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El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a “hacer patria” y sumarse a su plan para la instalación de 2,500 antenas y que a más tardar el primer semestre de 2023 haya internet en todos los rincones país, fundamentalmente en las zonas más apartadas. La estrategia del Gobierno de la Cuarta Transformación es salvar el desastre que tuvieron los gobiernos neoliberales para llevar la herramienta digital a todos los mexicanos y contribuir al desarrollo económico de México.

El jefe del ejecutivo dijo que el propósito es dar cobertura de internet al 80% de la población, para lo cual se utilizará el sistema y la fibra óptica de la CFE para llevar la red de la empresa Altán Redes a las zonas más apartadas del territorio nacional.

El plan contempla que en una primera etapa se instalen 2,800 antenas por todo el país, pero la meta son 5 mil; con esta infraestructura se tiene proyectado atender a 6.4 millones de habitantes de 18,634 comunidades.

La estrategia de Red compartida de telecomunicaciones para llevar conectividad al 92.2% de la población fue ideado en la anterior administración federal y para ello el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto concesionó el proyecto a la empresa privada Altán Redes a la cual doto de un ventajoso financiamiento por parte Banca de desarrollo.

La empresa mexicana de telecomunicaciones que tiene a su carga el proyecto de conectividad más ambicioso del país, empezó a tener problemas financieros por lo que pidió en abril del 2021 rediseñar el plan y prorrogar sus objetivos del 2024 al 2028.

Hasta mayo del 2021, el plan de Red Compartida de Altán alcanzó una cobertura de red del 61.1%, equivalente a 68 millones de habitantes, mientras que el restante 30.71%, es decir, 34 millones de personas serán alcanzadas en siete años.

El proyecto de telecomunicaciones del sexenio anterior se ideo bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y con el paso del tiempo se tenía un espectro nada envidiable, muy pocos clientes y una deuda que superaba los 850 millones de dólares y estaba muy lejos de llegar a la meta de que el 92.2% de los mexicanos estén conectados a la red para el 2024.

El Consorcio Altán, es un grupo integrado por una decena empresas constituido entre fondos de inversión como Morgan Stanley y operadores del sector como Axtel y Megacable, que ganó el contrato en 2016 para construir, operar y actualizar durante 20 años el proyecto de servicios móviles mayoristas conocido como la Red Compartida, el cual también pretendía mejorar otras prestaciones sociales como servicios de seguridad nacional, telemedicina y educación a distancia.

La construcción del proyecto de telecomunicación exigía una inversión total aproximada de 7 mil millones de dólares, y cuando esta obra estuviera completada en 2024 daría cobertura a 92.2% de la población para tener acceso a la red de banda ancha más moderna y eficiente en el mercado mexicano y a nivel internacional.

El esquema financiero del proyecto de Red Compartida Mayorista fue respaldado en 30% por la Banca de desarrollo; 33% por inversionistas privados nacionales y extranjeros y 37% por aportaciones que realizaron las firmas Huawei y Nokia.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron un contrato de crédito en 2016 con Altán Redes para participar en el financiamiento del proyecto Red Compartida mayorista de telecomunicaciones en México, a través de un préstamo por 13 mil millones de pesos en créditos, con madurez a 14 años (equivalentes a 690 millones de dólares o el 30% de la financiación total). Adicionalmente, la banca mexicana de desarrollo puso a disposición del Altan Redes hasta 4,750 millones de pesos en línea de liquidez.

En noviembre del 2021, la Juez Séptimo en Materia Civil de la Ciudad de México declaró a Altán Redes en concurso mercantil, lo que permitió a la compañía continuar con su reestructura para reorganizar sus compromisos financieros. La prioridad era dar continuidad a la operación de su red y de los servicios de telecomunicaciones a clientes y usuarios finales.

La empresa privada de telecomunicación tenía proyectado para este año desplegar infraestructura de punta para dotar de cobertura al 70% de la población mexicana, incluyendo mediante un agresivo programa de cobertura social a zonas de alta marginación y exclusión digital a nivel nacional para cubrir a 122 mil localidades de 250 a 5 mil habitantes.

El pasado 12 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Altán Redes, que es la empresa encargada del proyecto de conectividad de Red Compartida en el país, se convertirá en la primera firma rescatada por el Gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente de México confirmó que gracias a la injerencia de su Administración han logrado sacar a la compañía de las garras de la bancarrota.

“Estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera, en el sexenio pasado tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la nación, ya el Estado es socio mayoritario”.

