Donald Trump no aparecerá en las boletas electorales este martes 3 de noviembre, pero una parte fundamental de su poder estará sometida al escrutinio de millones de estadounidenses. No está en juego su permanencia inmediata en la Casa Blanca, ni se elegirá a quien ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años. Sin embargo, los resultados pueden modificar profundamente las condiciones políticas en las que ejercerá los dos años que le restan de mandato. Formalmente se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado, 36 gubernaturas y miles de cargos estatales y locales. Pero la disputa de fondo es mucho más trascendente: determinar si Trump conservará un Congreso favorable para impulsar sus políticas o si tendrá que convivir con nuevas mayorías capaces de investigar, cuestionar, negociar y establecer contrapesos a su gobierno. No se elige presidente, pero sí una parte decisiva del poder con el que podrá gobernar.
La jornada llega después de una campaña particularmente intensa, marcada por la movilización personal del mandatario, la intervención de antiguos y actuales dirigentes demócratas, las preocupaciones económicas de las familias y profundas diferencias sobre inmigración, aranceles, seguridad y política exterior. Trump ha procurado convertir estas elecciones legislativas en una defensa de su segundo gobierno, mientras sus adversarios buscan que los ciudadanos expresen mediante sus votos una evaluación crítica de sus decisiones. Lo que ocurra no resolverá todas las controversias, pero determinará la composición de las instituciones que habrán de procesarlas hasta enero de 2029.
Conviene comenzar por explicar qué está formalmente en disputa, porque la complejidad del sistema estadounidense suele perderse cuando se reduce todo a una confrontación entre republicanos y demócratas.
La Cámara de Representantes está integrada por 435 legisladores con voto, elegidos para periodos de dos años. Todos sus escaños estarán en juego. Los republicanos llegan con una mayoría estrecha y los demócratas pretenden modificar esa correlación de fuerzas. La importancia es considerable: esta cámara interviene en la aprobación de leyes y presupuestos, ejerce funciones de fiscalización, puede convocar comparecencias y dispone de facultades para iniciar procedimientos de juicio político contra funcionarios federales, incluido el presidente.
El Senado cuenta con cien integrantes, dos por cada estado, cuyos mandatos ordinarios tienen una duración de seis años y se renuevan de manera escalonada. Estarán en disputa 35 escaños, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales. Los republicanos parten de una mayoría de 53 senadores frente a 45 demócratas y dos independientes que habitualmente se agrupan con estos últimos. Para obtener el control del Senado, los demócratas necesitarían una ganancia neta de cuatro escaños, una exigencia que debe analizarse considerando las particularidades políticas de cada contienda estatal.
El Senado tiene una influencia especialmente importante sobre la confirmación de funcionarios y jueces federales, incluidos los integrantes de la Suprema Corte, además de sus atribuciones legislativas y en materia de tratados internacionales. Pero tampoco basta siempre con obtener una mayoría simple para aprobar cualquier legislación. Determinados procedimientos exigen consensos más amplios, de manera que la distribución de fuerzas y la disposición a negociar pueden resultar tan importantes como el número absoluto de escaños.
También se elegirán 36 gobernadores y numerosos legisladores estatales, funcionarios judiciales y autoridades locales. Son contiendas que merecen atención porque las entidades federativas ejercen atribuciones decisivas en educación, salud, seguridad, infraestructura y organización electoral. Además, varios gobernadores y legisladores podrían adquirir mayor protagonismo en la preparación de la sucesión presidencial de 2028.
Pero la batalla fundamental se encuentra en el Congreso.
Si los republicanos conservaran ambas cámaras, Trump dispondría de condiciones legislativas más favorables para continuar impulsando buena parte de su agenda, aunque seguiría sujeto a la Constitución, las resoluciones judiciales, las atribuciones de los estados y las diferencias que pudieran surgir dentro de su propia organización política. Si los demócratas recuperaran la Cámara de Representantes, adquirirían instrumentos para intensificar la fiscalización, promover investigaciones, negociar presupuestos y condicionar determinadas iniciativas. Si también alcanzaran el control del Senado, podrían ejercer una influencia mayor sobre los nombramientos presidenciales y las prioridades legislativas.
