La extradición solicitada por el Departamento de Justicia Norteamericano, en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió una coyuntura política y jurídica ad-hoc, que el Estado mexicano debe capitalizar. Aplicando la técnica del judo sobre el tatami de la diplomacia, la fuerza del oponente se puede aprovechar para traer a un connacional de allende el Río Bravo.
Si el gobierno norteamericano demanda la entrega de un mandatario, México tiene todo el derecho de exigir la extradición del ex gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca quien, desde septiembre de 2022, salió huyendo del país escapando de la justicia mexicana, refugiándose en McAllen, Texas, en donde vive sin ser molestado y presumiendo el ganado brahmán que tiene en sus ranchos, como lo publicita en las redes sociales.
Cabeza de Vaca no es un perseguido político, como pretende venderse en campañas mediáticas para evitar su extradición. Su expediente público está marcado por acusaciones graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que lo llevaron a ser desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, siendo salvado mañosamente al día siguiente, por la bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas.
Vivillo, huyó de México antes de concluir su mandato y perder el fuero. Desde entonces utiliza su doble nacionalidad para evitar comparecer ante la justicia mexicana. No escapó por razones ideológicas; se autoexilió porque sabe que las imputaciones están documentadas.
Incluso, se han documentado contratos por cerca de 500 millones de pesos, entre 2017 y 2018, entregados a “JOSER” y “PERMART”, empresas de sus amigos de Reynosa, los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, quienes financiaron la campaña gubernamental de Cabeza de Vaca en 2016.
Junto con pegado, el historial político de Cabeza de Vaca, fichado por robo de autos en su juventud por las autoridades texanas, dista de ser ejemplar y lo pinta como un delincuente electoral.
Fue sancionado por violar la veda electoral, durante la Consulta Popular, que propició una inédita amonestación pública del Congreso del Estado, el 29 de septiembre de 2021, derivada del expediente SER-PSC-169/2021. También fue multado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, con $96,220 pesos, por violar la neutralidad política y desviar recursos públicos para favorecer al candidato del PAN a la gubernatura, en la sesión del 8 de junio de 2022.
Jugando sus últimas cartas, Cabeza de Vaca fue registrado por el PAN de Marko Cortés, como el número uno en la lista de candidaturas a la diputación federal por la segunda circunscripción, en busca del fuero, no obstante vivir en Texas. Una jugada política que solo se explica cuando se desenfunda la cartera para comprar inmunidad procesal.
Morena impugnó y la Sala Superior del TEPJF tiró su candidatura, al considerarlo prófugo de la justicia, con base en el artículo 38 constitucional, de acuerdo al SUP-RAP-102/2024, de la ponencia de la magistrada Janine Otálora Malassis, resuelto en la sesión celebrada el 17 de abril de 2024.
Pero la elección judicial de 2025, provocó la caída de la vieja estructura que protegió al ex mandatario tamaulipeco.
Recientemente, la ministra Lenia Batres Guadarrama logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidara el amparo que lo blindaba contra las órdenes de aprehensión. Asimismo, el Tribunal de Disciplina inhabilitó a Juan Fernando Alvarado López, el juez que lo protegió con amparos. El mensaje es contundente: su andamiaje de impunidad ya no existe.
El pasado 16 de febrero, diversos medios de comunicación consignaron que, a través de la Cancillería, el Gobierno Mexicano pidió su extradición. Resta esperar que, poniéndose el judogi, la diplomacia mexicana logre que Cabeza de Vaca pise el territorio nacional para ser juzgado.
Un apunte final. Mientras que en Sinaloa el priista Quirino Ordaz Coppel, no cargó los dados de su gobierno a favor de Mario Zamora Gastélum, como se constata en la amplia diferencia de 24.1 puntos porcentuales (264,912 votos), que le sacó Rubén Rocha Moya al candidato del PAN, PRI y PRD, en Tamaulipas sucedió todo lo contrario.
Francisco García Cabeza de Vaca metió las manos y el dinero de su gobierno para evitar a toda costa el triunfo de Américo Villarreal Anaya. Por eso fue multado y su nombre está inscrito en el catálogo de sujetos sancionados del Instituto Electoral de Tamaulipas y del Tribunal Electoral federal.
Por cierto: ¿por qué razón el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas no impugnó ante la Sala Superior el veredicto del Tribunal Electoral de Sinaloa en agosto de 2021, que confirmó el triunfo de Rubén Rocha Moya?
Aída Inzunza Cázarez fue la magistrada ponente. ¿Le suena el apellido? Las irregularidades denunciadas afectaron solamente a 23 de las 4,986 casillas instaladas (0.46%) en el estado.