Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 arrojan un panorama relevante: entre 10 y 11 millones de personas habrían salido de la condición de pobreza en el país durante los últimos seis años. Se trata de una reducción significativa, especialmente si se observa en un contexto regional donde las crisis sanitarias, económicas y climáticas han acentuado los niveles de exclusión social. Las buenas señales se veían venir cuando en julio, el economista Joseph Stiglitz, durante su participación en el Festival Gabo, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum por la forma en que ha manejado las tensiones con Estados Unidos y por su enfoque económico orientado al bienestar social. Sus palabras no fueron casuales: “Ha manejado las cosas muy bien… con humor, humildad y firmeza". Stiglitz valoró especialmente el Plan México, una estrategia económica que combina inversión productiva, generación de empleo digno, innovación tecnológica y una orientación social centrada en el bienestar colectivo.
Contrario a los augurios pesimistas, hoy las familias pueden acceder a un mayor consumo y aquello mantiene viva la economía. Uno de los factores clave ha sido el incremento sostenido del salario mínimo. Entre 2018 y 2024, este se duplicó a nivel nacional y se triplicó en la frontera norte. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este crecimiento tuvo un efecto directo en los ingresos del primer y segundo decil, es decir, los sectores con menores recursos. En paralelo, las transferencias monetarias dirigidas a poblaciones prioritarias y una reconfiguración de los programas sociales fortalecieron la capacidad de consumo en los hogares más vulnerables.
El análisis regional de la ENIGH muestra que el mayor impacto se dio en el sur-sureste del país. En entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca —históricamente marginadas—, los ingresos del primer decil crecieron en términos reales por encima del 40%. Esta tendencia contrasta con estados del norte como Nuevo León o Baja California, donde los incrementos fueron más moderados, pero se mantuvo una estabilidad en la distribución del ingreso.
Si bien estos datos revelan un avance en el combate a la pobreza por ingresos y a la pobreza alimentaria, sería un error interpretarlos como solución definitiva. Como ha advertido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza es un fenómeno multidimensional que también implica el acceso efectivo a salud, educación, seguridad social, vivienda digna y cohesión comunitaria. La superación de la pobreza, entonces, no se agota en las cifras: exige una transformación institucional que garantice derechos de forma estructural, como el hecho de que el empobrecimiento por enfermedad siga siendo una amenaza viva por las deficiencias en el sistema de salud.
En este sentido, la reducción de la pobreza debe entenderse como un paso importante hacia la democratización de la vida pública. Existe una correlación directa entre la mejora de las condiciones materiales de vida y la posibilidad real de participación ciudadana. Cuando las personas viven al día, condicionadas por el hambre o la incertidumbre económica, su capacidad de incidir, organizarse o exigir rendición de cuentas se ve limitada. Así, combatir la pobreza también es fortalecer la democracia. El dicho de “primero los pobres” tiene sentido en esta encuesta, pues desmiente que la entregas de programas sociales es dinero tirado a la basura como tanto han criticado las agrupaciones de derechas.
El reto de fondo es consolidar estos avances con mecanismos permanentes. No basta con que las transferencias o los aumentos salariales dependan de la voluntad política del gobierno en turno. Se necesita institucionalizar la política social, blindarla contra el uso electoral y someterla a evaluación constante. La participación ciudadana, la transparencia y el diálogo con comunidades deben ser parte central de la próxima etapa.
La disminución de la pobreza es, sin duda, una noticia alentadora. Pero su impacto histórico dependerá de nuestra capacidad colectiva para traducirla en justicia social, equidad territorial y democracia sustantiva. Lo urgente es no retroceder; lo indispensable es no conformarse. Es importante entender también que esta encuesta se ha realizado con una metodología distinta a las anteriores y aquello hace que los datos no se puedan comparar a la ligera con los resultados de otros años. Sin embargo, la política económica tiene un rumbo que ha colocado a las personas más pobres en el centro de las medidas y eso se ha traducido en menor desigualdad.
Stiglitz aplaudió la estrategia de la presidenta antes de que se conocieran estos datos pero los resultados forman parte de una mirada integral desde los planes del expresidente López Obrador. Lo destacado es que Stiglitz además de ser Premio Nobel en economía, es uno de los pensadores contemporáneos que más se ha enfocado en estudiar y analizar la desigualdad. Su libro “The price of inequality” es una crítica al sistema económico en el que las minorías acaparan recursos desproporcionadamente, impactando negativamente en la democracia, justicia y todo eso como resultado de un sistema enfermo que se agrava en tanto que no haya intervenciones estatales claras en contra de aquella acumulación excesiva traducida en empobrecimiento, deuda y una carga adicional contra las personas más pobres justo por consumir desde la pobreza. Entre todos los pendientes, reconocer que algo está cambiando es necesario para cualquier análisis serio sobre la realidad del país.