El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió una controversia en la que un justiciable fue exhibido en tendederos de victimas con su fotografía y datos personales por lo que demandó a las autoridades aludiendo al daño a su imagen y afectación a su honra, pero este tribunal resolvió en clave de igualdad: los tendederos de denuncia no constituyen violencia ni afectación ilegítima de derechos, sino un mecanismo de expresión y resistencia frente a la omisión institucional y la falta de garantías efectivas para acceder a la justicia en casos de violencia de género. Lejos de ser “linchamientos públicos”, son un ejercicio legítimo de libertad de expresión y un medio de presión social que busca romper el silencio y exigir respuestas.
El fallo judicial no llega en el vacío. Responde a una realidad en la que el sistema de procuración de justicia en México sigue marcado por inercias patriarcales: instituciones lentas, saturadas y en gran medida dirigidas por criterios machistas. Para las víctimas, denunciar un abuso implica recorrer un laberinto en el que muchas veces son tratadas como si fueran las responsables de probar su inocencia. Se parte de la premisa de que las mujeres mienten, y por ello deben aportar “pruebas” casi imposibles en delitos de realización oculta como el acoso o el abuso sexual, donde rara vez hay testigos o huellas físicas. En este contexto, exigir a una víctima que demuestre lo “indemostrable” es perpetuar la impunidad. No es casualidad que Julieta Cazzuchelli, nuestra adorada “Cazzu”, haya preferido sostener a su pequeña Inti con su propio trabajo y recursos antes que involucrarse en un martirio legal en contra de Cristian Nodal para conseguir justicia. Es como si el sistema castigara a las mujeres por ser víctimas.
Ahí radica la relevancia de los tendederos: se han convertido en una alternativa de justicia moral y social, apelando a la empatía colectiva en un entorno donde la justicia formal ha fracasado. Son espacios que permiten visibilizar la violencia que suele ocultarse tras las paredes de lo privado y que históricamente ha sido minimizada por las instituciones. Al evidenciar patrones estructurales de violencia, se rompe el pacto de silencio y se impulsa la exigencia de transformaciones reales. Los tendederos surgieron con el #MeToo y han llegado a universidades, redes sociales, monumentos y todo tipo de espacios públicos en donde se exhibe a quienes han sido abusivos y hasta criminales en sus relaciones laborales, docentes o amorosas y familiares.
El derecho internacional respalda esta postura. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Convenio de Belém do Pará y los informes de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer han insistido en que los Estados deben garantizar vías efectivas y accesibles de denuncia, así como medidas de reparación y protección. Cuando esas vías son ineficaces, los movimientos sociales tienen legitimidad para generar sus propios mecanismos de visibilización y resistencia.
En este sentido, los tendederos no sustituyen al sistema judicial, sino que lo interpelan: exponen su ineficacia, visibilizan la magnitud del problema y crean una presión social que exige celeridad y justicia. Intentar censurarlos sería, como advirtió el tribunal, un acto contrario a la libertad de expresión que vulneraría aún más a las víctimas. Además, los tendederos implican tres grandes cosas como el miedo que vencen las mujeres al romper el silencio, la advertencia del tipo de persona que se lanza a otras mujeres y empleadores o instituciones así como el reto de colocar a las audiencias en un dilema: o apoyas a las víctimas o ignoras aquellas denuncias y terminas apoyando al exhibido, con el riesgo de que después, te pase lo mismo o algo peor.
Hoy debemos recordar que los tendederos de denuncia son síntomas de un sistema patriarcal que ha fallado a las mujeres. Su función es ética y política: generar empatía social, evidenciar la impunidad y construir comunidad frente a la soledad institucional. Más que preguntarnos si son legales, deberíamos preguntarnos por qué siguen siendo necesarios. Y la respuesta, incómoda pero real, es que mientras la justicia se mantenga secuestrada por inercias machistas, las mujeres seguirán encontrando en las cuerdas y las cartulinas un espacio donde su voz, al fin, no pueda ser silenciada.
X: @ifridaita