El Derecho puede ser entendido como moral pública laica democrática convertida en normas jurídicas.

La moral pública laica democrática se refiere al conjunto de las creencias valiosas en las que convergemos la mayoría de las y los mexicanos y que el derecho electoral y parlamentario se encargan de convertir en Derecho.

Normas jurídicas en la medida en que la Constitución no solo recoge y plasma aquellas creencias sino que también las dota de fuerza normativa y organiza los instrumentos para que se cumplan.

Las columnas más leídas de hoy

Es así que creemos en los derechos humanos, la soberanía popular, la división de poderes, la democracia representativa y la directa o participativa, los controles al poder, la igualdad formal y sustancial, o bien, la justicia.

En los últimos 40 años la moral pública prevaleciente en México creyó mayoritariamente en los derechos individuales, la productividad, la competencia o el libre comercio internacional, el freno al presidencialismo o el fortalecimiento del poder judicial, por lo que la Constitución plasmó esas preferencias.

Empero, en los más recientes 5 años la moral publica democrática parece haberse movido en otra dirección más o menos radical.

También puedes leer

El programa votado por una amplia mayoría ciudadana en 2018 porta un mandato en el sentido de revisar las causas y consecuencias de las reformas constitucionales previas y, en esencia, rebalancear los derechos individuales con los derechos sociales y colectivos, reivindicar a los débiles y revertir la desigualdad.

Además, parecería que a esa mayoría o a una buena parte de ella no le importa arriesgar el Derecho o la gobernabilidad con tal de remontar su condición precaria y desesperada. Por ende, exige efectividad mas que formalidades u observancia de las normas que operan como obstáculos a sus deseos.

Así las cosas, habrá que reflexionar sobre los significados de los más recientes tres ejercicios electorales: los comicios intermedios de junio de 2021, la consulta ciudadana sobre responsabilidad de expresidentes de la República y la revocación de mandato.

Una lectura serena de esos textos parece indicar que la super-mayoría de 2018 ha atenuado sus deseos y ahora prefiere mas ponderación en las reformas constitucionales y legales, lo mismo que las políticas públicas respectivas.

Si eso es verdad, al menos en buena medida, entonces se puede pronosticar el futuro de la pretendida reforma electoral o de la posible reforma en seguridad para adscribir a la Guardia Nacional: la misma experiencia que la de la reforma eléctrica.

Significa que, o se negocia sin posiciones irreductibles o no pasarán en sus términos actuales.

La conseja del sabio es pertinente: despacio que llevo prisa.

En todo caso, si estás reformas capitales se hubieran intentado en el primer bienio del sexenio, quizás sí habrían encontrado mejor ambiente y condiciones políticas.

La moral pública es cambiante. Hoy parece que no quiere arriesgarse de más.