De la “verdad histórica” al “golpe histórico”: cuando el adjetivo sustituye a las pruebas.
La Fiscalía General de la República ha perfeccionado un nuevo método de investigación criminal: primero anuncia el éxito, después busca el delito. En Guanajuato presumió el mayor decomiso de huachicol del sexenio: 59 millones de litros, diez tanques y un “golpe histórico”. Faltaban algunos detalles menores, como demostrar que el combustible fuera ilegal, identificar a los responsables y detener siquiera a uno. Nada que deba estropear un buen boletín.
El operativo se realizó el 4 de septiembre en una terminal de San José de Iturbide, pero fue anunciado trece días después, oportunamente cerca de la visita de Claudia Sheinbaum a Guanajuato. La planta no quedó clausurada y reanudó actividades desde el día 10; el combustible permaneció allí, no se colocaron sellos y la empresa afirmó contar con permisos y documentos que acreditan sus operaciones. El decomiso más grande del sexenio resultó tan discreto que nadie se llevó lo decomisado.
La FGR respondió que no todas las empresas relacionadas han acreditado “de manera completa y fehaciente” la licitud del origen, manejo y destino del combustible. Puede ser. Pero existe una diferencia elemental entre investigar 59 millones de litros de procedencia dudosa y anunciar que se desmanteló una operación de huachicol. La primera es una hipótesis ministerial; la segunda fue propaganda presentada como sentencia. En la Fiscalía de Ernestina Godoy, al parecer, la presunción de inocencia también se mide por litros.
Ahora Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atraiga la carpeta a la Ciudad de México. Es decir, la FGR atrajo su propia investigación para investigar cómo investigó la propia FGR. Una elegante manera burocrática de quitarle el expediente al delegado estatal, Juan Francisco Vera, sin admitir que alguien convirtió una diligencia todavía inconclusa en una ceremonia de victoria nacional.
México transitó así de la “verdad histórica” de Ayotzinapa al “golpe histórico” de Guanajuato. En ambos casos, la palabra histórico cumple la misma función: conferir solemnidad a una versión que todavía no resiste el expediente. Murillo Karam pretendió cerrar una tragedia mediante una narrativa oficial; Godoy quiso inaugurar una hazaña antes de reunir las pruebas. Las dimensiones no son comparables; el vicio institucional sí: cuando falta certeza, sobra escenografía.
No es el primer perro oso de la fiscal. En la Línea 12, durante su gestión en la Fiscalía capitalina, 26 muertos produjeron imputaciones contra funcionarios de rango medio y acuerdos reparatorios, pero ninguna explicación judicial que alcanzara a quienes tomaron las grandes decisiones políticas, presupuestales y administrativas. La justicia avanzó con extraordinaria prudencia hacia arriba y admirable energía hacia abajo. La gravedad, como la responsabilidad, solo operó en un sentido.
Ya en la FGR, Godoy decidió prolongar la persecución contra Israel Vallarta y combatir su absolución, pese a que permaneció casi veinte años encarcelado sin sentencia y a que su detención nació de un montaje televisivo reconocido públicamente. En junio, un tribunal confirmó definitivamente su libertad. La Fiscalía perdió el recurso, pero defendió hasta el final una de las estampas más vergonzosas de la procuración de justicia mexicana. Hay montajes que se desmontan y otros que se apelan.
También bajo su conducción, la FGR sigue tropezando con la Estafa Maestra. Hace apenas unos días, un tribunal revocó el proceso contra el exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio porque la Fiscalía no aportó datos suficientes para presumir que hubiera cometido el delito imputado. El expediente venía de la administración de Alejandro Gertz Manero, ciertamente; pero Godoy no fue designada para administrar sus ruinas, sino para corregirlas. Cambiar de fiscal sin cambiar la incompetencia es apenas rotar el membrete.
En Guanajuato solo existen dos posibilidades, y ambas son pésimas. Si Juan Francisco Vera proclamó el “golpe histórico” con autorización de Ernestina Godoy, la fiscal avaló un decomiso antes de acreditar el ilícito. Si lo hizo sin consultarla, entonces un delegado puede comprometer públicamente a la FGR, involucrar al Ejército y a las autoridades estatales y fabricar una victoria para la visita presidencial sin que la titular se entere. En una opción falta rigor; en la otra, mando.
Quizá aparezcan después documentos falsos, contrabando fiscal o combustible robado. Si así ocurre, que la FGR lo demuestre y procese a los responsables. Pero la justicia no puede operar como una mañanera: anunciar primero, verificar después y culpar a la comunicación cuando los hechos no cooperan. Por ahora, el golpe no fue contra el huachicol, sino contra la credibilidad de la Fiscalía. Y ese sí quedó plenamente acreditado.