La presidenta Sheinbaum, Ernestina Godoy, los voceros del oficialismo y los medios afines han dado rienda suelta a toda suerte de acusaciones y juicios en contra del ex gobernador Ernesto Ruffo, hoy preso en un penal federal. Como se sabe, ha sido formalmente encausado por ser la cabeza de una organización que habría comercializado ilegalmente combustible entre Estados Unidos y México, desde el estado de Baja California.
La intención de este texto no es defender la inocencia de Ruffo, sino apuntar hacia una serie de coincidencias e irregularidades que levantan cuestionamientos.
Primero, ha resultado en sobremanera llamativo que el escándalo se haya desatado en medio de las polémicas alrededor de los audios de la gobernadora en funciones Marina del Pilar Ávila, al tiempo que se ha descubierto que la mandataria pretendía negociar con agentes federales estadounidenses para evitar que se emitiese una orden de detención con fines de extradición en su contra.
Segundo, que Ruffo cargue con la responsabilidad penal de lo que es a todas luces una gigantesca operación que, lejos de involucrar sólo a una empresa mexicana, estaría relacionada con agentes aduanales y otras empresas e instituciones nacionales como Pemex y Hacienda, entre otros ¿acaso el ex gobernador bajacaliforniano era lo suficientemente poderoso desde su trinchera para ser el líder de toda una conspiración orquestada a todos los niveles del Estado?
¿Por qué no han sido detenidos funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adscrita a Hacienda, quienes habrían tenido participación directa en el huachicol fiscal operado desde ambos lados de la frontera? ¿Por qué no hay, al día de hoy, más personas imputadas, incluidos personajes ligados a las empresas que formaban parte de las operaciones?
La posible responsabilidad de Ruffo en los delitos señalados por la FGR bien podría ser cierta o infundada. Tendrá que aclararse. Lo que es evidente, empero, es el tratamiento brutal, sesgado, diferenciado y desproporcionado que los voceros y demás propagandistas del régimen han dado a un hombre de 74 años que merece que su caso sea evaluado y tramitado con justicia, sin tintes políticos y con todas las garantías que ofrece la ley.
Mientras el caso Ruffo roba la atención mediática, sujetos como Rocha, Inzunza, Villareal y Ávila, cuyos lazos con el crimen organizado son evidentes a la vista de la nación, disfrutan plácidamente del verano mientras sus nombres retroceden, en términos de menciones, en la opinión pública.