La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral pone de manifiesto la importancia de preservar y fortalecer uno de los principios fundamentales de los órganos electorales: la colegialidad en la toma de sus decisiones. Que forma parte de su ADN desde que surgieron en los años noventa. Me tocó fundar al Instituto Electoral de Tamaulipas en 1995 y ser parte del Consejo Local del IFE en los comicios federales de 1997, 2000 y 2003.
Se que los Consejos Generales de los institutos, no deben ser espacios para ejercer el poder de manera unipersonal. Al contrario, son órganos de deliberación, discusión y decisión colectiva, en donde la pluralidad de voces, la confrontación de argumentos y la construcción de acuerdos garantizan la autonomía, la imparcialidad y la legitimidad de sus decisiones. En este sentido, la colegialidad tiene cinco dimensiones fundamentales.
Distribución del poder. Impide que las decisiones institucionales dependan exclusivamente de la voluntad de quien preside el Consejo General. La autoridad debe ejercerse de manera compartida, conforme a las atribuciones y responsabilidades de cada integrante. No hacerlo es contra natura.
Pluralidad y deliberación. Permite que distintas perspectivas jurídicas, técnicas e institucionales sean escuchadas y consideradas antes de adoptar una resolución. El desacuerdo no representa una debilidad; es parte natural de una democracia deliberativa.
Legitimidad de las decisiones. Una determinación discutida, argumentada y votada por un órgano colegiado cuenta con una base institucional distinta a una decisión unilateral. Su legitimidad no depende de que todos estén de acuerdo, sino de que se haya respetado el procedimiento y se hayan considerado las distintas posiciones.
Autonomía institucional. La colegialidad contribuye a evitar la subordinación del órgano electoral a intereses personales, políticos o coyunturales. La autonomía no se limita a la relación del INE con otros poderes públicos; también requiere equilibrios y controles en su funcionamiento interno.
Responsabilidad compartida. Las decisiones deben ser producto del ejercicio de las atribuciones de quienes integran el Consejo General. Esto fortalece la rendición de cuentas y evita que los errores, omisiones o aciertos institucionales se atribuyan exclusivamente a una sola figura.
La crisis que vive el INE permite observar las consecuencias negativas que tiene el debilitamiento de la colegialidad. A Guadalupe Taddei le obsequiaron una reforma que concentró el poder en la presidencia y perdió piso. Abraham Lincoln y Pitaco de Mitilene tenían razón: si quieres conocer a una persona dale poder. A la Dra. Jekyll le afloró su nefasta Miss Hyde.
Urge devolverle al INE la colegialidad. Dar marcha atrás a la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propuesta por el senador nayarita, Miguel Pavel Jarero Velázquez, es el primer paso. El segundo es elevar la colegialidad a rango constitucional, para dificultar que se confeccionen reformas a contentillo.
Ya las Gacetas Parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la Unión han publicado sendas iniciativas en este sentido. En la de Diputados están las del priista Emilio Suárez Licona. También la de José Elías Lixa Abimerhi del PAN. De Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Laura Irais Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano. Del PT ya lo hizo Lily Aguilar Gil.
Mientras que en el Senado la panista Lilly Téllez suscribió la suya. También la bancada del PAN presentó otra iniciativa. La bancada del PRI no se quedó atrás y presentó otra. Javier Corral Jurado, Susana Harp Iturribarría y Amalia García Medina firmaron al alimón otra. Luis Donaldo Colosio Riojas, Daniel Barreda Pavón, Néstor Camarillo Medina y Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, promovieron otro proyecto.
Todas son iniciativas para reformar la LGIPE. Ninguna a la Constitución Política de México. Se debate si es o no una modificación legal fundamental para aprobarla, conforme al artículo 105 constitucional. Por cierto, brilla por ausente la bancada promotora de la concentración del poder. En lugar de esconder la cabeza como el avestruz, dejando todo el cuerpo al descubierto, Morena debe presentar su iniciativa como un acto de contrición, aceptando que se equivocó al dañar el ADN del arbitraje electoral.
Por supuesto, Taddei y compañía deben pagar los destrozos causados al INE y para evitar su repetición la exigencia es cero impunidad.