Los tres poderes de la unión se transformaron en espacios capturados por “clanes” o grupos familiares afines al poder dentro del gobierno: los Monreal, los López Hernández, los Delgado Carrillo, los Bartlett, los Durazo, los Tadei, la familia Alcalde Luján, la de Pablo Gómez, entre otros, son algunos ejemplos.
Estos apellidos no solo comparten cercanía con AMLO, también cargos públicos, contratos, influencias y privilegios que contradicen frontalmente los principios que decían defender y, por ende, amenazan no a Claudia, sino a México.
¿Qué debe hacer Claudia?
El dilema es monumental. Por un lado, la presidenta tiene la opción de mantener el legado de su antecesor y continuar administrando una estructura política plagada de irregularidades y por otro, puede iniciar investigaciones, limpiar instituciones y reformular las bases del gobierno que prometió encabezar con honestidad, lo cual implicaría una ruptura.
La ruta que elija marcará su presidencia y legado histórico.
Claudia Sheinbaum puede seguir defendiendo lo indefendible o demostrar que tiene un proyecto verdaderamente transformador. Pero, para ello, tendrá que tomar decisiones difíciles y, posiblemente, romper con la estructura de quien la llevó al poder, asumiendo los riesgos que esto implica.
¿Lealtad o república?
De manera cotidiana surgen los escándalos por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado; gobernadores, funcionarios, secretarios de Estado y legisladores están bajo sospecha.
En este contexto, la presidenta se encuentra atrapada entre la lealtad a su mentor político y el deber de gobernar para todos y actuar con justicia.
Si decide proceder legalmente contra estos personajes, significaría desmantelar la 4T y una inminente ruptura con López Obrador y la estructura política que dejó tras de sí. Lo que vivimos, no parece ser una transformación política, sino la consolidación de una estructura de poder organizada para servir como red de complicidades y, como jefa del Estado mexicano, Sheinbaum tiene la responsabilidad legal y moral de desmontar este entramado, por más alto que llegue.
Corrupción y cinismo
Casos como el del senador Adán Augusto López Hernández, señalado entre otras cosas, por recursos no reportados en su declaración patrimonial, son un grave ejemplo.
Además de las fundadas sospechas de haber participado en redes de corrupción ligadas al huachicol, de financiamiento de campañas con recursos ilícitos, e incluso de tener nexos con el crimen organizado a través de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel de “La Barredora”, detenido recientemente, investigaciones periodísticas, como las de N+ Focus, revelaron una serie de transferencias millonarias entre empresas que recibieron recursos públicos y otras clasificadas como “fantasma” por el SAT.
Coincidentemente, bajo la gestión de la hermana de Adán Augusto como auditora fiscal del SAT desde diciembre de 2018, la detección de empresas fantasma se desplomó, de más de 3,000 casos en 2018, a apenas 81 en 2023.
Imposible ignorar que, casualmente, la instancia encargada de investigar era la UIF y su titular en esos momentos Pablo Gómez, cuya exesposa era la tesorera de la federación.
No hay casos aislados
Otros personajes, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa; Mario Delgado, exdirigente de Morena y actual secretario de Educación, como operador financiero del huachicol para campañas políticas, además de estar relacionado con la tragedia de la Línea 12 del Metro.
Los nombres relacionados con ilícitos se acumulan y con ellos la presión sobre la presidenta, quien, en medio de todo, ha optado por asumir una postura ambigua.
En el caso de Adán Augusto pidió que el senador diera su versión, pero al mismo tiempo aseguró que “no hay ninguna investigación en curso” contra él: “No, no se está investigando; de parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación”. Incluso, sobre los recursos no declarados, se limitó a comentar: “Que aclare, que aclare el senador”.
Esta actitud genera inquietud
En cualquier otro momento político del país, situaciones tan graves como estas habrían ameritado investigaciones formales por parte de las instituciones correspondientes. Ahora, las acusaciones parecen quedar a juicio del señalado, quien funge simultáneamente como juez y parte, sin instancia que intervenga ni del del Ejecutivo ni de la Fiscalía.
Lo que no puede seguir pretendiendo, es hacer como que nada sucede mientras el país se hunde entre escándalos, impunidad, corrupción y desconfianza, con el riesgo de su propia permanencia y la posibilidad de una revuelta social.
X: @diaz_manuel