La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia constitucional. Sin ella no hay crítica, no hay vigilancia del poder, no hay deliberación pública real. Pero ese derecho tiene límites precisos. No es un cheque en blanco. No protege el insulto sistemático. No ampara la descalificación sin razones y, desde luego, no convierte un conflicto económico en una causa de derechos humanos.
El caso de Ricardo Salinas Pliego exige poner las cosas en su sitio. Aquí, en México, no se debate si puede hablar. Puede hacerlo y lo hace todos los días. Aquí se discute si el uso estratégico del discurso puede servir para presionar al Estado, evadir responsabilidades y construir una narrativa de victimización internacional. Eso es otra cosa. Y es mucho más grave. Veamos.
Primero. La Constitución protege la crítica dura. Protege la denuncia incómoda; protege incluso el lenguaje severo cuando cumple una función pública, pero exige un mínimo democrático: contenido. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente. La expresión está protegida cuando aporta argumentos; cuando contribuye al debate público; cuando permite a la sociedad comprender un problema con razón o sin ella. El insulto reiterado, sin embargo, no cumple esa función social. No hay en México ni en la jurisprudencia de la CIDH un derecho al insulto.
Durante los últimos años, Salinas Pliego ha optado por un discurso de polarización y división social. No el de la crítica razonada, sino el de la descalificación personal. El de la imputación genérica, el del agravio como método. No se trata de un exceso aislado, es un patrón reconocible, reiterado, deliberado, amplificado desde redes sociales y desde su propia televisora. Ese tipo de discurso no fortalece la democracia. La empobrece. No incomoda al poder con ideas. Lo provoca con insultos. Y por eso no se encuentra bajo la protección constitucional. No porque moleste al gobierno, que es y debe ser legítimo de la actividad periodística al ejercer el escrutinio público donde se encuentren elementos. Aquí, Salinas carece de argumento y su narrativa se agota en la agresión gratuita que, por lo demás, afecta al derecho a la información veraz de la sociedad mexicana.
Segundo. Toda persona tiene derecho a acudir a instancias internacionales, eso es indiscutible. Pero una cosa es el derecho de acceso y otra la lógica del sistema. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de agravios personales. Su historia lo demuestra. Ha intervenido en casos de censura estructural. En asesinatos de periodistas, en clausuras arbitrarias de medios, en persecuciones penales contra comunicadores críticos, en la protección de grupos vulnerables frente al poder. No fue diseñada para procesar inconformidades de magnates empresariales con enorme capacidad de influencia. Un actor que controla medios masivos no es una voz silenciada. No enfrenta asimetría frente al Estado, no carece de plataformas para hacer oír su voz; antes bien, todo lo contrario. Pretender que ese perfil llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que construya un caso vs. México y lo presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como caso emblemático de libertad de expresión es forzar el sistema. Es, en síntesis, un despropósito. Y al hacerlo, se corre un riesgo mayor: banalizar la función misma del derecho internacional de los derechos humanos. Convertir un conflicto de poder en una supuesta persecución debilita al sistema interamericano. Y lo aleja de quienes realmente lo necesitan.
Tercero. Este no es un debate ideológico. No es una disputa por ideas. Es un conflicto de pesos y centavos. Impuestos. Concesiones públicas. Obligaciones frente al Estado. Posibles responsabilidades legales. El discurso de confrontación de Salinas Pliego no ha nacido por generación espontánea. Tiene una función clara. Provocar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escalar el conflicto que ha perdido en los tribunales de derecho. Buscar una reacción institucional como retirarle sus concesiones de TV Azteca. Y, si esta ocurre, lo que es improbable, presentarla como censura o persecución. La victimización mediática cumple un papel estratégico: Permite trasladar un problema fiscal y administrativo al terreno simbólico de los derechos humanos. Permite internacionalizar un conflicto interno. Y busca colocar presión política sobre las instituciones encargadas de aplicar la ley.
En ese contexto, la denuncia por extorsión presentada por el gobierno de Puebla contra TV Azteca y su propietario no es un dato accesorio. Es una señal de alerta. Introduce una dimensión jurídica distinta. Y aporta elementos de que presuntamente el conflicto rebasa por completo la discusión sobre expresión protegida. En México no hay censura previa. No hay silenciamiento estatal, si bien puede avanzarse mucho si se reforma la Ley de Comunicación Social para transparentar la publicidad oficial y asignarla de manera equitativa. En este asunto, empero, hay poder económico en tensión con el Estado de derecho. La libertad de expresión no fue concebida para blindar intereses privados. Ni para encubrir disputas fiscales. Ni para convertir al poder en víctima. Usarla como coartada degrada su sentido. Y trivializa una garantía fundamental que ha costado décadas construir en América Latina.
En suma, aquí no está en juego un derecho humano vulnerado. Está en juego el uso del discurso como instrumento de presión. Y cuando el dinero se disfraza de libertad, la democracia pierde claridad, profundidad y honestidad. No caigamos en este montaje.
Ernesto Villanueva en X: @evillanuevamx
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