Increíble, pero cierto. Lo que debía ser un hito de modernidad en la máxima casa de estudios de México se transformó en un ejemplo preocupante de opacidad, quizá involuntaria, que está afectando a un nutrido grupo de jóvenes que aspiran a cursar sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La primera edición completamente en línea del examen de ingreso a la UNAM 2026 dejó como saldo el 2% de pruebas anuladas, 158 mil 712 aspirantes, cientos de ellos en total indefensión, sin saber siquiera el motivo por el cual sus exámenes fueron anulados.
La universidad se escuda en su normativa y en la combinación de inteligencia artificial y monitoreo humano para justificar las cancelaciones. Pero la crítica fundamental no es que se haya vigilado, se entiende que así debe ser para que nadie haga trampa.
El problema es que esa vigilancia se hizo sin reglas claras, sin explicaciones individualizadas y sin dar a los afectados la posibilidad real de contradecir una acusación basada en criterios que nadie, fuera de los muros institucionales, conoce a fondo.
Hay algo más. Algunos estudiantes fueron citados a las instalaciones sin avisarles a qué iban y les ofrecieron repetir la prueba en ese momento. No me parece mal. Un poco injusto, eso sí, porque los y las jóvenes no debían repetir el examen, ya que la anulación no fue su culpa.
Otros aspirantes señalan que simplemente fueron anulados, sin explicación alguna.
Me imagino la frustración y el coraje que deben sentir, lo mismo que sus familias.
El punto más cuestionable recae sobre el sistema de supervisión automatizada. La UNAM no ha revelado qué parámetros utiliza su inteligencia artificial, ¿qué movimientos, ruidos o interrupciones se califican como “anomalías”? ¿Se ha probado su margen de error en condiciones reales? ¿Puede distinguir entre una caída de la conexión por causas ajenas al estudiante, un reflejo involuntario o una situación doméstica imprevista de una conducta fraudulenta?
Tampoco hay piso parejo. Mientras la Universidad tiene toda la información, las grabaciones, los registros y los criterios de evaluación; el aspirante solo recibe un aviso escueto y plazos limitados para intentar descifrar qué hizo mal. La exigencia de conocer las pruebas no es un capricho, es un derecho básico que la UNAM ha minimizado bajo el argumento de que actúa “conforme a la ley”. Ninguna norma universitaria está por encima de los derechos humanos de los jóvenes, que, me parece, están siendo vulnerados.
Anular exámenes sin demostrar la falta es abrir la puerta a la arbitrariedad, al error no corregido y a la desconfianza en la institución que debería ser garante de la excelencia y la equidad.
Este episodio deja una enseñanza que no debemos desestimar: la tecnología no está exenta de error, no es infalible, y una falla en su aplicación puede ocasionar más desastres que los errores humanos.
La UNAM está fallando al priorizar la agilidad aparente sobre la certeza real. Mientras no abra completamente sus protocolos, valide externamente sus herramientas de supervisión y brinde a cada afectado una explicación detallada y accesible, el costo de este proceso no será solo de quienes perdieron su oportunidad, sino del prestigio y la autoridad moral que le han costado décadas construir.
¿Y si regresamos a las pruebas de admisión que se hacen en pupitres, en un aula, con papel y lápiz? No estaría mal.