La democracia permite a los ciudadanos decidir quién ejercerá el poder. Esa es, sin duda, una de las mayores conquistas políticas de la humanidad. Sin embargo, la calidad de un gobierno no depende exclusivamente de la legitimidad obtenida en las urnas. Tampoco basta, como reflexionábamos en el ensayo anterior, con acreditar la aptitud necesaria para desempeñar responsabilidades públicas de enorme trascendencia. Existe una dimensión adicional, mucho más compleja y difícil de definir, que termina marcando la diferencia entre un gobernante ordinario y un verdadero hombre o mujer de Estado: el perfil con el que ejerce el poder.
La historia ofrece innumerables ejemplos de gobernantes plenamente legítimos que terminaron decepcionando a sus pueblos. También registra casos de personas con indiscutible capacidad intelectual o administrativa que nunca lograron construir gobiernos memorables. Del mismo modo, existen líderes que enfrentaron circunstancias extraordinariamente adversas y que, gracias a su carácter, prudencia, visión y sentido del deber, condujeron a sus naciones por caminos de estabilidad, reconciliación y progreso. La diferencia no radicó solamente en su preparación técnica ni en el respaldo electoral que recibieron. Radicó, sobre todo, en el perfil humano, político y ético con el que asumieron la responsabilidad de gobernar.
Con frecuencia se confunden conceptos que pertenecen a planos distintos. La legitimidad nace del voto ciudadano. La aptitud responde a la capacidad para ejercer adecuadamente las funciones del cargo. El perfil, en cambio, está integrado por el conjunto de cualidades personales, intelectuales, morales y políticas que orientan la manera en que ese poder será utilizado. Dos gobernantes pueden llegar al cargo con idéntica legitimidad y similares capacidades funcionales; sin embargo, producir resultados radicalmente distintos porque uno entiende el poder como un instrumento de servicio y el otro como un patrimonio personal o partidista.
Gobernar no consiste únicamente en administrar recursos, promulgar leyes o ejecutar programas públicos. Gobernar implica tomar decisiones cuyos efectos repercutirán durante años, e incluso décadas, sobre la vida de millones de personas. Significa resolver conflictos sin profundizar divisiones, conducir instituciones sin debilitarlas, ejercer autoridad sin caer en el autoritarismo y administrar el poder sin olvidar que este pertenece, en última instancia, a la sociedad. Para ello se requiere mucho más que conocimientos técnicos o habilidades administrativas.
Uno de los primeros rasgos que distinguen a un gran gobernante es la visión de Estado. Mientras el político común concentra su atención en la siguiente elección, el estadista piensa en la siguiente generación. Sus decisiones no se limitan a producir rentabilidad electoral inmediata; buscan construir instituciones duraderas, fortalecer la cohesión social y sentar bases para un desarrollo sostenido. Entiende que la popularidad puede ser efímera, pero que las instituciones sólidas trascienden a quienes temporalmente las encabezan.
A esa visión debe acompañarla una profunda integridad ética. La confianza pública constituye el principal activo de cualquier gobierno y resulta extraordinariamente difícil recuperarla una vez perdida. La honestidad no consiste únicamente en abstenerse de cometer actos de corrupción; implica también actuar con congruencia, cumplir la palabra empeñada, asumir responsabilidades, rechazar privilegios indebidos y recordar permanentemente que el ejercicio del poder representa un mandato temporal conferido por la ciudadanía, nunca una concesión para actuar por encima de la ley o de los principios que sostienen la convivencia democrática.
Otra cualidad indispensable es la prudencia. Gobernar exige tomar decisiones complejas bajo presión, enfrentar intereses encontrados y resolver situaciones en las que rara vez existen soluciones perfectas. El gobernante prudente escucha antes de decidir, analiza antes de actuar y comprende que la firmeza no está reñida con la serenidad. La precipitación, la soberbia o la impulsividad suelen generar costos que después terminan pagando sociedades enteras.
El poder suele rodear a los gobernantes de aplausos, aduladores y voces complacientes. Por ello, uno de los rasgos más valiosos del perfil de un verdadero líder consiste en la capacidad para escuchar opiniones distintas, aceptar críticas fundamentadas y rodearse de colaboradores que aporten talento antes que obediencia ciega. La fortaleza de un gobierno no se mide por el número de personas que siempre dicen “sí”, sino por la calidad de quienes se atreven a señalar errores antes de que éstos se conviertan en problemas mayores.
