“La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la mayoría que puede ser depuesta sin derramamiento de sangre”.
Karl Popper
“El poder no se vuelve autoritario cuando deja de celebrar elecciones. Se vuelve autoritario cuando empieza a temerlas”.
Reflexión propia
Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones.
No es una metáfora. No es una amenaza. No es una interpretación de sus adversarios. Lo dijo él mismo: no habrá más elecciones para evitar que la oposición pueda “atrapar el gobierno” o “atrapar el poder”. Nótese: Lo dice la cabeza de un régimen que lleva casi dos décadas gobernando Nicaragua…
Este ha decidido que ya no quiere correr el riesgo de que los ciudadanos puedan cambiarlo.
La reacción internacional no tardó. La de México, en cambio, sí.
Hasta este momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha dicho ni una sola palabra al respecto. Ni condena, ni posicionamiento, ni siquiera ha emitido una nota diplomática conocida.
En Palacio Nacional, el silencio puede significar muchas cosas: diplomacia, prudencia, cálculo, indiferencia. O, sencillamente, complicidad ideológica.
Pero cuando un gobierno anuncia que va a impedir que sus ciudadanos puedan cambiarlo mediante el voto, el silencio —aun invocando la no intervención y la autodeterminación de los pueblos— deja de parecer una posición neutral. Claro que no.
Ortega acaba de fulminar la última apariencia democrática de su régimen: las elecciones. La oposición lleva años perseguida, encarcelada o exiliada, y la competencia electoral ha sido vaciada de contenido. Ahora el autócrata sandinista, simple y sencillamente, decidió dejar de fingir.
El mensaje es brutal por su sencillez: si existe la posibilidad de perder el poder, se elimina la posibilidad de elegir.
Y aquí aparece la inferencia incómoda para México.
Ortega tampoco llegó al poder anunciando que algún día eliminaría las elecciones. Llegó mediante ellas. Después, paso a paso, fue desmontando las condiciones que podían permitir que alguien lo reemplazara: debilitó contrapesos, modificó instituciones, acorraló a la oposición y convirtió al adversario político en enemigo de la patria.
¿Nos resulta completamente desconocido ese proceso?
México no es Nicaragua. Todavía hay elecciones, oposición y competencia política —aunque sobre todo esto habría mucho que discutir—. Pero sería ingenuo sostener que la concentración de poder no existe en nuestro país simplemente porque todavía se vota.
La 4T ha impulsado una profunda reconfiguración institucional: reformó el poder judicial, desapareció organismos autónomos y ha transformado instituciones que durante décadas funcionaron como contrapesos al poder presidencial.
Se podrá discutir si esas instituciones necesitaban reformas. Lo que no debería discutirse es que una democracia necesita contrapesos.
La verdadera pregunta no es si Claudia Sheinbaum quiere hacer en México lo que Ortega acaba de hacer en Nicaragua. No tenemos elementos para afirmarlo.
La interrogante, en este momento, es otra:
¿Qué garantiza que un gobierno que ha acumulado tantísimo poder no termine considerando que las elecciones, los contrapesos y la oposición son obstáculos que deben ser controlados?
Ya lo he dicho en otras de mis contribuciones: las democracias no suelen morir de un día para otro. Primero se desacredita a quienes vigilan al poder. Después se les debilita. Se modifican las reglas. Se acorrala a la oposición. Se concentra la autoridad.
Ortega solamente nos acaba de mostrar el final del camino: una tiranía sin maquillaje ni tapujos.
¿Queremos esperar a estar ahí para comenzar a preocuparnos?
Por eso resulta tan notable el silencio de Palacio. Y cada vez más incómodo…
La respuesta, si llega, probablemente apelará a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Es la vieja tarabilla diplomática que la 4T suele sacar del cajón cuando el régimen cuestionado es ideológicamente cercano.
Pero esa doctrina, para ser defendible, tendría que ser universal.
Si la soberanía impide condenar a Ortega, debería impedir también que México opine sobre gobiernos de signo contrario. Y si la no intervención significa guardar silencio ante la desaparición de las elecciones, habría que preguntarse qué entiende entonces el gobierno mexicano por democracia. Lo digo absolutamente en serio.
La democracia no puede ser de izquierda o de derecha. No puede ser un instrumento que sirve cuando se está en la oposición, cuando se lucha por llegar al poder y cuando se busca desplazar a quienes gobiernan, pero deja de serlo cuando llega el momento de ejercer ese poder.
O se defiende siempre —no solamente entre 1989 y 2018— o no se defiende.
Porque, al final, hay una pregunta que no necesita respuesta oficial para ser incómoda: más allá de la muletilla “el pueblo pone; el pueblo quita”, ¿qué piensa realmente el gobierno mexicano del derecho de un pueblo a echar a sus gobernantes?
No solamente de elegirlos.
De echarlos.
Esa es la esencia última de cualquier democracia: que el poder tenga fecha de caducidad; que quien hoy gana pueda mañana perder.
Morena llegó al poder gracias a que los mexicanos pudieron echar a quienes estaban antes. La democracia que permitió su llegada es exactamente la misma que debe permitir, algún día, su salida.
Y si el silencio de Palacio ante Ortega es una señal de algo, convendría saber de qué.
Porque Ortega ya no teme perder el poder.
Lo que falta por saber es quién, en América Latina, teme todavía que el pueblo pueda quitárselo.