Roberto Velasco es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo a lo que se anticipaba, fue confirmado hace unos días por el Senado de la República. Ha venido a reemplazar a Juan Ramon de la Fuente, quien, por asuntos de salud, presentó su renuncia a la presidenta Sheinbaum.
Su primer desacierto ha sido el de buscar restar relevancia al Comité especializado de Naciones Unidas que sacó a la luz la realidad de los miles de mexicanos que hoy se encuentran lejos de sus familias. Lo hizo, evidentemente, por la clara instrucción de su jefa, con el propósito de enviar un mensaje consistente que insista que la autoproclamada 4T ha actuado en favor de la solución de la problemática.
Sin embargo, Velasco se enfrenta ahora a un desafío mayor: que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, no lleve el caso de México ante la Asamblea General.
Sin el ánimo de entrar en detalles, la Asamblea General de la organización internacional es el foro de mayor relevancia en las relaciones internacionales. Si bien sus resoluciones no son vinculantes ni sientan precedentes de derecho -como en el caso del Consejo de Seguridad- sí que sirve como un espacio deliberativo de enorme impacto.
De discutirse en la Asamblea General, y en caso de adoptarse una resolución en cualquier sentido, la crisis de desaparecidos en México alcanzaría dimensiones inaceptables para el gobierno de Sheinbaum. En primer lugar, se expondría ante la opinión pública internacional el narcoestado vigente, donde autoridades de distintos órdenes de gobiernos son “aquiescentes” con el crimen organizado, así como la descomposición de un país dominado, en grandes partes de su territorio, por las bandas criminales.
En segundo, sería un signo negativo con miras a la negociación del nuevo T-MEC con Washington. El gobierno de Donald Trump ha sido insistente en el hecho de que el Estado mexicano ha sido rebasado por el crimen organizado, y que la presidenta Sheinbaum es débil de cara a la amenaza presentada por los carteles de la droga.
Sheinbaum y Velasco deberán -porque están obligados a defender la integridad de su narrativa- evitar que Guterres incluya el asunto de México en alguna de las próximas sesiones de la Asamblea General. Para ello, ejercerían presión sobre Héctor Vasconcelos, actual representante permanente de México ante Naciones Unidas, para que maniobre con sus colegas diplomáticos para que el Secretariado General “eche al cajón” el expediente mexicano.
En suma, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá echar mano de todas sus bazas diplomáticas en Nueva York para evitar que, llegado el caso, México resulte “exhibido” en un foro de la resonancia internacional de la Asamblea General. Resultaría perjudicial tanto para sus relaciones con Estados Unidos, como para la cantaleta obradorista de que México atraviesa el mejor de sus momentos.