Altán emitió hace unas semanas un comunicado en el que informó que ha conseguido financiamiento por 388.1 millones de dólares, de los cuales 161 millones son de banca mexicana y 59% de proveedores, accionistas y clientes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio el visto bueno para que Altán Redes recibirá financiamiento para su rescate, parte de accionistas y parte de la Banca Mexicana de Desarrollo.

Algunos accionistas convertirán deuda en acciones y otros accionistas, así como la Banca Mexicana, aportarán un crédito. A cambio, la Banca Mexicana de Desarrollo tendrá derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de Administración de Altán, pero los derechos del fideicomiso irán disminuyendo y revirtiendo en favor de los accionistas conforme el crédito se vaya pagando.

El nuevo esquema de crédito para salvar el proyecto de conectividad se conformó de la siguiente forma: Banca Mexicana aportará 161 millones de dólares y los accionistas por su parte se encargarán de 50.5 millones. Así, Banca Mexicana tendrá aproximadamente 61% de los derechos fideicomisarios y los accionistas el 39% restante.

Producto de la aprobación del financiamiento, el IFT también aprobó que las fechas para los hitos de cobertura sean distintos a los inicialmente planteados. Ahora la marca del 70% de cobertura deberá cubrirse para el 30 de noviembre del 2022, el 85% para el 24 de enero de 2027 y el 92.2% para el 24 de enero de 2028.

El Consejo de Administración de Altán Redes nombró el pasado 28 de junio a Anthony McCarthy Sandland como nuevo presidente de la compañía y a Carlos Lerma Cotera como director general. Es decir, el Gobierno tomó las riendas de la empresa.

La extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, (LyFC) tenía un proyecto para llevar internet a precios accesibles pero el decreto de extinción de la paraestatal frustro el proyecto.

El 11 de octubre del 2009 el gobierno de Felipe Calderón, emitió un decreto para liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, empresa que hasta ese día era la encargada de transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, al Distrito Federal, así como a 80 municipios del Estado de México, dos de Puebla, dos de Morelos y 5 de Hidalgo. La empresa que sustituyó a la extinta Compañía de Luz, fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedando como la encargada de suministrar electricidad a todo el país.

El Sindicato Mexicano de Electricistas argumentó que detrás de la liquidación de LyFC se escondían oscuros intereses, como la firma de un contrato por parte del gobierno mexicano para que una empresa montara un cableado de fibra óptica sobre los postes de luz que pertenecían a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el Valle de México, donde existe la mayor concentración poblacional lo que significa un negocio de más de 2 mil millones de dólares que bien podrían ser aprovechados por Televisa, en lo que se conoce como “triple play” en telecomunicaciones (Internet de banda ancha, televisión por cable).

La filial española WL Comunicaciones cuyos principales accionistas en México son Fernando Canales Clarion, (exsecretario de Energía y ex gobernador de Nuevo León) y Ernesto Martens también ex Secretario de Energía, consiguieron la firma de un jugoso contrato por parte del gobierno mexicano sin que mediara ninguna licitación, (cuando era presidente Vicente Fox), para que la mencionada empresa montara el cableado de fibra óptica sobre los postes de luz que pertenecían a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México, donde existe la mayor concentración poblacional. Con la liquidación de LyFC esta infraestructura pasó a ser activo de la CFE, pero concesionado a privados.

El contrato de la fibra óptica está asignado y firmado desde el sexenio de Vicente Fox, sin licitación de por medio, a la empresa G-TAC (que es una alianza entre Televisa, la española Telefónica, que en México es dirigida por Francisco Gil quien fue Sub-Secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas y secretario de la misma de entidad gubernamental en la administración de Vicente Fox-, y Megacable).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló en su informe del 2010 señaló que G-Tac, no garantizo las mejores condiciones para el Estado, pues con ello, según el organismo, dejará de obtener en los 20 años que se concesionó la fibra al menos 2 mil 450 millones de pesos por los servicios de telecomunicaciones que prestó en ese año a empresas públicas y privadas.

Al parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que terminar su sexenio sin que la mayoría de los mexicanos tengan acceso a internet y que este instrumento colabore para el desarrollo económico del país y el bienestar de la población. Lo que tampoco quiere el actual jefe del ejecutivo federal es repetir los errores que tuvieron los gobiernos neoliberales que lo antecedieron.

El Gobierno de la Cuarta Transformación rescato el proyecto de la Red Compartida de Altan y está impulsando un nuevo programa que lleva por nombre Internet para todos el cual consiste en que la Comisión Federal de Electricidad, llevara la conectividad digital a los lugares que no están cubiertos por las empresas privadas, es decir llevara el internet a las localidades más apartadas de México que en el argot técnico se conoce como la última milla.