La paridad constitucional en gubernaturas apenas es el primer paso de un cambio cultural de largo aliento en el que ser mujer sigue siendo factor relevante para que los electorados no terminen por convencerse de la autoridad y capacidad de las gobernadoras.
Sumado a ello, la antigua cultura predominante en la política que rompió con la moral de los cargos más altos mediante la corrupción, el influyentismo y esquemas sofisticados para enriquecerse, se ha logrado infiltrar en la moral de la Cuarta Transformación de maneras insospechadas. Nunca nadie pensó que alguna vez, iconos de la austeridad como la “Ministra del Pueblo” pudieran avalar el uso de mega camionetas de lujo blindadas, que a pesar del rechazo posterior por la condena social, dejó entrever que aquello del “aspiracionismo” tan criticado por el presidente López Obrador es parte de aquella vieja cultura no arrancada del todo en la que el poder y los niveles de algún funcionario debían notarse en sus hábitos, lujos y comodidades. Las camionetas eran legales, que no se malinterprete, pero no eran legítimas.
Pero al hablar de aquella antigua cultura del poder y el dinero nos referimos más bien a los escándalos que no se explican solo desde el derecho penal, sino desde la estructura de poder que los rodea. El caso del exesposo de la gobernadora Marina del Pilar no es únicamente una carpeta de investigación más, también es un conflicto diplomático, una gota que amenaza con derramar el frágil vaso en la relación con Estados Unidos, además de representar un espejo incómodo de cómo opera el poder cuando quien gobierna es una mujer.
Recordemos el origen panista del matrimonio y la distancia de Carlos Torres frente a Morena. Su apuesta, servir al oficialismo y servir a su propio partido, eventualmente se fracturó desde el momento en que sus visas fueron retiradas. Ya como gobernadora, la familia de Marina del Pilar creció y la cultura en el norte suele ser tradicionalista cuando se trata de familia, pero el conflicto legal ha valido el divorcio antes que dinamitar su carrera política y su tranquilidad misma.
Las actualizaciones sobre las investigaciones que pesan sobre Carlos Torres, su entonces esposo, colocaron a la gobernadora de Baja California en una posición que ningún gobernador hombre ha tenido que enfrentar con la misma intensidad: responder políticamente por los actos de su pareja. No por omisión probada, no por complicidad acreditada, sino por vínculo afectivo. El mensaje implícito es una pedagogía de género: cuando una mujer gobierna, su vida privada también gobierna su destino público. Algo jamás visto cuando se trata de gobernadores hombres, a quienes más bien suelen gozar de cierto respeto por la vida privada e inclusive, de un blindaje patrimonial cuando en juego se encuentra la familia. Sin caer en las espirales argumentativas de la oposición, la pareja de Manuel Barlett estuvo en el ojo del huracán por el crecimiento de su patrimonio entre 2019 y 2024, cuando el primero fue titular de la CFE. El argumento fue que no había matrimonio de por medio y no pasó del escándalo mediático.
El divorcio, en este contexto, deja de ser una decisión íntima para convertirse en una prueba de vida política, de lealtad al Partido Morena y al proyecto de nación de la presidenta. No es una separación sentimental, es un acto de supervivencia institucional. Una forma de decir “no soy él” ante una opinión pública que suele asumir que el poder femenino es siempre derivado, condicionado o contaminado por los hombres que lo rodean.
Aquello es puro y duro machismo institucional. Al día de hoy, la gobernadora no enfrenta acusación explícita pero si sufre los cuestionamientos de quienes aseguran que como esposa, tuvo que saberlo todo. Machismo también es exigirle a una mujer responder por los actos de su pareja o de los hombres de su vida, como de sus hijos, asumiendo implícitamente que es labor de las mujeres cuidar y controlar los aspectos de la vida de los hombres que las rodean. Aquel papel resulta paradójico pues la misoginia sobre el matrimonio suele estigmatizar a las mujeres que controlan y esa visión permea en los chistes y expresiones típicas, pero parece que en nuestro país, ser mujer y ser política implica irremediablemente un cheque en blanco a las parejas sentimentales que amenazan con terminar con el crecimiento o estabilidad de aquellas, inclusive, amenazan su propia libertad.
Aquí aparece una pregunta incómoda que Morena —y cualquier proyecto que se diga anticorrupción— no puede seguir evadiendo: ¿por qué los controles de integridad política terminan operando como castigos simbólicos para las mujeres y no como reglas claras para todos? Si el discurso es erradicar redes de corrupción, entonces debe asumirse que los vínculos familiares también pueden convertirse en zonas grises de poder informal. Pero ese control debe ser institucional, no selectivo ni misógino. Tendría que exigirse entonces transparencia y rendición de cuentas a familiares de los servidores públicos en lugares estratégicos, parejas e hijos principalmente.
La diferencia es brutal. Cuando un gobernador hombre tiene una esposa señalada por corrupción, el relato público suele deslindarlo: ella es ella, él es él. Cuando una mujer gobierna y su marido es investigado, el poder se le vuelve sospechoso. Se cuestiona su criterio, su carácter, su autoridad moral y hasta su capacidad de mando. A los hombres se les juzga por gobernar; a las mujeres, por con quién se casaron.
Desde una mirada feminista, este caso revela una verdad estructural: el poder de las mujeres sigue siendo frágil porque no se considera propio, sino prestado o vigilado. Siempre sujeto a validación, siempre a prueba, siempre bajo sospecha. La mujer con poder no solo gobierna un territorio, gobierna también las expectativas morales que la sociedad deposita sobre ella.
El reto no es menor. Si Morena realmente aspira a consolidar un proyecto ético, debe repensar su política anticorrupción más allá del discurso. Eso implica reglas claras sobre conflictos de interés familiares, sí, pero también implica reconocer que hoy esas reglas pesan más sobre los cuerpos y las carreras de las mujeres. De lo contrario, la narrativa de transformación se queda corta y el feminismo institucional se reduce a un eslogan.
La pregunta de fondo no es si Marina del Pilar es inocente o sabedora de algo, ni siquiera sobre si debe o no pagar costos políticos por lo que hizo su exesposo. La pregunta es por qué, en México, las mujeres gobernadoras siempre parecen tener que demostrar que merecen el poder, mientras los hombres lo ejercen como si fuera natural. Y mientras esa lógica no se rompa, ningún divorcio será suficiente para liberar a las mujeres del juicio permanente que el poder patriarcal les impone. Aunque este texto no implique un pronunciamiento sobre inocencia o responsabilidad que en todo caso, corresponde a fiscalias y juzgadores, si implica un cuestionamiento profundo sobre cómo es que pensamos y repensamos a las gobernadoras y de que manera continuamos responsabilizando a las mujeres por lo que hacen sus parejas con la lengua y el juicio mucho más afilado que cuando se trata de hombres. Simple.
X: @ifridaita