La visión de Estado y la integridad ética constituyen pilares indispensables, pero no suficientes. El ejercicio del poder exige, además, una virtud cada vez más escasa en la política contemporánea: la inteligencia para comprender que nadie gobierna solo. Los grandes gobernantes de la historia no fueron necesariamente quienes más sabían, sino quienes tuvieron la capacidad de convocar a los mejores, escuchar argumentos distintos a los propios y formar equipos donde el talento prevaleciera sobre la lealtad incondicional. El gobernante inseguro suele rodearse de aduladores; el gobernante verdaderamente fuerte busca colaboradores que lo complementen, que cuestionen sus decisiones cuando sea necesario y que antepongan el interés público a cualquier conveniencia personal o partidista.
La humildad intelectual representa otra de las cualidades que distinguen al estadista. Gobernar implica decidir en escenarios de incertidumbre, donde rara vez existe información completa y donde las consecuencias de una determinación pueden ser imprevisibles. Pretender la infalibilidad constituye uno de los mayores riesgos del poder. Por el contrario, reconocer un error, rectificar oportunamente y modificar una decisión cuando la evidencia así lo aconseja no debilita a un gobernante; fortalece su credibilidad. Las sociedades suelen perdonar la equivocación honesta, pero difícilmente perdonan la soberbia de quien persiste en el error únicamente para no admitirlo.
A ello debe sumarse una cualidad igualmente importante: la capacidad para escuchar. Escuchar no significa simplemente conceder audiencias o permitir que otros hablen. Significa comprender que ninguna persona, por preparada que sea, posee el monopolio de la razón. Los gobernantes enfrentan diariamente problemas económicos, jurídicos, sociales, ambientales, tecnológicos, sanitarios y de seguridad cuya complejidad rebasa cualquier conocimiento individual. Escuchar a especialistas, a la oposición, a la academia, al sector productivo, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos no representa una muestra de debilidad; constituye una obligación inherente al buen gobierno.
Del mismo modo, un gobernante debe poseer capacidad para construir acuerdos. Las sociedades democráticas son, por naturaleza, diversas y plurales. Pretender gobernarlas únicamente desde la imposición conduce inevitablemente a la polarización y al debilitamiento institucional. La firmeza en las convicciones resulta compatible con la disposición al diálogo. El verdadero liderazgo no consiste en derrotar permanentemente al adversario, sino en encontrar coincidencias que permitan avanzar sin renunciar a los principios fundamentales. La historia demuestra que las grandes transformaciones nacionales casi siempre han surgido de acuerdos amplios y no de victorias absolutas.
Otro rasgo esencial del perfil del gobernante es el respeto irrestricto al Estado de derecho. El poder democrático encuentra precisamente su legitimidad en el sometimiento de todos, incluidos quienes gobiernan, al imperio de la ley. Cuando un gobernante considera que su respaldo popular le permite colocarse por encima de las instituciones, comienza a erosionar el mismo sistema que le otorgó legitimidad. Ninguna mayoría electoral autoriza a debilitar los contrapesos, ignorar las resoluciones judiciales, desacreditar a los órganos autónomos o reducir los espacios de participación ciudadana. La grandeza de un gobernante también se mide por su disposición para ejercer el poder dentro de los límites que la Constitución le impone.
Resulta igualmente indispensable la sensibilidad social. Gobernar exige comprender que detrás de cada decisión existen personas concretas, familias, comunidades y proyectos de vida. Los indicadores económicos, las estadísticas y los informes técnicos son herramientas indispensables para la administración pública, pero nunca deben hacer perder de vista la dimensión humana de las políticas gubernamentales. Un gobernante que pierde contacto con la realidad cotidiana de la población corre el riesgo de administrar cifras mientras descuida a las personas.
La capacidad de comunicar merece también una reflexión especial. Comunicar no significa únicamente hablar con eficacia ni dominar los medios de difusión o las redes sociales. La comunicación política debe orientar, informar, explicar y generar confianza. Un gobernante responsable procura reducir la incertidumbre, transmitir serenidad en momentos difíciles y fortalecer la cohesión social. La palabra pública tiene consecuencias. Puede unir o dividir; generar confianza o alimentar el miedo; convocar al esfuerzo colectivo o profundizar el enfrentamiento. El perfil de un auténtico estadista se refleja también en el uso responsable del lenguaje.
Finalmente, existe una cualidad que engloba muchas de las anteriores: el sentido del servicio público. Quien entiende el poder como un privilegio termina sirviéndose de él; quien lo entiende como una responsabilidad dedica sus mejores esfuerzos a servir a la sociedad. Ésa es, quizá, la diferencia más profunda entre quienes simplemente ocupan un cargo y quienes verdaderamente dejan una huella positiva en la historia de sus pueblos.
