Política de gobierno: un poder criminal
Hay un punto en el que el abuso deja de ser exceso y se convierte en sistema. Un punto en el que la violencia deja de ser un error operativo y pasa a ser una herramienta deliberada para infundir miedo, someter y disciplinar. Estados Unidos parece haber cruzado ese umbral. Y lo ha hecho a plena luz del día, con cámaras encendidas, cadáveres sobre el asfalto y funcionarios defendiendo lo indefendible.
El asesinato artero y cobarde de Alex Pretti marca ese quiebre. Sometido, vejado, reducido, acribillado por la espalda, indefenso, por múltiples disparos directos. No fue un “incidente”. No fue un “uso excesivo de fuerza”. Fue una ejecución. Y lo que siguió fue todavía más revelador: impunidad cínica, criminalización de la víctima y el colmo de la infamia institucional: autoridades y voceros llamando “patriotas” a los asesinos. La barbarie no solo se ejerce; se justifica, se normaliza y se protege.
Como si no bastara, el caso del niño Liam Conejo Ramos rompe cualquier intento de relativización. Detenido de manera arbitraria y violenta. Un niño indefenso, incapaz de comprender qué ocurre, preguntando por sus seres queridos mientras el aparato de gobierno lo trata como amenaza. Las imágenes no admiten interpretación ideológica: son terror puro, aplicado con método. Un mensaje claro a la sociedad: nadie es demasiado pequeño para ser usado como escarmiento.
Y está también Aliya Rahman, ciudadana, mujer con discapacidad, arrastrada, golpeada y vejada por agentes federales cuando se dirigía a una cita médica. Sacada de su vehículo con brutalidad, ignorando su condición física y su dignidad humana. Las imágenes muestran lo que los comunicados ya no pueden ocultar: deshumanización absoluta. ¿Dónde está ella hoy? ¿Quién responde? ¿Quién rinde cuentas? Nadie.
Minnesota se ha convertido en el epicentro de una indignación que ya no es marginal. Alcaldes llamando abiertamente a la defensa de su gente. Gobernadores activando la Guardia Nacional no para reprimir protestas, sino para proteger a la población de las propias fuerzas federales. Una escena impensable hace pocos años. Hoy es rutina. Y no es el único estado. Siguen apareciendo evidencias de abusos contra ciudadanos estadounidenses —esos a quienes dicen proteger—: arrestos con fuerza desmedida, personas sometidas en el suelo mientras cargan bebés, niños pequeños arrancados de brazos o dejados a la deriva, detenidos, hacinados en condiciones inhumanas, ciudadanos gravemente lesionados —uno de ellos, incluso cegado a golpes— y hasta un pastor brutalmente agredido. El clima de terror se generaliza.
La respuesta del poder federal ha sido tan obscena como predecible. Negación. Cinismo. Burla. El vicepresidente Vance, el secretario del rebautizado “Departamento de Guerra” —ya ni siquiera de Defensa— y la responsable de seguridad repitiendo el mantra hueco: “lo hacemos para protegerlos, my fellow Americans”. ¿Protegerlos de qué? ¿De niños? ¿De mujeres discapacitadas? ¿De ciudadanos desarmados? La declaración altanera y burlesca de Gregory Bovino, justificando ejecuciones como actos heroicos, no solo insulta a las víctimas: revela hasta dónde ha descendido la moral del aparato gubernamental.
No hace falta diagnosticar nada para advertir el deterioro. Basta observar la conducta: pérdida de inhibición, estallidos de ira cada vez más frecuentes, desprecio absoluto por la empatía, incapacidad para reconocer límites y una tendencia creciente a responder con violencia —verbal, política y operativa— a cualquier forma de disenso. Analistas, líderes de opinión y figuras públicas ya no se preguntan si esto es estrategia, sino hasta qué punto el descontrol personal de Trump se ha convertido en un riesgo objetivo para su propio país y para el mundo. Y aun si se tratara solo de narcisismo exacerbado, la pregunta sigue siendo demoledora: ¿cómo puede una democracia permitir que alguien con este nivel de impulsividad concentre poder armado, agencias federales y capacidad de daño masivo sin contrapeso efectivo?
La caja china sigue funcionando. Groenlandia tapa al ICE. El ICE tapa los asesinatos. Los aranceles tapan el caos interno. Y en capas más profundas quedan ocultas la farsa y la complicidad en Venezuela, donde se toleran crímenes de lesa humanidad si hay rentabilidad política, y la inhumana negligencia frente a Irán, donde la retórica altisonante convive con una pasividad que no evita ni la represión ni el sufrimiento humano. Trump —y en esto no está solo— actúa solamente cuando hay beneficio. Todo lo demás es prescindible. Incluso la vida.
Habrá quien diga que exageramos. Es el mismo argumento que siempre precede a los abismos. Los gobiernos no se vuelven salvajes de un día para otro. Se vuelven salvajes cuando el poder prueba la violencia y descubre que nadie lo detiene.
Y cuando eso ocurre, la historia ofrece un espejo incómodo que muchos prefieren no mirar. La Primavera Árabe no estalló por ideologías sofisticadas ni por liderazgos carismáticos. Estalló cuando la humillación se volvió cotidiana, cuando la violencia gubernamental dejó de ocultarse y cuando el miedo dejó de ser suficiente para sostener la obediencia. Hoy, Estados Unidos se aproxima peligrosamente a ese mismo punto de quiebre. No se trata de una revuelta partidista ni de una rebelión electoral, sino de una insurrección cívica y moral, nacida del hartazgo frente a un poder que mata, encubre y se burla; frente a instituciones que llegan tarde; frente a liderazgos que calculan mientras la gente sangra.
Porque cuando un gobierno dispara por la espalda, arrastra mujeres indefensas, desaparece niños y llama patriotas a los verdugos, deja de gobernar: usurpa. Y cuando eso ocurre, la desobediencia deja de ser radicalismo y se convierte en responsabilidad histórica. No por revancha. No por caos. Sino para salvar lo que queda del Estado de derecho antes de que la barbarie termine de normalizarse.
La pregunta ya no es quién liderará una eventual primavera cívica en Estados Unidos.
La verdadera pregunta es en qué momento suficientes personas dejarán de obedecer lo inobedecible al mismo tiempo.
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