Nos invitaron al Senado para comunicar que dentro de los trabajos por una #LeyVicaria de alto calado para proteger a las mujeres, madres e infancias habrá un Foro el 4 de mayo en la Sala de Comparecencias, sin embargo, a media rueda de prensa, el silencio se rompió: Un senador ha sido agresor.

Noé Castañón acumula un pasado oscuro: En 2018, su propio partido lo expulsó por tener acusaciones de violencia intrafamiliar y secuestro. Quién diría que la salida del PRI no iba a ser suficiente obstáculo para su viciada toma de protesta posterior. Movimiento Ciudadano lo acogió en su grupo parlamentario y ahí lo mantuvo, sin cuestionar el daño que le genera a las mujeres y a los niños. Cuando las madres organizadas, respaldadas por el feminismo, nombraron a la violencia vicaria como aquella que se ejerce en contra de ellas a través de los hijos, el senador se atrevió a pedir “que aplicara también para hombres” pues en la lógica de sus agresiones pretendía cubrir su propio beneficio antes que analizar un problema público.

Es sorprendente que se haya pasado por alto el uso del aparato legislativo para encubrir los actos de uno de sus integrantes. Pero donde no se pasó por alto fue en el grupo parlamentario de Morena, donde varias senadoras, desde Malú Micher, Nestora Salgado, Antonieta Cárdenas, Olga Sánchez Cordero hasta el vicepresidente de la mesa directiva, José Narro Céspedes, han recibido, escuchado y atendido a distintas colectivas feministas en búsqueda de un marco legal que le ponga el alto a la impunidad.

Arropada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Mayte López, ex esposa del emecista Noé Castañón, acudió al Senado y tras ser cuestionada, aceptó ser víctima de violencia vicaria por parte del legislador. Esta violencia es vieja, pero se ha nombrado recientemente gracias a Sonia Vaccaro y a las feministas de España, México y Chile. Se trata de aquella que se comete cuando los padres deciden arrebatar a sus hijos de sus madres con el objetivo de generar un daño en contra de las mujeres, maltratando también a los menores psicológica y físicamente.

La cadena de daño se remonta al pago de pensión alimenticia, que al ser exigido por parte de las madres, obtienen por respuesta el arrebato, ocultamiento, retención o sustracción de sus hijos. Diana Luz Vásquez, fundadora de la Red Nacional de Deudores Alimentarios, acompañó este acto e hizo énfasis en que son 25 millones de madres jefas de familia. La Ley Sabina y la Ley Camila acompañan esta triada de protección a las madres e infancias.

En respuesta, el senador se mostró furioso. Reclamó en todos los espacios que pudo, amagó con ordenar nuestro desalojo y finalmente, respondió que no litiga en los medios.

La Ley Vicaria, consistente en reformas a la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la que se propone reconocer la violencia vicaria como una violencia machista, cuyo nombre se remonta al estudio de la psicoterapeuta Sonia Vaccaro, quien la nombra como: “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer, es una violencia secundaria a la víctima principal que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño es a través de terceros, por interpósita persona”.

El senador de Morena, José Narro Céspedes, trabaja en un paquete de reformas a distintas disposiciones con la prioridad de proteger a las madres e infancias de este tipo de violencia. Una de las propuestas de la Ley Camila también impulsada por el Senador consiste en la creación de la Alerta CAMI, una comunicación entre Fiscalías, policía y Guardia Nacional que permita incorporar al Sistema Nacional de Búsqueda las fichas de niños que han sido sustraídos.

Actualmente, no existe ninguna herramienta para localizarlos ya que la Alerta Amber únicamente es aplicable cuando se desconoce quién se llevó a los menores o cuando los responsables de la desaparición no tienen vínculos familiares con los niños.