Hannah Arendt advirtió, en su célebre estudio sobre el juicio de Adolf Eichmann, que el mal puede presentarse de forma banal: no como la obra de monstruos excepcionales, sino como el resultado de individuos comunes que, obedeciendo órdenes y atrapados en la lógica de un sistema, renuncian a pensar y terminan ejecutando atrocidades.
Hoy esa advertencia resuena con fuerza frente al gobierno de Benjamín Netanyahu y sus ministros. Son ellos, en pleno siglo XXI, los Eichmann contemporáneos: burócratas de la violencia que, con apariencia de normalidad, han desatado un genocidio contra el pueblo palestino.
Los hechos son claros. Más de 23 mil palestinos asesinados en Gaza en 2023, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Barrios enteros arrasados, hospitales bombardeados, escuelas de la ONU convertidas en escombros, y una población sometida deliberadamente a hambre, sed y enfermedades como resultado del bloqueo. La ONU, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos israelíes como B’Tselem han llamado las cosas por su nombre: crímenes de genocidio, de apartheid y de lesa humanidad.
No se trata de “daños colaterales” ni de un error militar: se trata de una política consciente, dirigida desde el poder político de Israel para aniquilar a un pueblo entero.
La banalidad del mal no surge en el vacío. Netanyahu encabeza el gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, coaligado con ministros que se autodefinen “racistas y fascistas”, como Bezalel Smotrich, quien llegó a decir que “el pueblo de Huwara debe ser borrado del mapa”. O Itamar Ben Gvir, que proclama sin pudor que los derechos de los judíos son más importantes que la libertad de los árabes.
Esas palabras no son retórica: son la traducción ideológica del apartheid que ya está en marcha. Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, sino —según su propia Ley Básica— un Estado exclusivo para los judíos, donde los palestinos carecen de derechos fundamentales.
Arendt vio en Eichmann a un hombre gris, incapaz de pensar más allá de su escritorio. Exactamente así actúan hoy quienes ordenan bombardeos masivos o firman decretos para demoler aldeas palestinas: funcionarios que convierten en rutina la muerte y el despojo.
Lo más perturbador es que lo hacen convencidos de cumplir un deber patriótico. Y la comunidad internacional, con sus silencios, complicidades e hipocresía, corre el riesgo de banalizar también nuestra percepción del genocidio: aceptarlo como normal, como inevitable, como “otra guerra más en Medio Oriente”.
La historia es implacable: ayer los judíos fueron las víctimas de un Estado genocida; hoy, en nombre del sionismo supremacista, el gobierno israelí se ha convertido en verdugo del pueblo palestino.
Frente a esa paradoja, nuestra obligación moral es clara: nombrar el mal por su nombre. Netanyahu y sus ministros son genocidas, racistas y supremacistas. Son, en la lógica arendtiana, los nuevos Eichmann. Y como tales, deben ser denunciados, juzgados y castigados por la comunidad internacional.
No hacerlo significa repetir la peor de las traiciones: convertir el “Nunca Más”, como ya lo es, en una consigna vacía e hipócrita.