La historia (o amenaza, según la definen algunos) se ha puesto en marcha nuevamente. La nueva decisión del presidente Trump de autorizar el uso del ejército de los Estados Unidos para combatir a cárteles extranjeros marca un punto de no retorno en la política hemisférica de seguridad. Esta acción, que responde a años de permisividad, complicidad política y deterioro institucional en México, no debe ser vista como una amenaza externa, sino como la consecuencia directa de una claudicación nacional ante el crimen organizado.
México ha dejado de ser un aliado confiable para Washington. El pacto de seguridad está roto en la práctica, aunque se firme y publicite en Palacio Nacional. La afirmación de la presidenta Sheinbaum de que “no habrá intervención militar en nuestro territorio” carece de toda sustancia ante la evidencia: hay regiones completas del país donde el Estado mexicano ha abdicado su soberanía, donde mandan los cárteles, donde la ley es una palabra vacía a pesar de la presencia e intervención del ejército mexicano.
Según sus leyes, el presidente y el ejército norteamericano no necesitan permiso para actuar. Su mandato es claro: proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. En este contexto, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no fue una ocurrencia retórica: es la base legal para justificar acciones extraterritoriales, incluidas incursiones quirúrgicas, interdicciones navales y neutralización de objetivos de alto valor.
Advertimos desde hace años este escenario. Cuando la clase política mexicana apostó por la normalización de los abrazos y la criminalización de los balazos, organizaciones, ciudadanos e institutos políticos alzamos la voz para decir que la inacción tendría un precio. Hoy ese precio se paga con la cada vez más cercana intervención. Pero cuidado: si México no actúa ahora, la siguiente fase no será quirúrgica ni selectiva, sino estructural. Será el rediseño de facto del mapa político y militar de América del Norte.
Hay quienes creen que basta con negar públicamente la intervención para evitarla. Voces afines, desde la academia, algunos medios y en la administración pública se burlaban hace un año de la posibilidad de una operación militar regional. Hoy, el Pentágono tiene órdenes en firme. Hoy sabemos que Trump anuncia, Sheinbaum negocia y gana tiempo. Pero también sabemos que, en mayor o menor medida, lo anunciado se cumple; hoy hay aranceles, hoy (aunque sea pataleando) hemos dejado atrás los abrazos y, lento, muy lento, pero estamos atendiendo las solicitudes en materia migratoria y de seguridad. Hoy no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a renegociar el TLC y debemos atender primero los llamados urgentes de Estados Unidos. Por todo ello, es necesario hacer conciencia de que, con este nuevo anuncio, aunque sea formalmente, el reloj corre.
Y si bien es cierto que ningún mexicano cuerdo se pronunciaría en favor de una intervención militar extranjera, también lo es que, desde el norte y hasta el Bajío, hay sectores sociales, económicos y políticos que no aceptarán seguir atados a un gobierno que se siga mostrando, al menos frente al narco, débil, infiltrado y cómplice del crimen. El sueño de una nación federada, libre y soberana no morirá en manos de los cárteles ni de quienes pactan con ellos. No es momento de señalar si unos son cómplices y otros traidores; es tiempo de levantar la voz por una nueva República, capaz de defender su soberanía desde la ley, el orden y la verdad.
La verdadera amenaza no es Trump. La verdadera amenaza es el avance de la ilegalidad o, lo que es lo mismo, el vacío de autoridad en México.