Tras la salida de Cuauhtémoc Blanco del gobierno de Morelos con un sexenio marcado por la desconfianza y el desgobierno, se abrió una ventana para replantear el rumbo de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia pública en el país. A menos de un año de una nueva administración estatal, el balance en la Fiscalía General morelense, encabezada por Edgar Maldonado, parece mostrar resultados.
El propio Maldonado lo subrayó en su primer informe semestral ante el congreso de aquella entidad, “esta no es una Fiscalía de venganzas políticas, ni de fabricación de delitos”. Palabras que suenan a deslinde del pasado inmediato, cuando la justicia era vista como un botín y no como una institución al servicio de las víctimas. El fiscal presume 117 operativos, 378 órdenes de aprehensión y 344 cateos; cifras que contrastan con la inercia de años anteriores, donde el abandono institucional parecía la norma.
Pero este cambio no se mide en números. El funcionario recordó la apertura de la Unidad de Atención Temprana en Cuernavaca y la rehabilitación de los municipios de Cuautla y Jojutla, todas funcionando las 24 horas del día, y que apuntan hacia un modelo que, coloca a la ciudadanía en el centro de la gobernanza pública. A esto se suma la oficina de Denuncia Digital, recurso tecnológico que agiliza procesos y rompe con la burocracia que solía ser sinónimo de impunidad y tortuguismo.
No obstante, no todo es aplauso. El propio contexto obliga a matizar; si bien la Fiscalía habla de la localización del 82% de las personas reportadas como desaparecidas en el presente semestre, Morelos sigue cargando con una herida profunda en materia de violencia e inseguridad. Un puñado de sentencias por secuestro no cambia, por sí sola, la percepción social de que el crimen organizado sigue teniendo la última palabra en regiones completas del estado. Por ejemplo, la línea fronteriza con la capital del país, de manera particular, Huitzilac.
La gobernadora Margarita González Saravia apuesta a mostrar que, el relevo político se puede traducir en resultados sociales. Por el momento, la Fiscalía ha sido su carta más fuerte en este arranque de mandato. Sin embargo, se antoja preguntar, ¿estamos ante un cambio estructural o frente a un maquillaje temporal para ganar tiempo y credibilidad institucional?
Lo cierto es que, tras años de parálisis bajo el mando de Cuauhtémoc Blanco, la Fiscalía de Morelos parece haber despertado. Pero de nada servirá que sume un cúmulo de dictámenes científicos, reduzca el número de denuncias o subsidios millonarios, si la justicia carece de transversalidad social ante los morelenses.
A lo lejos, y en el plano político, pareciera que el escándalo de Uriel Carmona Gándara -designado titular de esa Fiscalía en 2018, durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu- pudiera haber quedado atrás luego de que, el pasado 6 de febrero fuera removido del cargo por el congreso local, horas después de haber presentado una solicitud de juicio político en contra del entonces diputado federal Blanco Bravo para iniciar una investigación en su contra por el presunto delito de violación en grado de tentativa en contra de la media hermana del exgobernador.
Los resultados, por el momento, son alentadores, sí, pero el reto es mayor, demostrar que no se trata de un golpe de efecto, sino de un cambio de fondo. El último día de septiembre cumplirá un año la administración estatal de González Saravia, pero aún faltan cinco.
Punto Cero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó el papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil como agentes que promueven la vigencia y fortaleza de las democracias para garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho. Nancy Hernández López, quien preside la CIDH, explicó que en diversos Estados, entre ellos el nuestro, se fortalecen marcos legislativos para impulsar a la sociedad en su conjunto, de manera particular a los grupos vulnerables como mujeres, madres solteras, niños y personas adultas mayores.