“Money doesn’t talk, it swears

Obscenity, who really cares

Propaganda, all is phony.”

Bob Dylan, It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

“Everybody knows the dice are loaded

Everybody rolls with their fingers crossed.”

Leonard Cohen, Everybody Knows

Hora del espectáculo. Pero no del de luces, aplausos y final feliz, sino del otro: el de horror, cloaca y cámara lenta. Ese donde el público lleva años viendo las señales de peligro, pero alguien insiste en decir que todo está bajo control.

Porque sí: Segalmex fue uno de los robos más descarados no solo del sexenio pasado; de la historia de México. Y no, esto no es un refrito ni un escándalo reciclado para espantar incautos. Durante años se insinuó, se filtró, se dejó caer como quien no quiere la cosa. Hoy, con la detención de Alex Saab en Venezuela, el asunto deja de ser sospecha y adquiere lo que siempre fue: tamaño judicial internacional. Ya no es chisme. Es expediente.

Alex Saab no fue un empresario entusiasta ni un proveedor solidario con vocación social. Fue el operador financiero del chavismo, el hombre que movía el dinero sucio con guantes humanitarios. Y durante el gobierno de López Obrador participó —con socios, intermediarios y empresas mexicanas— en una red de contrabando internacional diseñada para violar sanciones de Estados Unidos. Nada heroico. Nada ideológico. Negocio puro y duro.

Saab no es un personaje del pasado, ni un problema exótico de Venezuela. Su detención reabre la puerta a una posible extradición a Estados Unidos. Y cuando eso pasa, la historia es conocida: el detenido deja de ser leal, se vuelve colaborador. Habla. Entrega nombres. Da rutas. Señala socios. Y entonces tiemblan los que creían haber archivado el expediente.

Uno de esos expedientes se llama Segalmex.

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Con la empresa mexicana Libre Abordo, Alex Saab falseó la venta de 210 mil toneladas de maíz y mil camiones, en operaciones por alrededor de 200 millones de dólares. No estamos hablando de una factura mal llenada ni de un error de excel. Para que una estafa de ese tamaño funcione, alguien del lado de Segalmex tuvo que abrir la puerta, firmar, mirar a otro lado y cobrar.

Pero tranquilos: seguramente todo fue un “desorden administrativo”.

Lo incómodo —para quienes prefieren el olvido selectivo— es que esto no lo inventó ningún columnista malpensado... En junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Libre Abordo y a otras empresas mexicanas ligadas a Joaquín Leal, precisamente por sus operaciones con Alex Saab bajo el esquema de “petróleo por alimentos”.

No es opinión. No es interpretación. Es lista OFAC. Esa que congela cuentas y no se borra con discursos patrióticos.

Aun así, en México se insistió en la versión light: desorden, ineficiencia, fallas operativas. Como si 200 millones de dólares se perdieran solos. Como si el contrabando internacional fuera producto del cansancio. Como si las redes criminales se armaran por accidente.

La narrativa se cae por su propio peso. Esto no fue descuido. Fue estructura. Fue sistema. Fue diseño.

Y aquí viene la parte que realmente incomoda: el juicio importante no está —ni estará— en México. Está en Nueva York. Ahí donde fiscales y defensores ya estarían solicitando testimonios orales y escritos a empresas mexicanas vinculadas a la red de Saab.

Cuando un tribunal estadounidense empieza a preguntar, ya no sirve fingir sorpresa, ni mover piezas, ni reacomodar funcionarios como si el problema fuera de imagen y no de fondo.

La idea de la 4T de que “ya se investigó” resulta risible. La de que “ya se castigó”, francamente ofensiva. Porque cuando cae un operador financiero de este calibre, se revisa todo lo que tocó. Cada contrato. Cada transferencia. Cada intermediario. Incluido Segalmex.

La captura de Saab cambia la escala del escándalo. Segalmex deja de ser solo el mayor fraude interno y se convierte en un nodo dentro de una red internacional de lavado y evasión de sanciones. Que unas pilas destinadas a programas sociales terminaran vendiéndose en Austria es apenas la anécdota simpática. Lo serio está en los documentos, en las cuentas y en las declaraciones que todavía no se han escuchado.

Nunca hubo una explicación clara y pública sobre por qué Segalmex contrató a empresas recién creadas, por qué esas empresas acabaron sancionadas por Estados Unidos, ni qué responsabilidades políticas reales se fincaron. Hubo silencio. Y en estos casos, el silencio no es prudencia: es cálculo.

No, no se trata de solidaridad internacional. Alex Saab operó durante años fachadas humanitarias para encubrir contrabando y evasión de sanciones. Cuando el discurso es “ayuda” y el resultado es millonario, alguien está mintiendo. Y casi nunca es el dinero.

Con Saab nuevamente bajo custodia, Segalmex deja de ser un expediente incómodo y se convierte en una bomba con reloj judicial. La diferencia es que esta vez el reloj no lo controla México.

Porque el verdadero problema de Segalmex no es lo que ya sabemos, sino todo lo que todavía no se ha dicho —y que se dirá— frente a un juez en Estados Unidos.