Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, rendirá hoy su primer informe de gobierno, a un mes de cumplirse el primer año en que llegó al cargo como la mandataria más votada en la historia reciente de México.
Para Sheinbaum no ha sido un año fácil. Inició su mandato en un contexto político y social complejo. En política exterior, ha tenido que capotear al iracundo Trump; en lo nacional, tampoco ha sido miel sobre hojuelas.
Llega la presidenta al día de hoy tras escándalos al interior de su partido, como las lujosas vacaciones veraniegas de algunos y algunas militantes, que prefirieron descansar a cuerpo de rey en lugar de trabajar.
También ha tenido que lidiar con personajes como Monreal y Adán Augusto, ambos enfrentando retos particulares. Monreal ha expresado públicamente reservas sobre la necesidad de la reforma electoral, quizá viva angustiado por aquello del nepotismo, mientras que la trayectoria de Adán Augusto López ha sido objeto de controversias relacionadas con su gestión anterior en Tabasco.
Esperamos un buen primer informe. El trabajo de la presidenta ha sido intachable, con resultados favorables, sobre todo para los más desprotegidos: más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, manteniendo la política de bienestar que inició en el sexenio anterior, con Andrés Manuel López Obrador.
Pero los retos, en el futuro, no son menores.
Un punto central es la agenda legislativa, donde destaca la propuesta de reforma electoral. Esta iniciativa ha generado debates entre los distintos actores políticos, incluyendo a los partidos aliados de Morena, sobre todo en lo que respecta a la posible reducción de diputados plurinominales y al financiamiento de los partidos. El gobierno de Sheinbaum deberá gestionar estas diferencias para lograr acuerdos que permitan avanzar en la agenda legislativa. Lo deseable es que sea sin escándalos ni golpes, como los lamentables hechos de la semana que concluyó.
Inicia una nueva era en el poder judicial: se acabó el “dedazo presidencial”
A partir de hoy, en materia judicial, nuestro país es otro.
La reforma judicial implementada ha generado interrogantes sobre su impacto a largo plazo.
Estábamos acostumbrados a que jueces y ministros se elegían desde el poder ejecutivo. Este sistema, conocido como “dedazo presidencial”, otorgaba al presidente en turno la facultad de seleccionar a los integrantes del poder judicial, generando debates sobre la transparencia y la independencia de este poder.
Este método de selección fue objeto de críticas debido a la percepción de que permitía la injerencia política en el sistema judicial. Se argumentaba que la falta de mecanismos de evaluación objetivos y la ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía propiciaban la designación de funcionarios judiciales que respondían a intereses políticos en lugar de criterios de mérito y capacidad.
Eso se acabó y tendremos un sistema de justicia independiente y transparente. El éxito de esta transición dependerá de la capacidad de los diferentes actores políticos y sociales para construir consensos y establecer mecanismos que garanticen la idoneidad y la imparcialidad de los funcionarios judiciales.
Por último, es importantísimo reconocer que tendremos a Hugo Aguilar, abogado de litigante indígena, como presidente de la nueva Corte, lo que garantiza que aquellos, que durante siglos fueron olvidados, tendrán un acceso real a la justicia.
Lo digo con real emoción: México se está transformando en su totalidad y aunque falta camino por recorrer, tenemos la certeza que las nuevas generaciones vivirán en un mejor país.