No se trata de que una mayoría permita al presidente hacer cuanto quiera ni de que una oposición legislativa pueda impedir absolutamente todas sus decisiones. El sistema estadounidense establece una distribución de atribuciones que obliga a negociar, construir acuerdos y reconocer límites. Una elección intermedia puede modificar esos equilibrios sin producir necesariamente una parálisis gubernamental ni una autorización ilimitada para el Ejecutivo.
Y ahí se encuentra la verdadera trascendencia del voto del martes.
Trump inició su segundo mandato con una concepción particularmente expansiva de la autoridad presidencial. Sus decisiones sobre aranceles, comercio internacional, control migratorio, seguridad fronteriza, reorganización administrativa y relaciones exteriores han generado intensos debates acerca de los límites del Ejecutivo. Sus partidarios consideran que está cumpliendo el mandato recibido en 2024, defendiendo los intereses nacionales, recuperando capacidades industriales y enfrentando problemas que administraciones anteriores no resolvieron suficientemente. Sus críticos sostienen que determinadas políticas han incrementado la incertidumbre económica, provocado confrontaciones institucionales y puesto a prueba los mecanismos tradicionales de supervisión democrática.
La elección permitirá conocer cómo se expresan esas posiciones entre los votantes, aunque los resultados no pueden interpretarse como un pronunciamiento uniforme sobre cada una de las decisiones presidenciales. Los ciudadanos votan por candidatos concretos, con preocupaciones regionales, económicas y sociales diversas. Algunos pueden respaldar determinadas políticas de Trump y rechazar otras; también pueden cuestionar al presidente sin encontrar plenamente satisfactorias las propuestas de sus adversarios.
Las encuestas recientes han mostrado una ventaja demócrata en diversas mediciones nacionales de intención de voto para el Congreso y niveles reducidos de aprobación presidencial. Pero sería aventurado transformar esos indicadores en resultados anticipados. La distribución territorial del electorado, la participación efectiva y las características de cada distrito o estado pueden producir diferencias importantes respecto de los porcentajes nacionales.
Entre las contiendas senatoriales que merecen especial atención se encuentran las de Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Maine, Ohio y otros estados donde las diferencias políticas, los antecedentes electorales y las características de los candidatos pueden influir sobre el equilibrio legislativo. Las tensiones internas registradas en algunas campañas, particularmente en Michigan, recuerdan que la competencia no enfrenta solamente a dos partidos perfectamente homogéneos. Dentro de cada organización existen corrientes, intereses y desacuerdos que también pueden afectar la movilización electoral.
El costo de la vida ocupa un lugar central en esta elección. Los precios de los alimentos, la vivienda, los combustibles, los servicios médicos y las dificultades que enfrentan numerosas familias para sostener su capacidad de consumo constituyen preocupaciones que pueden pesar tanto como los discursos sobre liderazgo nacional o seguridad internacional. Una economía puede presentar indicadores favorables en determinados sectores y, sin embargo, generar inconformidad entre ciudadanos que perciben mayor presión sobre sus presupuestos.
Los republicanos defienden las medidas de Trump como parte de una estrategia para fortalecer la producción nacional, proteger empleos y recuperar capacidad de negociación frente a competidores internacionales. Los demócratas cuestionan los costos de algunas políticas arancelarias, la distribución de sus beneficios y las dificultades económicas que continúan enfrentando distintos sectores sociales. La discusión no consiste únicamente en quién ofrece mejores cifras, sino en cómo interpretan los ciudadanos sus propias condiciones de vida.
La política migratoria constituye otro eje fundamental. Trump ha colocado el control de la frontera y la aplicación estricta de las leyes migratorias entre las prioridades de su Presidencia. Sus partidarios destacan la necesidad de ordenar los flujos migratorios, combatir actividades delictivas y reforzar la autoridad del Estado. Sus críticos cuestionan determinados procedimientos, sus consecuencias humanitarias y los límites constitucionales de las medidas adoptadas. La elección también permitirá observar cómo se expresan esas diferencias en comunidades donde la inmigración tiene repercusiones económicas, familiares y sociales especialmente importantes.
