Varias veces escuché a Carlos Marín citar a alguien —el nombre del autor no lo recuerdo—: “Lo que no se puede, además es imposible”.
No se puede, y por lo tanto resulta imposible, tapar la torpeza y hasta la infidelidad institucional —por no llamarla abierta traición— de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Reconforta saber, como afirmó ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que la gobernadora Ávila no podría entregar a Estados Unidos información estrictamente clasificada, simple y sencillamente porque no tiene acceso a ella. Pero, como hombre inteligente que es, el secretario sabrá que el problema de fondo no es lo que conozca Marina del Pilar, sino la extraordinaria facilidad con la que se mostró dispuesta a contar a las agencias policiales o a las fiscalías estadounidenses cualquier cosa que supiera, sea de seguridad nacional o no.
El verdadero escándalo es descubrir que en México hay una gobernadora —¡la dirigente administrativa y política de un estado fronterizo clave, que ocupa el octavo lugar nacional por su relevancia económica!— tan asustada por la posibilidad de ser investigada en EEUU, que sería capaz de traicionar a las instituciones nacionales en las que participa.
Resulta inaceptable semejante deslealtad en una mandataria que llegó al cargo representando a un movimiento político de izquierda, el cual tiene a la defensa de la soberanía y la no injerencia extranjera entre sus banderas principales. Marina del Pilar, ante el asedio de su interlocutor en el audio que ya conocemos —y que ella misma reconoció como verídico—, no tenía por qué responder con un complaciente “¿qué necesitan?” o “¿qué quieren saber?”, sino con un rotundo rechazo y cortando de inmediato la conversación.
Si, afortunadamente, los datos que la gobernadora pudiera entregar a EEUU no ponen en riesgo la seguridad nacional, el hecho no la exonera. Sigue siendo culpable de debilidad, de una total falta de carácter y sospechosa de haber cometido algo tan indebido en el pasado que, al verse descubierta, se asustó a tal extremo que se comprometió a traicionar a su gobierno, a su partido y al pueblo de Baja California.
No hubo una fuga de información estratégica, qué bueno. Pero estamos ante algo peor: una gobernadora incapaz de resistir presiones que, paradójicamente, quizás ni siquiera provenían de EEUU, sino de una trampa que le tendieron sus enemigos locales.
Hay un peligro adicional a la absoluta disposición de Marina del Pilar para entregar información: se ha convertido en un objetivo sumamente vulnerable para el sistema de justicia estadounidense, el cual recurre con frecuencia a los testigos protegidos para construir casos. En tal esquema, muchas veces no importa si estos personajes dicen la verdad, mienten o exageran; lo que importa es que, debido a los cargos que ocuparon, sus declaraciones sirvan para justificar cualquier acusación con tal de salvarse a sí mismos.
Si Marina del Pilar se desmoronó ante un simple telefonazo, ¿qué pasaría ante una presión real de una fiscalía extranjera?