México y Estados Unidos son vecinos. Eso no va a cambiar. Compartimos frontera, comercio, cadenas productivas, familias enteras. Y compartimos —con justicia— una realidad migrante heroica: millones de mexicanas y mexicanos que allá trabajan, sostienen a los suyos, envían remesas, invierten, levantan casa, abren un local y regresan —cuando pueden— con algo construido. Esa relación es profunda y merece respeto.
Justo por eso hay que decirlo claro: cooperación no es subordinación. Vecindad no es tutela.
Lo digo porque, en días recientes, el Senado suspendió la reunión extraordinaria de comisiones donde se revisarían permisos vinculados a ejercicios de capacitación: por un lado, la salida de elementos de la Armada de México a entrenamiento en Camp Shelby, Mississippi; por otro, la autorización para el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses para actividades de adiestramiento en sedes del Edomex y Campeche.
Hasta ahí, todo podría entrar en la normalidad institucional: un Congreso que reprograma, un ejecutivo que aclara, y un país que debe debatir con seriedad cómo se regula cualquier presencia militar extranjera, por limitada que sea. Eso no es paranoia: es soberanía aplicada.
El problema vino después, en el terreno político: porque una cosa es cuestionar con seriedad la presencia de personal militar extranjero —y eso se debe hacer—, y otra muy distinta es usar el tema como arma de golpeteo. En estos días vimos más ganas de desgastar a la presidenta que de discutir límites, controles y rendición de cuentas.
Y ese es el punto fino: la crítica democrática fortalece; la deslegitimación irresponsable debilita. Hay discursos que, por cálculo u oportunismo, alimentan una narrativa peligrosísima: la idea de que México no puede gobernarse y que “desde afuera” habría que venir a “enderezarlo”.
Ayer, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum volvió a fijar una línea que debería ser consenso nacional: “coordinación sin subordinación”, y dejó claro que rechazó la oferta de “más participación” militar de Estados Unidos porque “no es necesario”, por soberanía e integridad territorial.
Aquí no se trata de callar a la oposición. México necesita contrapesos, discusión dura, fiscalización. Lo que no necesita es que algunas figuras confundan oposición con debilitamiento del Estado, y que —directa o indirectamente— coqueteen con salidas que abren la puerta a tutelas externas. Eso, históricamente, es el reflejo más viejo del conservadurismo: cuando no hay proyecto, se apuesta por el ruido; cuando no hay pueblo, se apuesta por la intriga; cuando no alcanza la política, se busca el atajo.
Y México ya vio ese libreto: los herederos políticos de quienes, incapaces de aceptar el rumbo del país, fueron a tocar la puerta del imperio francés de Napoleón III para traer un emperador. Pedir tutela extranjera nunca ha sido modernidad: siempre ha sido renuncia.
Por eso el debate de fondo no es “si se pospuso una sesión” o “si se reprograma un dictamen”. El debate es qué tipo de oposición queremos en un momento de presiones externas: una que compita con propuestas dentro de la República, o una que alimente el relato de “Estado fallido” como si fuera conversación de sobremesa… Y luego finja sorpresa cuando desde afuera usan esa frase para presionarnos.
La presidenta, guste o no, está haciendo lo correcto en el principio: diálogo y cooperación, sí; subordinación, no. Y ahí debería estar la línea mínima de responsabilidad: criticar con datos y propuestas; exigir transparencia y controles; denunciar con sustento. Pero no jugar con fuego.
En pocas palabras: crítica sí; debilitamiento del país, no. Vecinos, sí. Cooperación, sí. Respeto mutuo, sí. Tutelaje, nunca.