La política exterior añade una dimensión excepcional. Las tensiones con Irán, la guerra y sus consecuencias internacionales, las relaciones con China, los desacuerdos con aliados tradicionales y los compromisos militares estadounidenses forman parte del contexto en que se desarrolla esta elección. Trump ha buscado presentar su conducción internacional como una política de fuerza y negociación favorable a los intereses de su país, mientras sus adversarios cuestionan los costos, riesgos y efectos de determinadas decisiones.
Estas controversias internacionales pueden influir sobre las preferencias electorales, pero no constituyen una votación directa sobre cada conflicto. Sus consecuencias dependerán de las facultades del Congreso, de los márgenes de actuación del Ejecutivo y de las negociaciones políticas posteriores.
Otra cuestión relevante será la sucesión presidencial de 2028. Conforme a la Vigesimosegunda Enmienda constitucional, Trump no puede ser elegido para un tercer mandato. Por ello, cualquiera que sea el resultado del martes, los próximos dos años estarán marcados también por la disputa sobre quiénes pretenden continuar su proyecto político y qué dirigentes buscarán ofrecer alternativas diferentes.
Dentro del Partido Republicano habrá debates sobre liderazgo, prioridades legislativas y continuidad programática. En el Partido Demócrata también se discutirán estrategias, candidaturas y las distintas concepciones de cómo reconstruir una alternativa presidencial. Las elecciones intermedias no decidirán directamente la sucesión, pero pueden modificar los espacios de influencia de quienes aspiren a participar en ella.
Para México, las consecuencias son especialmente importantes.
Nuestro país mantiene con Estados Unidos una de las relaciones económicas, comerciales y sociales más profundas del mundo. La revisión del T-MEC, las presiones arancelarias, las reglas de origen, las cadenas manufactureras, la inversión extranjera, el tráfico de armas y drogas, la migración y la seguridad fronteriza forman parte de una agenda que no desaparecerá por la modificación de las mayorías legislativas.
Si los republicanos conservaran el Congreso, la Casa Blanca podría encontrar mejores condiciones para sostener determinadas prioridades. Si los demócratas obtuvieran una o ambas cámaras, podrían modificarse los márgenes de negociación y fiscalización, pero no necesariamente las preocupaciones estructurales de Estados Unidos respecto de México.
Sería un error suponer que una mayoría demócrata garantizaría políticas comerciales más favorables para nuestro país. Las exigencias laborales, el proteccionismo industrial, la competencia con China y determinadas preocupaciones de seguridad forman parte de posiciones que atraviesan las fronteras partidistas. Republicanos y demócratas pueden diferir considerablemente en sus métodos, pero ambos responden a intereses económicos y políticos que México debe conocer y comprender.
La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno necesitan mantener canales de negociación con la Casa Blanca y fortalecer simultáneamente sus vínculos con el Congreso, los gobiernos estatales, las organizaciones empresariales, los sindicatos y otros actores que intervienen en las decisiones bilaterales. La política exterior mexicana no debe depender de simpatías personales ni de preferencias por una fuerza partidista estadounidense. Debe orientarse a defender intereses nacionales permanentes con independencia del resultado electoral.
Nuestro país también necesita desarrollar mayores capacidades propias. La seguridad jurídica, la infraestructura, la disponibilidad energética, la formación de trabajadores, la innovación y la diversificación productiva son elementos indispensables para negociar desde una posición más sólida. Ninguna elección en Estados Unidos sustituirá las responsabilidades que tenemos para fortalecer nuestra economía y nuestras instituciones.
Hay, finalmente, una dimensión que trasciende los resultados particulares y que merece especial atención: la fortaleza de la democracia estadounidense.
