El modelo impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al estilo de los populismos autoritarios, buscó el respaldo absoluto de las fuerzas armadas para consolidar su poder.
Al entregarles contratos, privilegios y funciones ajenas a su misión, como la construcción de infraestructura, administración de puertos, aeropuertos y aduanas, desdibujó su papel constitucional como garantes de la soberanía, convirtiéndolos en su ejército pretoriano.
Hoy, ese esquema comienza a desmoronarse. Las investigaciones periodísticas, el reclamo social y, sobre todo, la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, configuran un cerco que parece estrecharse cada vez en torno a AMLO y sus operadores políticos.
La red de corrupción
Mario Delgado, uno de los operadores señalados, es secretario de Educación y expresidente nacional de Morena. A él se le acusa de haber coordinado una red de financiamiento ilícito a campañas estatales, cuyos beneficiarios serían Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa), quienes tendrían nexos —directos o familiares— con grupos disfrazados de empresarios que comercializaban huachicol o estaban vinculados al crimen organizado.
Esta red habría contado con protección de mandos militares: desde el exsecretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, pasando por Audomaro Martínez (titular del Centro Nacional de Inteligencia), hasta mandos regionales del Ejército y de la Marina. En esta última, además de Rafael Ojeda, sobresalen figuras clave en puertos como Manzanillo, Tampico y Mazatlán, donde se gestaban operaciones ilícitas de gran escala.
El control de aduanas
La decisión presidencial de asignar a la Sedena el control de aduanas fronterizas y a la Marina el de puertos, generó disputas por zonas de influencia estratégica.
La lucha por el control desató una clara confrontación entre ambas instituciones, especialmente cuando la Marina canceló acuerdos operativos con la ANAM, lo que incluso derivó en la salida o desplazamiento de funcionarios civiles que habían sido reinstalados en aduanas portuarias
Este reparto de poder y privilegios entre la Sedena y la Marina generó fricciones internas. Según distintas fuentes, hubo enfrentamientos por el control de aduanas, presupuestos y zonas estratégicas.
Aunque intentó minimizarlas, en abril de 2023, López Obrador reconoció tensiones entre ambas instituciones, también advirtió sobre filtraciones provenientes de la DEA y el Pentágono que exponían esas rivalidades y operaciones dudosas.
Nacionalismo a la 4T
El modelo recuerda a Venezuela, donde Hugo Chávez transformó a las fuerzas armadas en su principal sostén político. AMLO lo replicó, apelando al nacionalismo y usando el discurso de “defensa del presidente ante enemigos externos e internos”, para comprometer emocionalmente a las fuerzas armadas.
El caso del vicealmirante Farías Laguna, vinculado al huachicol fiscal, es un golpe frontal a esa narrativa. Aunque el exsecretario Ojeda había denunciado irregularidades desde 2023, no fue sino hasta la incautación del buque Challenge Procyan en 2025 cuando se realizaron detenciones de alto perfil.
Pero, ¿por qué los operativos comenzaron con la Marina, históricamente considerada como el cuerpo más profesional y menos corrupto?
Durante el sexenio de AMLO les fue confiado el control de puertos y aduanas con el argumento de blindar estos espacios. Sin embargo, terminó siendo la vía por donde se infiltró el crimen organizado.
En la SEDENA las señales de corrupción no son menores. El general Audomaro Martínez, director del CNI entre 2018 y 2024, fue señalado por medios estadounidenses como pieza clave en la entrega de recursos del Cártel de Sinaloa a operadores de AMLO y se le vincula con el nombramiento de administradores de aduanas implicados en contrabando de combustible.
Una capa más para el escándalo
Las revelaciones posteriores al asesinato del llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, obtenidas de su teléfono, una fuente inagotable de pruebas, y de su hermano, hoy testigo protegido, corroboran los vínculos entre el financiamiento ilícito y los líderes de Morena.
Los medios de comunicación como Código Magenta, Latinus y los documentos filtrados por Guacamaya Leaks con trabajo e investigaciones, hicieron su parte. En su momento periodistas como Carlos Loret de Mola revelaron que la maquinaria del Ejército utilizada en la construcción del Tren Maya (tramo 7) fue abastecida con combustible robado y que estas operaciones habrían sido coordinadas por el empresario Amílcar Olán, cercano a los hijos del expresidente.
Los hechos recientes indican que la red de protección de AMLO se debilita y que en las fuerzas armadas vendrá una limpia que les permitirá recobrar las legítimas funciones que la Constitución les confiere.
X: @diaz Manuel