La Cámara de Diputados entra esta semana en uno de los momentos legislativos más relevantes para la vida cotidiana. En pocos días, el Pleno puede modificar reglas que alcanzan el uso de internet, los pagos electrónicos, la propiedad inmobiliaria, las aduanas, la protección de la propiedad intelectual y el bienestar animal. Son asuntos de materias distintas, con impactos muy concretos y con una característica común: todos dicen algo sobre la manera en que el Estado mexicano entiende la innovación, la información, la propiedad y las libertades en una sociedad que ya funciona bajo condiciones tecnológicas muy diferentes a las de hace una década.
La propia Junta de Coordinación Política ha colocado cuatro dictámenes como prioritarios para la discusión y, en su caso, aprobación del Pleno: la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, las reformas a la Ley Aduanera, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos con lo que se espera disminuir el uso de efectivo y las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor sobre responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet. La intención es desahogar buena parte del trabajo entre martes y miércoles, con posibilidad de extender las sesiones al jueves.
A ese núcleo se suman otros asuntos que elevan la relevancia política de la semana. El Senado remitió a San Lázaro la reforma en materia de propiedad industrial y Código Penal que incorpora un nuevo tipo relacionado con el uso de identidad gráfica gubernamental para impedir réplicas digitales no autorizadas, que ha sido llamada como la “ley anti memes” pero en realidad se trata de una ley anti fraudes digitales, además de una Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La primera ha provocado una discusión frontal sobre los límites entre combatir el fraude digital y proteger la libertad de expresión. La segunda plantea construir un piso nacional para la protección animal y reconocer jurídicamente a los animales como seres sintientes.
La agenda legislativa de esta semana merece atención precisamente porque las palabras aparentemente técnicas pueden terminar definiendo derechos muy concretos.
La reforma al derecho de autor propone una responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet. El proyecto establece, entre otras cosas, que los proveedores deberán contar con políticas para terminar el servicio a usuarios reincidentes y que podrán asumir responsabilidad por infracciones cuando incumplan determinadas obligaciones relacionadas con daños a los titulares de derechos. El IMPI tendría facultades para aplicar sanciones y multas por la inobservancia de esas disposiciones.
La discusión legislativa no puede reducirse a la protección legítima de los creadores cuando hay derechos de terceros que se transgreden. La cuestión relevante es quién decide que un contenido infringe un derecho, bajo qué procedimiento, con qué garantías y qué ocurre cuando una empresa privada tiene incentivos para retirar material antes de enfrentar una controversia jurídica. El diseño de esas obligaciones puede modificar de manera significativa la relación entre plataformas, usuarios, creadores y titulares de derechos.
México ya conoce el problema. La reforma de 2020 al derecho de autor incorporó reglas específicas para proveedores de servicios de internet y tuvo que ajustar su redacción para armonizarla con los compromisos del T-MEC. La nueva discusión llega en un entorno mucho más complejo, marcado por plataformas digitales, inteligencia artificial, contenidos sintéticos y una velocidad de circulación que hace difícil distinguir entre una infracción manifiesta y una controversia que requiere intervención judicial.
El segundo gran frente es la propiedad industrial. El Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que eleva sanciones por distintas conductas relacionadas con propiedad intelectual y contempla penas de uno a cinco años para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno con intención de cometer un ilícito.
El Gobierno sostiene que la medida está dirigida contra fraudes cometidos mediante la suplantación de identidades oficiales, incluidos esquemas que utilizan herramientas de inteligencia artificial. La oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que algunos conceptos pueden resultar suficientemente amplios para generar efectos inhibidores sobre la sátira, la parodia y la crítica política.
La Cámara tiene una responsabilidad especialmente delicada frente a ese debate. Proteger a una persona que recibe un mensaje falso con el logotipo de una dependencia pública y termina depositando dinero en una cuenta fraudulenta es una finalidad perfectamente legítima. Criminalizar la utilización de elementos oficiales para consumar un fraude puede tener sentido. El problema legislativo está en la frontera de la interpretación donde un funcionario decide qué significa exactamente utilizar una identidad gráfica “a escala comercial”, qué debe probarse para acreditar la intención ilícita y qué salvaguardas impedirán que una norma penal termine utilizándose contra expresiones políticas.
Una democracia madura no debería necesitar que sus legisladores expliquen después de aprobar una ley que los memes estaban a salvo. Esa protección debe estar escrita con suficiente claridad desde el principio.
La Ley de Economía Digital lleva la discusión a otro terreno. El proyecto presidencial pretende cerrar la brecha entre la infraestructura de pagos existente y su utilización efectiva. Plantea promover los medios de pago electrónicos y digitales, obligar a autoridades y proveedores a habilitar infraestructura para recibirlos y permitir que Hacienda determine sectores o actividades en los que se privilegie su utilización. Ante una contingencia que impida recibir pagos digitales, se contempla conservar la posibilidad de pagar en efectivo o mediante cheque.
La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen el 1 de octubre y lo remitió al Pleno.
