En un mundo que clama por igualdad y justicia, cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda que aún hay caminos por recorrer.
Precisamente ese día en Puebla, una historia nos confrontó con esa realidad de manera contundente. Una niña indígena de 11 años, acompañada por su familia, recorrió más de cuatro horas desde Atla, Pahuatlán, hasta Huachinango para denunciar una violación y buscar justicia. Sin embargo, lo que encontró fue un muro invisible que impide que muchas comunidades indígenas accedan a sus derechos: la falta de traductores certificados en náhuatl. La realidad de esa familia refleja una brecha que no podemos seguir ignorando.
El pasado martes, desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres lanzó la campaña “Es tiempo de mujeres sin violencia”, un esfuerzo dirigido a fortalecer la denuncia de este delito y transformar la cultura de impunidad que lo acompaña.
El lanzamiento de la campaña va de la mano de cambios legales fundamentales: la violencia sexual será tipificada como un delito grave a nivel nacional, se perseguirá de oficio (sin necesidad de que la víctima interponga la querella) y tendrá una pena de tres a siete años de prisión. Estos ajustes buscan eliminar barreras que han impedido que muchas mujeres denuncien, pero en el caso de la pequeña poblana nos ilustra cómo la violencia estructural —en este caso, la falta de traductores certificados en lenguas indígenas— se suma a la vulnerabilidad de mujeres y niñas indígenas al intentar acceder a la justicia.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 70% de las mujeres de 15 años y más en México sufrieron algún tipo de violencia en su vida, y el 49.7% experimentó violencia sexual. Estos números revelan que la violencia no es un problema aislado, sino una realidad sistemática que afecta a millones de personas.
El caso que expongo en estas líneas nos mostró, como en otras ocasiones, el poder de la solidaridad, la fuerza de la comunidad y la capacidad de movilización cuando estamos unidos por una causa justa. Gracias a la intervención de colectivos y defensoras, la víctima y su familia tuvieron acompañamiento legal, médico y psicológico y fueron trasladados al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán. Además, la Asociación Civil Especializada en Lengua Náhuatl se solidarizó y aportó una traductora.
El periplo duró dos días, pero se levantó la denuncia y fue detenido el agresor, de nombre Eduardo y tío de la menor.
No podemos decir que fue un final feliz, pero sí un final justo.
Este episodio nos invita a reflexionar: ¿hasta cuándo tendremos que depender de la presión social para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas? La verdadera igualdad requiere acciones concretas y comprometidas. Es momento de que todos, desde los gobiernos hasta la sociedad civil, trabajemos para eliminar las barreras lingüísticas, culturales y estructurales que impiden el acceso a la justicia.