El 18 de agosto, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura sobre los centros de datos. Una presidenta científica sabe que México necesita centros de datos para avanzar en inteligencia artificial, pero también que no tiene por qué convertirse en el centro de datos de otros lugares del mundo, porque consumen demasiada energía y demasiada agua. La distinción entre prohibición y planeación importa. Lo dicho no cancela necesariamente la infraestructura digital. Traza una frontera, y la traza una científica que sabe cuántos litros cuesta enfriar un servidor.
Detrás de la frase hay una realidad ya instalada. Querétaro concentra cerca del 79% de la capacidad nacional de centros de datos, con estimaciones que oscilan entre 72 y 80% según el reporte que se consulte. Desde 2021, al menos una docena de grandes complejos comprometió alrededor de 15 mil millones de dólares en la entidad. Ahí operan KIO, Equinix y ODATA, junto a hyperscalers como Amazon y Microsoft. CloudHQ levanta un campus de seis edificios con 900 megawatts y una inversión de 4,800 millones de dólares, previsto para 2027. Las proyecciones oficiales hablan de más de 1,300 megawatts hacia 2031. Municipios como El Marqués y Colón ya reportan presión sobre el suministro.
Por eso hablar de la llegada de los centros de datos es una hipótesis vencida. Ya llegaron. Los que faltan son más grandes y esperan turno. La realidad es que hay un vacío legislativo pendiente.
El punto de quiebre es el agua. La escasez no se reparte por igual. Recae sobre quienes menos tienen, mientras las tecnológicas ya instaladas aseguran el recurso que necesitan para operar. Algunas prometen sistemas de enfriamiento sin agua. En Holanda, las estrategias para enfriamiento mudan sus centros de datos a complejas estructuras en el mar que aprovechan los recursos de manera eficiente. La promesa es plausible y también es apenas eso, una promesa. En el caso de nuestro país, vale lo que valga quien la verifique. La legislación local hace su parte en la ecuación como en el caso de Querétaro, donde se consolida una tendencia a la privatización que transforma un bien común en insumo industrial con dueño.
Creo que es un momento clave para tener una presidenta ambientalista y científica porque nuestro país es atractivo para todo el mundo ya que la legislación permite flexibilidad. Una científica sabe que un proceso que consume agua y electricidad para devolver pocos empleos es un intercambio caro en un país con estrés hídrico. Sabe también que el agua no se renueva a voluntad. Ferrajoli la llamaría un bien fundamental, anterior a cualquier contrato, que el derecho existe para proteger antes que para repartir. Nuestra Constitución dice que es un derecho fundamental, pero en la vía de los hechos, comunidades completas no tienen acceso a este recurso básico, pues más que leyes, el agua se trata de disponibilidad e infraestructura.
El momento es crítico porque la frontera que se enuncia en la mañanera todavía no es norma. Mientras tanto, los congresos locales legislan en sentido contrario y el capital privado ocupa el terreno. Una declaración presidencial no detiene una subestación de 900 megawatts, pero sí permite comprender el sentido de la política nacional y que gobernadores, alcaldes y congresos locales puedan integrarse en el mismo sentido. El cambio lo hace una planeación con límites por región, con contabilidad del agua y con un guardián que responda cuando el recurso falte.
Un derecho vale lo que vale su guardián. Falta saber quién cuida el agua cuando el progreso tiene sed.