En estos días se cierra el ciclo de los primeros 25 años de políticas públicas nacionales por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como dependencia del gobierno federal. Con ese motivo, ahora presento un breve y esquemático recuento, con comentarios críticos, sobre la gestión de la educación formal en México durante este primer cuarto del siglo XXI.
Una idea inicial para caracterizar al periodo aludido es construir cortes analíticos a partir de los segmentos sexenales. Así, y en bloque, los sexenios que van de 2000 a 2018 reúnen algunos rasgos que los identifican con la categoría de políticas públicas educativas (PPE) “neoliberales” o “neocapitalistas”. Cabe recordar que el énfasis de las políticas públicas neoliberales, en el plano económico estructural y en términos generales, radica en la reducción del Estado de bienestar, la privatización de las empresas públicas y la apertura del comercio internacional.
En particular, para el caso de la gestión y los procesos de las políticas públicas educativas (PPE) de las naciones que, como México, adoptaron ese modelo o esquema, el problema central seleccionado por los gobiernos federales fue la “baja calidad de la educación”. Otro problema conceptual en ese terreno, sin embargo, ha sido definir qué se entiende por “calidad de la educación”.
El periodo neoliberal en educación, en México, va aproximadamente de 1982 a 2018. Dicho periodo se puede dividir, para fines didácticos, en dos etapas: Una primera, denominada “tecnocrática”, que también estuvo orientada hacia la “descentralización educativa” (de 1982 al 2000); y una segunda etapa, del periodo de PPE neoliberales es la que ahora se describe y comenta (del año 2000 al 2018).
Breve recuento de las PPE de la etapa 2000-2018
Con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) el Estado mexicano promovió la obligatoriedad de la educación preescolar, así como la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Más tarde, impulsó cambios curriculares también para la educación preescolar (Programa de Educación Preescolar, 2004), que fue el primer dispositivo curricular oficial para la educación básica pública en el que se incorporaron los “ámbitos de competencia”.
Según, Gómez Zamarripa y Navarro Arredondo (2018), la “obligatoriedad de la educación preescolar (se planteó) con el objeto de abatir el rezago educativo y mejorar la calidad educativa”. (Ver: “Para entender mejor la Reforma Educativa: estabilidad y cambio en el sistema educativo mexicano”, en: Martínez Bordón, A. y Navarro Arredondo, A., coord., 2018. La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República).
Aunque no se pudo adoptar, como hubiera querido, el esquema de gestión de la calidad de la Organización Internacional de Estandarización o Normalización (ISO) en la educación básica en México, el gobierno de Fox impuso el Programa Escuelas de Calidad (PEC), el cual dio la bienvenida a las prácticas directivas “gerencialistas” en las escuelas del subsistema público de educación (preescolar, primaria y secundaria).
En ese contexto, el gobierno de Fox lanzó también el “Compromiso Social por la Calidad de la Educación” y el fallido programa Enciclomedia, de altos costos para el erario, con sospechas de desviación de recursos públicos y que dotaba de equipos de cómputo e infraestructura tecnológica a escuelas de educación básica públicas, mediante un esquema de arrendamiento que volvió multimillonarios a las y los proveedores (empresas privadas).
El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) promovió la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) y la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), que contemplaba, esta última, cambios organizativos y curriculares importantes en la educación primaria, sobre todo. Recordemos que al final del sexenio (2011), se publicó el acuerdo 592 de la SEP, donde se estableció la idea de la “articulación de la educación básica” y se fijaron las bases para que, oficialmente, se adoptara el enfoque de desarrollo de competencias, a través de las llamadas “competencias para la vida”. Asimismo, se implantó la idea de que había falta de capacitación y profesionalización de docentes y directivos escolares en la lógica y en la ruta tecnocrática trazada para alcanzar la “calidad de la educación”.
Aunque durante este sexenio no se realizó ninguna reforma al texto constitucional en materia educativa, el gobierno de Calderón firmó la “Alianza por la Calidad de la Educación” con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que no solo constituyó un acuerdo de voluntades como marco de las relaciones patrón-trabajadores, sino que se concretó en la entrega de carteras importantes de la SEP a la dirigencia proto-priista del sindicato, en clara compensación a los favores electorales recibidos durante la coyuntura política de 2006 (Calderón llegó al poder político en medio de fuertes cuestionamientos al proceso electoral federal, calificado por observadores, críticos y políticos de oposición de fraudulento).
