede detenerse. Tampoco quiere.
Los datos del intercambio desmienten la narrativa oficial. Desde la firma del T-MEC, el déficit comercial estadounidense con México se duplicó con creces, y aun así las negociaciones fueron fluidas y el vecino se declaró satisfecho. Laredo encabeza este año la lista nacional por valor en dólares. Por sus puentes cruzan computadoras, automóviles, tractores y equipos de refrigeración, y regresan autopartes, motores diésel, plásticos, cobre refinado y baterías. La interdependencia no es un discurso diplomático. Es infraestructura, empleo y presupuesto para las dos economías.
Aun así, la administración republicana prepara aranceles para decenas de países, respaldados por investigaciones de meses sobre supuestas prácticas desleales. Ningún tribunal ha anulado nunca esa figura. La sección 301 ofrece blindaje jurídico a una política diseñada para sobrevivir al mandato que la creó. Claudia Sheinbaum respondió con prudencia. México quedó fuera del esquema recíproco, la Secretaría de Economía ya expuso sus argumentos en audiencia y el jueves recibirá a Jamieson Greer en Palacio Nacional. La espera resulta razonable. También resulta insuficiente.
Desde el sur global la escena resulta conocida. Durante décadas la periferia financió las crisis fiscales del centro. Lo hizo con deuda externa, con programas de ajuste, con apertura forzada, con tasas de interés decididas en otras latitudes. La novedad está en el instrumento. Hoy el mecanismo se llama arancel y opera sobre cadenas productivas ya integradas. Quien paga el impuesto no es un exportador abstracto. Son las plantas en Ciudad Juárez, los transportistas en Nuevo Laredo, las familias que viven del ensamble automotriz.
El golpe del cincuenta por ciento contra Canadá cumple una función pedagógica. Ottawa recibe la sanción y Ciudad de México lee el mensaje. La lógica trilateral queda sustituida por un esquema de radios y centro, con dos negociaciones bilaterales separadas y una capital que arbitra. El tratado sobrevive en el papel. En los hechos opera como marco para concesiones sucesivas, siempre en la misma dirección. Ese desplazamiento debilita la única ventaja que Norteamérica ofrecía a sus socios pequeños, la de un piso normativo común frente a la discrecionalidad política.
Ferrajoli llamó poder salvaje al que se ejerce sin límites jurídicos efectivos, las fuerzas fácticas descontroladas como animales feroces e insaciables. La política arancelaria estadounidense encaja en esa descripción. Se apoya en facultades de emergencia, elude el escrutinio judicial y traslada a terceros el costo de un desequilibrio interno. La legalidad formal permanece intacta. Sin embargo, la legitimidad, no.
La conclusión hace ruido porque desplaza el foco. México puede detener cada tonelada de fentanilo y Canadá puede ceder en lácteos y en madera, y los aranceles permanecerán, porque su función no consiste en corregir conductas ajenas sino en sostener un presupuesto propio. Un país que financia su gasto militar con las aduanas ajenas necesita socios permanentemente culpables.