La presidenta y el régimen político se han anotado dos victorias con probables altos rendimientos electorales: Jalisco y Chihuahua. Para quienes juzgan se les hace fácil condenar a los mandatarios por no resistir la embestida del centro de clara motivación política, como si un gobernador pudiera enfrentar al gobierno federal. El último caso exitoso fue el de Venustiano Carranza y su Plan de Guadalupe, disputa por el poder que se resolvería en la arena de las armas.
Lo menos por reconocer es que los gobernadores tienen muy poco espacio para contener una acción punitiva desde el centro. Los exgobernadores panistas y uno que otro priista podrán documentar algo en sus diferencias con el presidente en turno. Sólo el Congreso puede hacerlo desde que la oposición ganó mayoría hace casi treinta años, situación de gobierno dividido que se canceló con el triunfo de López Obrador en 2018.
La presidenta se regocija con su ataque a los gobernadores opositores, van tres, Chihuahua y Querétaro del PAN y Jalisco de MC. En el caso de los panistas se sobrepone la tesis de la defensa de la soberanía nacional, a manera de dejar, como dice la presidenta, que cada uno llegue a sus propias conclusiones quién es traidor a la patria (a partir de información sesgada). En Chihuahua, sí puede mover las preferencias por la imposibilidad de resistir y colaborar desde el Estado en la detención y acusación del exfiscal César Jáuregui. No se sabe qué movió a la gobernadora a una decisión en tal sentido, tampoco los resultados de las investigaciones a cargo de la fiscalía local. Situación distinta a lo que sucede con la FGR, la motivación presidencial es política y de corte electoral, la intervención de la fiscal Godoy lo confirma. Justicia penal politizada, a modo de las necesidades del régimen político.
En Querétaro, la presidenta se mostró desinformada y su ataque visceral se le revirtió. En Jalisco, ante el pésimo manejo del gobernador Lemus de la protesta social de hace días la mostró con un lamentable oportunismo, no por estética, sino porque debilitar a las autoridades en el manejo de escenarios altamente conflictivos es jugar con fuego. La presidenta lo padeció con la CNTE, acordando condiciones altamente gravosas para las finanzas y la política educativa en la víspera del Mundial de futbol.
Presidenta, gobernadores, legisladores y partidos debieran considerar el deterioro institucional para la conducción y respuesta a la protesta social. Impredecible el futuro cercano porque las autoridades han perdido sentido de atención y capacidad de respuesta a las demandas de los agraviados. Además, los problemas que se presentan en muchos ámbitos críticos como el campo, el mantenimiento de infraestructura, la persistencia de la violencia y del delito, la crisis del sector salud y del educativo, tienen que ver con la redefinición del gasto público del obradorismo y su efecto en el desequilibrio fiscal a una situación sumamente complicada por el deterioro de la calificación crediticia de la deuda soberana, asunto que reduce los márgenes de lo posible, y expone al país a una situación extremadamente crítica.
Grave error de la presidenta jugar al deterioro de quien enfrenta los problemas. Puede darle rendimientos marginales, incluso que Chihuahua se pinte de guinda y que en el occidente del país el deterioro de MC beneficie a los suyos en las elecciones venideras. Sin embargo, no necesariamente significa que pueda ganar la mayoría calificada en la Cámara; se hace presente algo más sustantivo y a la vista de quien quiera verlo: ¿para qué le sirven al régimen gobernadores coludidos con los criminales, si no es que con acuerdos subrepticios con las agencias norteamericanas por los pecados cometidos? La supuesta soberanía se torna broma de mal gusto.
El gobierno no depara en qué significa que el país perdiera la red de protección para situaciones graves de enfrentamiento social y para la conducción de una crisis mayor por el deterioro de las instituciones, reglas y hábitos previos al arribo del obradorismo. La misma institucionalidad electoral se ha degradado en extremo; impensable que quien presidiera el INE comprometiera no sólo la integridad patrimonial de la institución, sino los fundamentos que le dan credibilidad; corrupción y parcialidad, el cáncer en el órgano insignia de democracia. La disputa por el voto transita a condiciones que llevan a opositores y ciudadanos a la desconfianza y al colapso de un marco institucional de lucha civilizada por el poder.