El martes pasado finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de 8 de sus 11 miembros, juzgó inconstitucional el traspaso administrativo y operacional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta resolución, se ha invalidado el decreto de AMLO que buscaba colocar a la Guardia bajo mando militar.
Nada sorprendente ha resultado, pues, que Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y la plagiaria Yasmín Esquivel se hayan pronunciado en favor de su constitucionalidad, pues es bien conocida la simpatía del primero hacia la 4T, a la vez que debemos recordar que Ortiz y Esquivel fueron nominadas por el propio AMLO, lo que les obliga, en su propio entender lejano a sus verdaderos deberes como garantes de la legalidad, a bajar los brazos y guardar lealtad al mesías tropical.
No han faltado, como siempre, los corifeos de AMLO quienes han repudiado la decisión de la Corte. Han acusado a los 8 ministros de ser conservadores y de atentar contra el interés general de la nación. Radicales como Gerardo Fernández Noroña se aventuraron a asegurar en sus redes sociales que la “ofensiva de los conservadores desde el Poder Judicial busca el desmantelamiento de la Guardia Nacional: despropósitos propios de una pseudo izquierda radical”.
El propio AMLO, tras haberse llevado el varapalo judicial, y encabritado por la decisión del máximo tribunal, aseguró que los ocho ministros habían actuado bajo motivaciones políticas y no jurídicas, por lo que conminó a sus simpatizantes a votar masivamente por Morena en 2024 para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.
Vamos a ver. Entremos en materia. No se trata de ser abogado constitucionalista ni especialista en materia de derecho constitucional para ser capaces de interpretar, sin una depurada técnica jurídica, lo que lee a la letra el artículo 21 de la Constitución párrafo décimo: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, será de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En otras palabras, un joven alumno de primaria podría fácilmente interpretar que el traspaso administrativo de la GN a la Sedena supuso, a todas luces, una violación flagrante e inequívoca de la letra constitucional. ¿Cómo se atreven, pues, los correligionarios de AMLO a aseverar que los ministros actuaron de forma facciosa y que estuvieron motivados por razones políticas? Reprobable.
Como se ha podido comprobar, y muchos mexicanos lo hemos celebrado, ocho ministros de la Suprema Corte se han comportado como verdaderos garantes de la legalidad constitucional. No obstante las diatribas, descalificaciones y amenazas surgidas de Palacio Nacional, actuaron en nombre del respeto del marco jurídico.
Lo siento, señor presidente. La recomendación, como usted mismo lo dijo, es buscar la mayoría calificada en el Congreso para poder llevar a cabo su “transformación”. Por lo pronto, la ley impera –aún- en México.