En los días que corren estamos asistiendo en México a nuevos capítulos de la lucha por la prevalencia de la Constitución y el Estado de Derecho en favor de los derechos.

Sea la libertad de expresión, las elecciones locales, el procedimiento para la revocación del mandato, el uso de la propaganda gubernamental o la explotación minera o del litio, está a prueba el poder de la Constitución frente a la Constitución para servir al poder, sea este legítimo o ilegítimo.

El poder de la Constitución consiste en la fuerza de nuestras convicciones prácticas compartidas para que el Estado en su conjunto esté sometido a aquella y se consiga un grado aceptable de respeto y concreción efectiva de los derechos, hoy tan cumplidos como vulnerados.

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El poder de la Constitución supone mantener activas las garantías de esos derechos y que los poderes públicos y los órganos autónomos de garantía y control: del INE al INAI, de la COFECE al IFETEL o del TEPJF a la SCJN no intervengan sin justificación legítima y reforzada en el ámbito de los derechos individuales si no es para promoverlos, asegurarlos y hacerlos progresar.

Al mismo tiempo, el poder de la Constitución obliga a atender y satisfacer en medida digna los derechos colectivos porque de lo contrario las instituciones políticas pierden sentido y credibilidad, según ya lo hemos experimentado.

Ahora bien, la Constitución no puede ni debe estar a disposición de mayorías coyunturales para hacer posible la justicia social a costa de los propios derechos y sus garantías. Ampliar la justicia social requiere no solo consensos sino también ponderar la interdependencia entre derechos y principios.

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En este sentido, la política democrática debe prevalecer frente a cualquier tipo de autoritarismo que pretenda imponer una visión única, ya desde el estado, o bien desde la sociedad.

El poder de la Constitución no consiste en su uso conveniente, en su evasión o su desuso por ignorarla.

La fuerza de la Constitución crece en la legitimidad de las instituciones políticas y jurídicas que deben funcionar en garantía de los derechos, principios y fines de la sociedad democrática y los sectores sociales más vulnerables.

La firmeza y coherencia en la conducción de la vida pública del país es compatible con el ejercicio de atribuciones y competencias previstas en la Constitución, cuyo carácter perfectible es más que evidente.

El poder de la Constitución es el poder de la democracia. Esta no es sostenible sin derechos sociales e individuales en mínimo equilibrio.

Si no se quiere perder la integridad y viabilidad del país, hay que acrecer el poder de la Constitución que practicamos a diario.