El argumento tecnológico resulta difícil de discutir: México tiene SPEI, CoDi, aplicaciones bancarias y una infraestructura financiera que permite operaciones instantáneas. El problema está en que infraestructura disponible y acceso efectivo no significan lo mismo. Durante el análisis legislativo se advirtió sobre los riesgos de exclusión para personas sin cuenta bancaria, adultos mayores, comunidades rurales e indígenas y quienes carecen de un teléfono inteligente. De hecho, hace un tiempo escribí en este espacio que utilizar dinero en efectivo es un derecho fundamental.
La innovación legislativa tendría que medir ese costo. Obligar a digitalizar los pagos puede reducir espacios de informalidad, facilitar la trazabilidad y ampliar la inclusión financiera. También puede convertir la falta de conectividad, de una cuenta bancaria o de un dispositivo funcional en una barrera para comprar, vender o realizar un trámite. El reto consiste en construir una transición que amplíe capacidades en lugar de convertirlas en requisitos de acceso.
El proyecto catastral parece menos polémico y puede tener consecuencias profundas. La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral propone homologar, modernizar e interoperar la información de catastros y registros públicos de la propiedad. Incluye una Clave Única Catastral, una Cédula Única Catastral y Registral, un Plan Nacional Catastral y una Plataforma Nacional Catastral para conectar información entre Federación, estados y municipios.
Detrás de esa arquitectura administrativa está uno de los problemas históricos de México ya que la información sobre un mismo inmueble puede encontrarse fragmentada entre distintas oficinas y sistemas. Mejorar la interoperabilidad puede elevar la seguridad patrimonial, facilitar la planeación urbana y reducir espacios para operaciones irregulares. También concentra una enorme cantidad de información sensible sobre patrimonio, ubicación y situación jurídica de los inmuebles. La modernización registral tendrá que caminar acompañada de reglas estrictas de acceso, seguridad y responsabilidad institucional.
La Ley Aduanera completa el paquete prioritario anunciado por la Jucopo. La reforma pretende fortalecer las capacidades de las autoridades frente a prácticas de evasión y subvaluación, en un momento en que la fiscalización del comercio exterior se ha convertido en una pieza central de la estrategia contra el llamado huachicol fiscal. La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen y, entre otros cambios, avaló una reserva para elevar las multas relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.
En materia aduanera, mayores facultades de vigilancia pueden ser necesarias. La discusión seria está en la proporcionalidad respecto de qué información podrá exigir la autoridad, cómo se acreditará una infracción, qué margen tendrá el importador para defenderse y cómo se evitará que la mayor capacidad de inspección se convierta en incertidumbre para el comercio legítimo.
Hay además dos asuntos que amplían la conversación sobre esta semana legislativa en cuanto a inversión extranjera y bienestar animal. La inversión merece seguimiento porque existen propuestas para fortalecer los mecanismos de coordinación y seguimiento de proyectos productivos y para articularlos con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Una de esas iniciativas, presentada en junio, permanece pendiente en comisión. No debe confundirse, por tanto, con los cuatro dictámenes que la Jucopo ha señalado formalmente como prioritarios para esta semana.
El bienestar animal tiene un recorrido distinto. El Senado aprobó el 29 de septiembre la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y la remitió a la Cámara de Diputados. El dictamen reconoce a los animales como seres sintientes y establece bases nacionales para su bienestar, cuidado y protección, además de distribuir responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.
La dimensión política de esta reforma ha crecido porque obliga a discutir algo más difícil que una sanción específica y aborda qué responsabilidades asume el Estado cuando reconoce jurídicamente la capacidad de los animales para experimentar dolor, miedo, estrés y otras formas de afectación. La legislación federal tendrá que traducir ese reconocimiento en protocolos, presupuesto, autoridades competentes, registros, mecanismos de denuncia y capacidad real de vigilancia. Una declaración sin instituciones capaces de hacerla valer terminaría produciendo frustración.
Por eso esta semana importa para la innovación y para las libertades.
La innovación aparece en los pagos digitales, la interoperabilidad catastral, la modernización aduanera y la respuesta jurídica frente a tecnologías que permiten reproducir identidades, contenidos y obras a una escala desconocida. Las libertades aparecen cuando esas mismas herramientas pueden ser reguladas mediante obligaciones para plataformas, sanciones penales o mecanismos administrativos capaces de retirar contenidos y restringir conductas.
La Cámara de Diputados tiene frente a sí una agenda que exige algo más que velocidad parlamentaria. La mayoría puede aprobar los dictámenes. La verdadera prueba consiste en determinar si las normas sobreviven a la vida real, a los tribunales, a las empresas, a los ciudadanos y a las nuevas tecnologías que inevitablemente encontrarán aquello que el legislador dejó ambiguo.
El dato político más importante de estos días es que la tecnología ya dejó de ser un capítulo especializado de la agenda legislativa. Está entrando en las leyes que regulan el dinero, la propiedad, el comercio, la identidad, la expresión y el acceso a la información.
Conviene mirar al Pleno con atención. En unas cuantas sesiones pueden quedar fijadas reglas que tardarán años en corregirse. El tiempo ha demostrado que cuando se legisla sobre innovación y libertades, la letra pequeña termina siendo la parte más importante de la ley. Al tiempo.