Acaba de iniciar un nuevo año escolar y, con él, continúan unos problemas añejos y, otros que no lo son tanto, en cada una de las escuelas públicas de toda la república.
El pago de las cuotas en las escuelas, a pesar de que, en su totalidad, son los comités de padres de familia quienes las recolectan y manejan, es un problema que, desde los docentes, se percibe como una especie de enfrentamiento entre maestros, autoridades y padres de familia. Hoy hablaremos de este tema.
Y es que las autoridades de la SEP, federal y estatales, en lugar de resolver este entuerto, pareciera que lo alientan con algún fin. Ante las declaraciones sistemáticas de las autoridades sobre de que no deben de pagarse las cuotas escolares, los padres de familia siguen presuponiendo que son los docentes quienes le meten mano a estas cuotas, aunque en la generalidad esto no sea así.
Un caso extremo es lo que afirmó la gobernadora de Veracruz en su conferencia de prensa del 24 de agosto de este año. Ante el cuestionamiento sobre las quejas de padres de familia referente a las cooperaciones en las escuelas públicas, afirmó: “primero tenemos que poner en todas las escuelas, afuera, una lona, de que no deben de pagar cuotas de inscripción”. Aunque después la gobernadora matizó su comentario cuando afirmó que también se debe de apoyar a los docentes y sus necesidades de las escuelas, el daño ya estaba hecho.
Una afirmación como esta, dada por una autoridad, genera malestar entre las comunidades educativas pues el mensaje que decodifican los padres de familia es que las cuotas que se les piden en las escuelas donde asisten sus hijos, son innecesarias o hasta ilegales.
Las comunidades de padres poco procesan la información de que las aportaciones es un acuerdo entre ellos mismos para apoyar a su escuela donde asisten sus hijos, dinero que administra su propia representación. Los padres, suponen equivocadamente, ante las declaraciones de las autoridades y al ser en las instalaciones de las escuelas donde entregan el dinero o el baucher del pago, que son los docentes quienes están coludidos en este tipo de cobros y en su posterior malversación. Y por el otro lado, la autoridad nunca precisa la naturaleza de las cuotas. Tampoco precisa, por ejemplo, que la NEM fomenta la resolución de problemas a través de la participación comunitaria y que, las cuotas se podrían convertir en una especie de aportación comunitaria a la escuela. Podrían ser, los dineros de los padres, una especie de espíritu de solidaridad con la resolución de las carencias de las escuelas. Carencias que existen por falta de dinero para la compra de material de aseo, reparaciones menores en sanitarios, herrería, electricidad, material de oficina o equipamiento de las aulas, entre otros. Pero no. Algunas autoridades pareciera que prefieren alentar la confrontación comunitaria a pesar de que saben que las escuelas siguen teniendo necesidades que nadie les resuelve. Pues, además, en muchas instituciones, cuando menos en Puebla, los montos que hace llegar la Secretaría del Bienestar a través del programa, La Escuela es Nuestra, no incluyen la compra de enseres básicos o reparaciones menores para las instituciones. Los responsables de la Secretaría del Bienestar les piden a sus comités que eviten todo contacto con los docentes de las escuelas beneficiadas y, en muchos casos, son ellos, los funcionarios, quienes proponen las obras y los proveedores.
Ahora bien. También es verdad, y tenemos que decirlo, que en muchas escuelas grandes los informes sobre el manejo de las cuotas son confusos o hasta inexistentes, de ahí que nuevamente el grueso de los padres deduce fálsamente que son los docentes quienes están involucrados en el probable mal uso de las cuotas, a pesar de que es su representación quien tiene la obligación exclusiva de informar. Esto se da por lo laxo que aun son las normas sobre el manejo de las cuotas escolares o aportaciones voluntarias y el discurso trillado de las autoridades.
Veamos. En varios lados existen escuelas enormes en donde su recolección de cuotas asciende a varios millones de pesos y, no es la generalidad, pero, existen casos donde los tesoreros se fugan con todo el dinero que tenían bajo su resguardo y nadie se hace responsable de darle seguimiento a las denuncias ante la fiscalía correspondiente. Muchos directivos, sin merecerlo, salen mal parados ante actos como estos (malos informes y/o desaparición del dinero).