Quizá la mayor diferencia entre un simple administrador del poder y un verdadero hombre o mujer de Estado resida en su relación con el tiempo. El político convencional suele gobernar pensando en el corto plazo, en la siguiente encuesta, en la próxima elección o en la coyuntura inmediata. El estadista, en cambio, comprende que muchas de las decisiones más importantes no producirán beneficios inmediatos e, incluso, pueden resultar impopulares en el presente. Sin embargo, asume el costo porque entiende que su responsabilidad no termina con el periodo para el que fue electo, sino que se proyecta sobre las generaciones futuras. La historia suele reconocer a quienes construyeron instituciones, no necesariamente a quienes obtuvieron los mayores índices de popularidad.
Ese sentido de trascendencia obliga al gobernante a ejercer una virtud adicional: la capacidad para distinguir entre el interés del gobierno y el interés del Estado. Los gobiernos son temporales; el Estado permanece. Los partidos políticos compiten legítimamente por acceder al poder; las instituciones pertenecen a toda la sociedad. Cuando un gobernante confunde ambas dimensiones, corre el riesgo de utilizar los recursos públicos para fortalecer proyectos personales o partidistas, debilitando precisamente aquello que está llamado a preservar. El auténtico servidor público entiende que su obligación principal consiste en entregar instituciones más fuertes de las que recibió, aun cuando ello no siempre produzca dividendos políticos inmediatos.
Existe también una cualidad poco mencionada, pero decisiva: el equilibrio. Gobernar exige encontrar puntos de encuentro entre crecimiento económico y justicia social; entre libertad y orden; entre autoridad y respeto a los derechos humanos; entre desarrollo y sostenibilidad ambiental; entre firmeza y diálogo. Las soluciones absolutas rara vez existen en la vida pública. El gobernante que comprende la complejidad de esos equilibrios evita caer en simplificaciones, rechaza los extremos y privilegia decisiones que fortalezcan la estabilidad institucional sin renunciar al cambio cuando éste resulta necesario.
Tampoco puede hablarse del perfil de un gran gobernante sin mencionar el valor cívico. Habrá momentos en que deba enfrentar presiones de grupos económicos, intereses políticos, poderes fácticos o incluso sectores de la opinión pública. La fortaleza del carácter consiste en sostener decisiones correctas aun cuando resulten incómodas, siempre dentro del marco de la legalidad y con pleno respeto a las libertades. Gobernar implica asumir responsabilidades, no administrar popularidad.
Desde luego, ningún ser humano reúne todas estas cualidades en grado absoluto. La perfección no existe en política, como tampoco existe en ninguna otra actividad humana. Todos los gobernantes cometerán errores, enfrentarán limitaciones y tomarán decisiones discutibles. Precisamente por ello, el perfil no debe entenderse como un catálogo rígido de virtudes inalcanzables, sino como un horizonte hacia el cual debieran orientarse quienes aspiran a ejercer las más altas responsabilidades públicas. Cuanto más se acerque un gobernante a ese ideal, mayores serán las posibilidades de ofrecer un gobierno eficaz, justo y respetuoso de la democracia.
Los ensayos anteriores sostuvieron que ganar una elección no basta para agotar las exigencias de una democracia de calidad, que la representación política atraviesa una profunda crisis y que resulta legítimo abrir una reflexión sobre la aptitud necesaria para ejercer el poder. El paso siguiente consiste en reconocer que, aun contando con legitimidad democrática y con las capacidades funcionales indispensables para gobernar, el resultado final dependerá, en buena medida, del perfil humano, ético, político e institucional de quien ejerza esa responsabilidad.
Las democracias del siglo XXI no solo necesitan elecciones libres. Necesitan también ciudadanos cada vez más informados y exigentes al momento de valorar a quienes solicitan su confianza. El voto no debería limitarse a premiar simpatías personales, campañas exitosas o habilidades discursivas. Debe convertirse, cada vez más, en una evaluación integral de la trayectoria, del carácter, de la congruencia, de la visión, de la capacidad para unir, de la disposición para escuchar y de la calidad moral de quienes aspiran a conducir los asuntos públicos.
En última instancia, ninguna Constitución puede garantizar por sí sola la aparición de grandes gobernantes. Ninguna ley sustituirá jamás al carácter, la integridad o la visión de Estado. Pero una ciudadanía consciente, crítica y participativa sí puede elevar progresivamente el nivel de exigencia hacia quienes buscan ejercer el poder. Y cuando esa exigencia social aumenta, también se fortalece la democracia.
Porque la legitimidad abre la puerta del gobierno.
La aptitud permite ejercer sus responsabilidades.
Pero es el perfil del gobernante el que determina si un periodo de gobierno será apenas un episodio administrativo… o una etapa capaz de transformar positivamente la historia de una nación.
@salvadorcosio1
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*Reflexiones para fortalecer la democracia en el siglo XXI*.