Mónica Soto se ha despedido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que la Constitución contempla claramente que un magistrado sólo puede renunciar por causas graves, ella justificó, sin mayor explicación, que su decisión derivaba de su voluntad de “cerrar un ciclo”.
Así de simple. En otras palabras, como si se tratase de un puesto gerencial en una empresa, o como si fuese una empleada de una corporación que ha decidido pasar más tiempo con sus hijos, dejó vacante uno de los cargos más importantes del Estado mexicano. Sin embargo, sus razones son irrelevantes.
Lo que realmente trasciende es su equivocado, lamentable y penoso paso por el Tribunal. Soto, junto a Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, fueron los artífices de la decisión inconstitucional de otorgar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en 2024.
Si bien los oficialistas han pretendido desde entonces justificar la errónea interpretación de la ley cometida por los magistrados, no hay más que leer dos veces la integralidad del artículo 54 para entender la intención del Constituyente que buscaba que nunca más una fuerza política pudiese por sí misma reformar la carta magna.
Soto y sus dos aliados, haciendo a un lado cualquier criterio jurídico o de ética política, avalaron una sobrerrepresentación de más del setenta por ciento en la Cámara de Diputados, a pesar de no haber ganado más del 54% en las urnas. Ha sido quizás la estafa más abierta, y a la postre, más perjudicial, para la democracia mexicana. Derivado de ello, Morena y sus aliados consiguieron llevar a cabo sus reformas, y sobre todo, dieron lugar al mayor fraude en la historia reciente de México: la elección judicial; misma que supuso, como se ha debatido ampliamente, la destrucción de la independencia de los jueces y magistrados.
La ex magistrada y sus comparsas, a pesar de la evidencia que apuntaba hacia una operación de Estado dirigida a distribuir acordeones a lo largo del país, justificaron la validez de la elección pues no había indicios, según ellos, de que fuese una acción coordinada y sistemática. México entero fue testigo de la tomadura de pelo, y ellos, los magistrados, siguieron adelante. Una vergüenza en toda forma.
Mónica Soto, a pesar de su bajo perfil y del hecho de que su nombre no provoca apasionamientos en la vida de la nación, representa el rostro más oscuro y patético de la sumisión de un tribunal jurisdiccional ante el poder.
Tras su renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no descartaba que Mónica Soto se incorporase en el futuro a una función dentro del gobierno federal ¿Resultaría extraño verla como alta funcionaria o candidata de Morena a una senaduría o gobierno estatal, una vez que decida personalmente volver a la vida pública? Al tiempo.