Durante el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), se impulsó una reforma importante al artículo 3º de la constitución (como parte del contenido del “Pacto por México” firmado por el PRI, PAN y PRD, a través del cual se promovieron, a nivel legislativo, las llamadas “reformas estructurales”), ya que por primera vez se elevó con ese rango a la palabra “calidad”, entre otros términos, justo en el texto donde se establece el derecho a la educación para las y los mexicanos.
El diagnóstico de los altos funcionarios y equipos técnicos de ese sexenio, en la SEP, establecía lo siguiente: “Falta de una educación de mayor calidad. Necesidad de recuperar la rectoría del Estado sobre la política educativa y de establecer mecanismos permanentes de evaluación docente” de educación básica y media superior (Gómez Zamarripa y Navarro Arredondo, 2018).
Aparte de establecer un riguroso, autoritario, punitivo y excluyente sistema de evaluación de docentes y directivos escolares, a través de un marco legal y operativo establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente (con lo que se puso fin al programa de carrera magisterial, primer dispositivo neoliberal para contener el aumento a los salarios magisteriales, creado durante el gobierno de Salinas), el gobierno de Peña Nieto decidió convertir al INEE en organismo constitucionalmente autónomo, con lo cual se creó no solo un contrapeso político, sino también un clima de confrontación directo y latente con la SEP en la conducción de las PPE.
Últimos años del cuarto de siglo: 2018-2025
Tal y como lo he afirmado en textos anteriores, el periodo 2000-2018 es el tiempo durante el cual se pusieron en práctica proyectos reformistas neoliberales “de continuidad”, en términos de seguir, paso a paso, el proyecto “modernizador” de Salinas (1988-1994) y de supuesta “equidad educativa” del sexenio de Zedillo (1994-2000); mientras que, en 2018, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se inicia una etapa de reforma educativa progresista, rupturista pero moderada (2018-2024). Digo moderada porque en el marco constitucional y legal prevalecen, hasta hoy, términos del lenguaje “gerencialista” y “tecnocrático” utilizados por los funcionarios de la SEP para entender y describir los procesos educativos como “excelencia”, “mejora continua”, “máximo logro de aprendizaje”, “evaluaciones individuales de docentes y directivos escolares” (Ley del SICAMM, 2019), sin reconocer ni valorar a los colectivos docentes en los procesos evaluadores, y entre otros conceptos, los váuchers educativos para la educación inicial, de filiación claramente neoliberal.
Durante el actual sexenio, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum (2024-2030), al concluir el primer año de su gestión, prevalece el proyecto reformista de la educación pública del gobierno de AMLO (“humanismo a la mexicana” y una ambigua idea de “nueva escuela mexicana”, NEM); un proyecto que califico de “reactivo”, puesto que buscó dar respuesta sobre todo a las demandas coyunturales del magisterio disidente y opositor al proyecto reformista del gobierno de Peña Nieto (2012-2018), mediante una protesta centrada en la evaluación del desempeño docente, pero sin contar con un proyecto educativo nacional alternativo por parte del gobierno.
Tanto la noción de “humanismo mexicano” como la idea de la “NEM” fueron construcciones de comunicación política que se generaron entre 2019 y 2022, al calor de la coyuntura política y del ejercicio del gobierno obradorista, pero no como parte de un proyecto educativo nacional alternativo, progresista radical, ni como planteamiento programático de la llamada “cuarta transformación” de la vida pública del país.
Como registros singulares de la coexistencia de términos y acciones de corte neoliberal en el actual gobierno del “segundo piso de la cuarta transformación”, es la incorporación del esquema de “desarrollo de competencias” en el marco curricular común de educación media superior; el régimen privatizador de los ahorros para el retiro de las y los trabajadores del Estado; y la precarización del trabajo docente tanto en la educación básica como en la educación media superior y superior.
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