La historia de Estados Unidos incluye periodos de importantes transformaciones democráticas, pero también conflictos sociales, exclusiones, enfrentamientos institucionales y controversias electorales. Sus instituciones han evolucionado mediante reformas, decisiones judiciales y luchas políticas que establecieron mecanismos de distribución y control del poder.
La democracia no consiste solamente en permitir que los ciudadanos elijan gobernantes y legisladores. Requiere procedimientos confiables, respeto a la legalidad, contrapesos efectivos y disposición para aceptar los resultados legítimamente determinados. Los vencedores deben reconocer los límites de sus atribuciones y quienes resulten derrotados tienen derecho a sostener sus posiciones mediante los mecanismos institucionales establecidos.
En vísperas de esta elección existen preocupaciones sobre eventuales impugnaciones, diferencias en los procedimientos de escrutinio y posibles controversias relacionadas con la certificación de resultados. No todos los estados cuentan con calendarios idénticos y algunas contiendas cerradas pueden requerir tiempo adicional para determinar legalmente a los vencedores. Una demora en el cómputo no constituye por sí misma prueba de fraude, del mismo modo que cualquier irregularidad comprobada debe atenderse mediante los procedimientos correspondientes.
El verdadero examen institucional no terminará cuando cierren las casillas. Continuará durante el recuento, la certificación de resultados y la integración de las nuevas mayorías, que comenzarán sus funciones legislativas en enero de 2027.
Trump realizó una intensa campaña para respaldar candidatos republicanos y mantener su influencia sobre la organización política que transformó profundamente durante la última década. Los demócratas también movilizaron a sus principales dirigentes y buscaron transformar el descontento con determinadas decisiones presidenciales en apoyo electoral. Pero la última palabra corresponde a los ciudadanos y no a las encuestas, las declaraciones de campaña ni las expectativas de los partidos.
El martes 3 de noviembre no se decidirá la permanencia inmediata de Trump en la Presidencia. Tampoco desaparecerán los desacuerdos sobre migración, economía, seguridad o política exterior. Lo que se determinará es la composición del Congreso y de numerosas autoridades estatales, y con ello las condiciones institucionales para negociar, aprobar, investigar, cuestionar y ejercer el poder durante los próximos dos años.
En una democracia constitucional, ganar una elección no significa adquirir facultades ilimitadas. Y perder una mayoría tampoco implica quedar excluido de toda participación política. La distribución del poder, sus límites y la capacidad de construir acuerdos forman parte esencial de la convivencia institucional.
Por eso esta elección tiene repercusiones mucho más amplias que el número de escaños que pueda obtener cada partido. Puede modificar la relación entre el Congreso y la Casa Blanca, influir sobre las decisiones económicas, condicionar nombramientos y preparar el terreno de la sucesión presidencial de 2028.
México deberá observar los resultados con especial atención, pero también con serenidad. No nos corresponde decidir qué partido debe gobernar Estados Unidos. Nos corresponde comprender las condiciones políticas que surjan de sus elecciones y defender, frente a cualquiera de ellas, nuestros intereses nacionales.
Trump no está en la boleta, pero su poder sí está sometido a una prueba política de enormes dimensiones. Los estadounidenses decidirán si mantienen un Congreso favorable a su agenda o establecen nuevos equilibrios que modifiquen las condiciones de su gobierno.
Y mientras republicanos y demócratas disputan el control del Capitolio, México necesita recordar que una parte importante de su futuro económico, comercial y diplomático estará relacionada con las decisiones que adopten las instituciones surgidas de esta elección.
Porque en estas elecciónes intermedias no se elegirá al presidente de Estados Unidos, pero sí se decidirá cuánto respaldo legislativo tendrá, qué contrapesos enfrentará y bajo cuáles condiciones ejercerá los dos años que le restan en la Casa Blanca.
Donald Trump seguirá siendo presidente después del 3 de noviembre. Lo que puede cambiar es el poder con el que gobierne. Y esa diferencia, en la política estadounidense, puede modificar el rumbo de toda una nación y repercutir mucho más allá de sus fronteras.
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