Los jóvenes suelen mirar la crisis del IMSS como un problema ajeno, de abuelos y de pasillos saturados. Es un error de cálculo pues quien hoy tiene entre 25 y 40 años será el paciente de ese sistema, y todo indica que lo recibirá en peores condiciones.
Primer indicio: la demografía se está invirtiendo. El INEGI contó 19 millones de adultos mayores, 14.7% de la población, una cifra que el gobierno esperaba hasta 2030. La Encuesta Intercensal 2025 confirmó el fin del bono demográfico, y con él una base de cotizantes cada vez más angosta para sostener a una pirámide que se ensancha por arriba. Habrá menos jóvenes pagando por más viejos atendidos.
Segundo: las instituciones no están preparadas ni para el presente. El Seguro de Enfermedades y Maternidad opera con déficit desde hace 20 años y se estima que cierre 2026 en 175,585 millones de pesos. El propio instituto calcula que solo tiene diez años de solvencia, y el gasto público en salud de México se ubica entre los más bajos de la OCDE. Los médicos que protestan en Reynosa y otros lugares por falta de medicamentos, insumos y personal son el aviso de lo que vendrá cuando la demanda crezca.
Tercero: el empleo que se ofrece a los jóvenes erosiona la protección que alguna vez fue regla. El modelo freelance se vende como libertad, pero traslada al individuo los costos que antes compartía un patrón. Afiliarse al IMSS como independiente cuesta 20,538 pesos al año, y un seguro privado de gastos médicos mayores va de unos 12,000 pesos anuales a los 25 años a más de 90,000 después de los 55: la prima sube justo cuando el ingreso suele caer. Incluso en plataformas digitales, solo 14% de quienes trabajan en aplicaciones alcanza el ingreso requerido para afiliarse.
La suma es perversa por tener menos aportantes, instituciones sin margen y trabajadores que cotizan poco o nada. Sin una decisión política hoy, la vejez de esta generación será un privilegio de quien pueda pagarla.
La salud pública no es un tema de adultos mayores, tampoco las protestas de médicos, personal de enfermería y jubilados del IMSS. Es una causa que nos llama también a pacientes y usuarios, tanto presentes como futuros, del sistema de salud pública. Es el contrato intergeneracional que los jóvenes firmarán, quieran o no, cuando les toque envejecer. Exigir financiamiento, derechos para el personal sanitario, medicamentos, insumos, cobertura real para independientes y un sistema que funcione es defender el derecho propio a envejecer con dignidad más que solidaridad con terceros.