Las cuotas, llamadas voluntarias que, en muchos lados, no lo son, existen desde que nació la SEP (1921). Quizás con otro formato, pero desde entonces los padres se empezaron a organizar para aportar algún dinero a la escuela donde asistían sus hijos. Con el paso de los años, en algunos lados, se les llamaba pago de inscripción. Si bien es cierto que fue desde 1980 cuando se expidió el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, es hasta el 2013 cuando se legisla y se prohíbe a las escuelas que, la no aportación de cuotas por parte de los padres, no debería de ser un impedimento para que las escuelas inscribieran a los estudiantes, así como no debería de negarse el documento que acreditaba la culminación de los estudios, entre otras cosas.
Ahora bien. ¿Cuál es la realidad? Por un lado, pareciera que a la autoridad le parece más cómodo alentar el enfrentamiento entre padres y docentes, tal y como vemos en el ejemplo de Veracruz, que verdaderamente regular este problema.
En función de las cuotas voluntarias, en México existen dos tipos de escuelas públicas: las de alta y muy alta demanda. Y las de baja y muy baja demanda. Las primeras están asentadas en medio de los grandes núcleos poblacionales y, en ellas, para que los padres de familia logren un espacio para sus menores hijos, es toda una odisea. De ahí que el pago de las cuotas que les piden, lo aportan sin chistar no importando el monto que sea. Pues saben o deducen que, si se niegan a pagar, su hijo perderá su lugar.
Los docentes tampoco tienen que ver mucho en esto, pero esas son las deducciones de los padres. También, por los mismos motivos, el grueso de los padres no exigen cuentas claras pues no quieren que su menor hijo sea discriminado o hasta expulsado de la escuela. Para estas comunidades de padres de familia, los discursos de las autoridades sobre el no pago de cuotas, es un exhorto al vacío. O en su caso, lo sienten como una especie de burla a su calvario. Pues además de las cuotas de inscripción, tienen que desembolsar otras cantidades para pago de uniformes de gala y, hasta libros, como es el caso de los bachilleratos de Puebla en donde, desde las áreas centrales, se designan costos, títulos, y cantidades de libros por cada estudiante.
Por el otro lado, están las escuelas de baja o de muy baja demanda. En estas instituciones los docentes tienen que hacer circo, maroma y teatro para juntar la matricula que garantice su supervivencia laboral en ese centro de trabajo. En las primeras, por regla general, las cuotas son altas o muy altas y, en las segundas, las cuotas son demasiado limitadas. En estas segundas instituciones, se dan casos, en que los docentes aportan la cuota de los estudiantes pobres con tal de que se inscriban y, en otros lados, los mismos comités de padres de familia dispensan la aportación. En estas instituciones, las recaudaciones son raquíticas o muy raquíticas. Muchos docentes tienen la percepción de que la autoridad se ensaña más con las escuelas pequeñas y sus docentes que con las grandes.
Otro mal es la carga administrativa pues, no obstante que, son los padres de familia quienes piden y manejan las cuotas, la SEP exige que sean los directores de las escuelas y los supervisores de zona quienes rindan el informe sobre el manejo de las mismas cuotas. En algunos Estados, los informes que rinden son bimestrales y el entregarlos es un viacrucis para los directivos pues, en muchos lados, los comités se niegan a entregar su respectivo manejo de los dineros. Hay otros extremos. En determinadas circunstancias, las autoridades de la SEP amenazan a los directivos con instrumentarles actas administrativas si no entregan a tiempo el informe correspondiente. Es la sinrazón oficial en su más pura expresión.
Ante este panorama, cuando menos, dice un directivo, que las autoridades también pongan lonas en donde se diga: Señor padre de familia, si en esta institución aportaste tu cooperación voluntaria, es tu representación quien tiene la obligación de entregar el informe correspondiente a ti y a las autoridades de la SEP. Cuando menos la SEP debería de hacer eso y no estar amenazando a los directores o supervisores con actas administrativa por falta de informe sobre el manejo económico de dineros que no pidieron, que no recolectaron y que no gastaron ellos.
Así las cosas. A ver hasta cuando la SEP regula verdaderamente la entrega y el manejo de las cuotas en las escuelas y deja de incriminar a los docentes. Si en algunos lados existen docentes que le meten manos a estas aportaciones, pues que se particularicen los casos, que se sancione a esos docentes o directivos pero que no que se generalice.
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