Hay momentos en la vida pública de un país en los que un conflicto aparentemente local permite observar algo mucho más profundo sobre la naturaleza del poder. No porque el hecho en sí sea extraordinario, sino porque revela una lógica. Una forma de gobernar. Una manera de entender la ley.
La intervención del proyecto de eficiencia energética en el municipio del puerto de Veracruz, ordenada por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, pertenece a esa categoría. A primera vista parecería un diferendo administrativo más entre un ayuntamiento y una empresa concesionaria. Pero basta observar con cuidado la secuencia de los hechos para advertir que el problema no es únicamente el contrato ni las luminarias. El problema es la relación cada vez más relajada que el poder político mantiene con la legalidad.
Desde hace algunos años, el país vive una curiosa inversión del orden institucional. Durante décadas aprendimos que las decisiones del Estado debían sustentarse en procedimientos jurídicos claros. Primero la ley, después la decisión política. Hoy parece ocurrir lo contrario. Primero se construye la narrativa. Después se toma la decisión. Y al final, si es necesario, se buscan los argumentos jurídicos que la justifiquen.
La política mexicana siempre ha entendido el valor de la narrativa. Los gobiernos moldean percepciones, construyen legitimidad y buscan convencer a la opinión pública de que sus decisiones responden al interés colectivo. Pero existe una línea sutil entre explicar una decisión y preparar el terreno para imponerla.
Cuando primero se desacredita públicamente un proyecto, después se interviene y finalmente se reconfigura su control o sus beneficios, el proceso deja de parecer jurídico y comienza a parecer político.
Ese patrón se ha vuelto inquietantemente familiar.
En buena medida porque la narrativa se convirtió en el instrumento central de poder del lópezobradorismo. Durante el sexenio pasado el régimen no solo gobernó con decisiones administrativas o con reformas legales. Gobernó, sobre todo, a través de una plataforma narrativa. Una mitocracia.
La mitocracia fue, en muchos sentidos, la verdadera forma de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. En ese esquema la narrativa no era un complemento del poder. Era el poder mismo.
Por eso no sorprende que los conflictos públicos comiencen primero en el terreno del relato. Primero se construye el villano. Después se legitima la intervención. Finalmente, se reorganizan los intereses.
Cuando esa secuencia aparece con demasiada frecuencia deja de parecer coincidencia. Empieza a parecer sistema.
El problema adquiere mayor gravedad cuando se trata de proyectos estructurados bajo esquemas de Asociación Público Privada. No estamos hablando de un contrato ordinario de obra pública. Se trata de arquitecturas financieras complejas que descansan sobre flujos de participaciones federales, estructuras fiduciarias y compromisos con terceros.
Intervenir un arreglo de esa naturaleza sin una resolución judicial firme no es un simple acto administrativo. Es una señal. Y las señales, en política económica, siempre terminan teniendo consecuencias.
No necesariamente inmediatas. Pero siempre.
En el entorno local se han mencionado nombres propios, entre ellos el de Mario Alberto Álvarez López. Pero más allá de las personas lo que importa es la lógica. Porque cuando las decisiones comienzan a seguir un mismo guion, incluso si cada caso intenta justificarse por separado, el mercado deja de ver episodios aislados y empieza a ver método.
Primero la descalificación pública. Después la intervención política. Finalmente la reorganización de intereses.
El problema es que este episodio ocurre en el contexto político de la llamada Cuarta Transformación, un movimiento que prometió regeneración moral de la vida pública y terminó normalizando algo que ya comienza a ser una constante: la impunidad insultante.
La corrupción dejó de ser corrupción cuando ocurre dentro del movimiento correcto. El abuso de poder dejó de ser abuso cuando lo ejerce quien se considera moralmente superior. Y la ley comenzó a interpretarse como un obstáculo técnico cuando estorba a los objetivos políticos.
Es la lógica del poder antes que la institución.
Resulta particularmente preocupante cuando este tipo de decisiones provienen de autoridades con aspiraciones políticas.
Conviene recordar que fue en este mismo estado donde la cobardía política de los Yunes terminó facilitando la reforma al Poder Judicial. Fue el encuentro entre el factor corruptor y el corrompible.
Así se doblan las instituciones. Así se normalizan las aberraciones.
Lo delicado del caso es que ocurre en un estado que intenta reconstruir confianza. La administración de Rocío Nahle ha buscado proyectar a Veracruz como una entidad más estable.
Los inversionistas no reaccionan a discursos. Reaccionan a precedentes.
Cuando perciben que los contratos pueden alterarse dependiendo del clima político, el efecto termina trasladándose al costo del capital.
Pero el daño más profundo ocurre en otro nivel.
Se erosiona la noción práctica de propiedad privada.
México compite en el mundo por muchas cosas. Pero sobre todo compite por confianza.
Y la confianza no se construye en discursos. Se construye en decisiones.
El episodio de la eficiencia energética en el puerto de Veracruz es una de esas decisiones que terminan revelando más de lo que aparentan.
Si la ley prevalece, será una señal de que las instituciones todavía conservan reflejos.
Si no, quedará como otro precedente.
Así comienzan las costumbres políticas.
Primero como excepción.
Después como método.
Y finalmente como sistema.
Y cuando eso ocurre, la oscuridad deja de ser un problema de alumbrado público.
Se convierte en el paisaje habitual del poder.