Como cada año, este 4 de enero se conmemora el Día Internacional del Braille.

Este medio de comunicación, así reconocido por el artículo segundo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al ser una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos, símbolos musicales, matemáticos e incluso científicos, permite a las personas ciegas o con deficiencia visual, no sólo acceder a los libros y publicaciones que los impresos para la lectura visual; sino que también, por esa misma razón, representa una oportunidad para garantizar el debido acceso y efectiva comunicación en relación con la información que consideran importante, en condiciones de igualdad e inclusión y no discriminación. En nuestro país, diversas instituciones públicas tanto a nivel federal como local han emitido resoluciones y sentencias en formato braille con el objetivo de avanzar y extender los alcances de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.

A pesar de tales esfuerzos, es preciso mencionar que, el uso de este medio de comunicación sea efectivamente incorporado en congruencia con los enfoques de transparencia, derechos humanos, inclusión y no discriminación, en todos los niveles del Estado mexicano.

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Para nadie es desconocido que la revolución digital que vivimos, poco a poco ha ido modificando el modo en el que accedemos a todo tipo de información. Hoy en día, la tendencia donde predomina lo digital, deriva de la realidad que vivimos así como de los propios contenidos normativos que obligan a las instituciones a adoptar políticas de digitalización de la información que detentan para extender su difusión, alcances pero sobre todo, para generar efectos positivos en la vida de las personas a partir de su acceso a la vida pública.

En tal contexto, el Día Mundial del Braille representa una oportunidad ideal para reflexionar en sobre los modos en que trabajamos la inclusión y la no discriminación parra materializar las garantías a favor de las personas con cualquier tipo de discapacidad visual u otros.

Claramente, cuando se trate de documentos que por su naturaleza deban ser físicos para tener validez y eficacia en relación con las gestiones que interesan a las personas, el Estado mexicano deberá crear los mecanismos para que los esfuerzos se vean realizados en la práctica, con independencia de la discapacidad que pudiera afectarle, para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de no sólo obtener tales documentos, sino de entenderlos; ello, en congruencia con la transparencia y el principio de rendición de cuentas que nos rigen.

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De cara al futuro, tenemos que ser mucho más proactivos e incluyentes. Generar quizá, lectores digitales instalados en las plataformas públicas, archivos de audio que certifiquemos o validemos jurídicamente para que sirvan a las personas como documentos públicos en su búsqueda de respuestas y puedan ser usados por ellas para la solución de los problemas que enfrentan en su condición.

Las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión que aún viven mexicanos y mexicanas, deben llamarnos a la acción para no dejar a nadie atrás en este desarrollo que como sociedad buscamos.