En Cuautitlán, Estado de México, el olor a sangre y la sombra de la muerte continúan acechando a las mujeres, mientras la impunidad actúa como cómplice por omisión.
Fue la tarde del martes 13 de enero cuando familiares de Cindy y su madre llegaron al domicilio de las dos mujeres y se encontraron con una escena desgarradora: ambas estaban muertas, víctimas de violencia extrema. Teresita de Jesús, mujer de 54 años de edad, fue ultimada a golpes en la silla de ruedas donde permaneció inmóvil sus últimos años de vida. Damián, el hijo de seis años de Cindy, temblaba de miedo al esconderse en el baño. La pequeña Erika Camila, menor de la familia, no se encontraba en el lugar y permanecía desaparecida. En el inmueble se halló un martillo con restos de sangre. Ni siquiera se perdonó la vida a la mascota, un perrito chihuahua que yacía destrozado en el sitio del crimen.
Cindy había denunciado con anterioridad a su expareja sentimental, Alejandro “N” por violencia intrafamiliar. Incluso, presentó una denuncia cuando estaba terriblemente golpeada. La denuncia no prosperó, de hecho se archivó.
Mucho antes de que ocurriera el trágico crimen el agresor, Eric Antonio, ya había sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Familiares de la víctima revelaron que en una ocasión anterior, durante un arranque de ira, fracturó el fémur de Damián, el hijo de Cindy.
La denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades; sin embargo, el caso fue archivado calificándolo como un accidente. Esta decisión permitió que el agresor permaneciera en libertad, sin ninguna medida de control o sanción que lo impidiera seguir ejerciendo violencia.
La familia de Cindy sostiene que en aquel momento la Fiscalía no escuchó la versión de la víctima. Cindy acudió a pedir ayuda y se le negó la protección necesaria que hubiera podido prevenir lo peor. Hoy, tras su muerte y la de su madre, aseguran que este doble feminicidio se pudo evitar si las instituciones hubieran actuado con la diligencia requerida.
El refugio que no fue suficiente
Cansada de soportar la violencia cotidiana, Cindy tomó la difícil decisión de huir junto con sus dos hijos y refugiarse en el departamento de su madre, pensando que ahí estarían seguros
Pero el intento de escapar de la agresión no fue suficiente para protegerlos.
Ese martes por la tarde, Eric Antonio logró ubicar el domicilio donde se encontraban. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ingresó al lugar por la fuerza, sometió a las víctimas y las golpeó brutalmente en la cabeza, presuntamente con un martillo o mazo. Cindy y Teresita murieron en el lugar.
El pequeño Damián narró con voz ahogada el asesinato de su madre y su abuela. La niña, desaparecida por varias horas, fue rescatada y ambos, tras ser atendidos por el DIF mexiquense, se encuentran bajo resguardo de familiares.
Este crimen es un reflejo palpable de una crisis que afecta a México desde hace más de una década.
Según datos del Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 se registraron 501 asesinatos de niñas y adolescentes en el país. Sin embargo, solo 58 fueron investigados como feminicidio, una cifra que pone de manifiesto un grave subregistro que invisibiliza la naturaleza de género de muchos de estos crímenes.
La magnitud del problema se acentúa al analizar la tendencia a largo plazo: entre 2015 y noviembre de 2025, se documentaron 884 feminicidios de niñas y adolescentes en todo el país. La violencia presenta, además, un patrón territorializado y persistente: el Estado de México concentra el mayor número de casos con 145, seguido de Veracruz y Jalisco. En 2025 esta entidad registró 310 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales apenas 52 recibieron la clasificación de feminicidio.
Este desajuste entre los asesinatos y los casos clasificados como feminicidio revela fallas estructurales en el sistema de justicia. Estas van desde la falta de capacitación del personal operativo para identificar señales de violencia de género, hasta la resistencia a reconocer que niñas y adolescentes también son blancos de este tipo de crimen. La invisibilización de estos hechos impide la implementación de políticas públicas específicas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
La crisis demanda una respuesta integral que vaya más allá de las condenas aisladas: se requiere fortalecer los mecanismos de registro, mejorar la investigación de los casos, y diseñar estrategias que aborden las causas profundas de la violencia contra las niñas y adolescentes en cada estado del país.