En las calles se mide la verdadera temperatura de las democracias. De Francia a España, de Italia a Portugal, las protestas expresan el malestar de ciudadanos golpeados por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. Mientras, en Estados Unidos, la confrontación política y las movilizaciones contra las decisiones del gobierno exhiben a una sociedad profundamente dividida.
México no se queda al margen de esta corriente de inconformidad. Las protestas que se multiplican plantean una interrogante que el gobierno no puede seguir esquivando: ¿cuánto descontento necesita acumular una sociedad para que sus autoridades dejen de justificarse y comiencen a gobernar?
Promesas que chocan con la realidad
El denominador común de las manifestaciones es la pérdida de confianza en gobiernos que prometieron representar al pueblo y transformar la vida pública, pero que en la realidad ni siquiera responden a demandas concretas.
El populismo llegó al poder ofreciendo soluciones sencillas a problemas complejos, dividiendo a la sociedad entre el pueblo y sus adversarios, y presentando al líder como intérprete exclusivo de la voluntad popular. Sin embargo, frente a la realidad, la propaganda pierde eficacia y la polarización termina por volverse contra quienes la utilizaron para llegar al poder.
México es un ejemplo. El movimiento que llegó al gobierno con la bandera de la justicia social enfrenta protestas por inseguridad, deficiencias en los servicios de salud, conflictos laborales, problemas educativos, agua y exigencias de justicia. Las madres buscadoras reclaman respuestas y los trabajadores salen a las calles para exigir soluciones.
Ante estas demandas, las respuestas importan tanto como el problema. Para recuperar la confianza, la autoridad debe escuchar, investigar y corregir, pero cuando minimiza quejas, descalifica a inconformes o atribuye movilizaciones legítimas a intereses partidistas, agrava el conflicto y la protesta no pierde validez, por el contrario, pone en entredicho la capacidad del gobierno para solucionar y rendir cuentas.
Sheinbaum corre el riesgo de responder con la misma lógica de confrontación que le heredó AMLO: dividir a ciudadanos entre leales y adversarios, presentar las críticas como ataques al proyecto y defender a cualquiera afín de su gobierno antes que reconocer sus errores.
El costo de ignorar las calles
La lección internacional es que ningún gobierno puede sostener indefinidamente su legitimidad mediante propaganda, movilizaciones de simpatizantes o acusando enemigos.
La contundencia del triunfo electoral, no exime de ofrecer seguridad, servicios públicos, oportunidades económicas y justicia, y la gobernabilidad exige instituciones que resuelvan conflictos, así como autoridades dispuestas a corregir decisiones.
La historia lo muestra, las revoluciones europeas de 1848 surgieron en medio de crisis económicas, demandas de representación y estructuras políticas incapaces de responder a una sociedad cambiante y, aunque muchas fueron derrotadas en el corto plazo, transformaron el panorama político del continente.
En Rusia, las tensiones sociales, hambre, represión y el desgaste de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la revolución de 1917. En Alemania, la crisis económica, la fragilidad institucional y la polarización facilitaron el ascenso del nazismo. Hitler llegó al poder en 1933 y desmanteló la democracia.
Si bien, estos procesos no son equivalentes a los actuales, sí advierten que la acumulación de agravios, la pérdida de legitimidad y el debilitamiento de las instituciones pueden abrir espacios a salidas autoritarias y conflictos de consecuencias devastadoras.
México y el espejo internacional
México necesita algo más que discursos. La presidenta y los gobiernos de Morena deben establecer compromisos, explicar cómo atenderán las demandas ciudadanas y aceptar responsabilidad en las fallas administrativas. Rendir cuentas no es repetir que el país vive una transformación, sino ofrecer resultados.
Los ciudadanos salen a las calles no siempre para derribar gobiernos, pero sí para expresar que sus explicaciones dejaron de convencer. Gobernar no es administrar la popularidad heredada de un movimiento ni protegerlo de toda crítica. Significa responder con y por los resultados y garantizar que las instituciones funcionen para todos.
Ninguna nación es inmune al estallido social. Europa lo ha vivido, América Latina lo padece y Estados Unidos experimenta sus propias fracturas.
La historia no dicta el desenlace, pero ofrece una advertencia: vernos en espejos donde la ciudadanía paga el privilegio de los gobernantes autoritarios y déspotas.
X: @diaz_manuel