Los litigantes usan IA tanto casi como los trabajadores de tribunales. Aquellos debates sobre el juez-robot, la sentencia algorítmica, el expediente resuelto sin rostro dejaron los espacios académicos para instalarse en la realidad cotidiana. El Acuerdo PTSJ/028/2026, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y publicado el 10 de noviembre en la Gaceta del Gobierno, baja el debate a tierra y establece un piso común de responsabilidades humanas para las decisiones que toman los modelos largos de lenguaje en asuntos legales. Sus 33 artículos parten de la premisa realista que reconoce a la tecnología como herramienta presente en los juzgados, y lo que falta es decir con claridad qué se le puede encargar y qué no.
La respuesta del Poder Judicial mexiquense es única en todo el país y evita los juicios de valor para distinguir los distintos usos que se le pueden dar a las paltaformas de IA. Dicen, por ejemplo, que la IA puede resumir documentos, organizar información y preparar borradores. Pero valorar pruebas, determinar qué ocurrió y resolver el juicio sigue siendo tarea del juez. La ambiciosa apuesta es la frontera entre una herramienta de apoyo y una delegación de la jurisdicción, que por supuesto, está depositada constitucionalmente en aquellos que tienen un perfil para ser juzgadores, como ser licenciados en derecho, no haber sido condenados por un delito y tener buena reputación. Quien juzga no puede ceder lo que define su función, que es decidir y responder por ello. Después de todo, los que piden justicia siguen siendo humanos. A menudo, las razones por las que llegan a un problema legal son también total y estrictamente expresiones complejas de la humanidad.
Al la prudencia humana de juzgar y al nuevo derecho de que los humanos sean juzgados por otros humanos, el acuerdo protege con obligaciones concretas. El personal judicial debe usar herramientas autorizadas y verificar lo que producen, desde comprobar que las leyes y tesis citadas existen y que cada dato extraído corresponde a una foja o registro del expediente. Después de todo, los modelos generativos pueden fabricar con aplomo normas inexistentes y jurisprudencia inventada, y ya hemos visto escritos y resoluciones en el mundo con citas que nunca existieron. Exigir el cotejo contra el expediente es reconocer que la fluidez de un texto no prueba su veracidad. Podría preocuparnos la protección de datos personales.
Igual de relevante es la prohibición de cargar expedientes y datos sensibles en chatbots abiertos. Un expediente judicial concentra datos personales, información familiar, patrimonial, a veces de menores o víctimas. Subirlo a una plataforma comercial es, en la práctica, entregarlo a un tercero sin control. El acuerdo apunta además a que los sistemas utilizados para dictar actuaciones sean explicables y auditables, en sintonía con el principio que el propio acuerdo recoge de los Principios de Chapultepec: si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse. Y resolver sin supervisión y verificación humanas puede traer sanciones administrativas. Hay consecuencia, no solo exhortación.
El acuerdo mira con lupa hacia los abogados. Pueden elaborar sus escritos con apoyo de IA, pero quien los firma responde por su contenido. Usar tecnología no constituye, por sí solo, una irregularidad, y tampoco sirve como excusa para presentar información falsa. Es un equilibrio razonable: no se estigmatiza la herramienta ni se premia el descuido. Decir «lo redactó la máquina» no será una defensa; será, en todo caso, una confesión de que no se leyó lo que se firmó.
De ahí el corazón del documento, que bien podría resumirse así: el abogado debe verificar lo que presenta y el juez debe examinar lo que resuelve. La firma compromete a una persona; la máquina no responde por ella. En un momento en que la tentación de la eficiencia empuja a delegar cada vez más, esa idea recuerda algo elemental del Estado de derecho y es que la responsabilidad tiene nombre y apellido.
Hay tareas pendientes. Un acuerdo de lineamientos no sustituye a una ley; su fuerza depende de que se capacite al personal, de que existan inventarios públicos de las herramientas autorizadas y de que los mecanismos de auditoría funcionen en la práctica y no solo en el papel. También queda por ver cómo se distinguirá, en la rutina de un juzgado saturado, entre «preparar un borrador» y «decidir por inercia» sobre lo que el sistema propone. El sesgo de automatización, esa tendencia a aceptar lo que sugiere la máquina, es el riesgo silencioso de cualquier modelo de apoyo. Como acuerdo de un poder judicial, también se abre la puerta a que abogados que no usan IA se inconformen mediente juicio de amparo indirecto. Inclusive, los justiciables con asuntos dentro del Estado de México podrían inconformarse con el permiso tácito de usar herramientas de IA.
Recordemos que las conversaciones con inteligencias artificiales (como ChatGPT, Claude o Gemini) se han filtrado en internet debido a fallos de configuración en las funciones de “chats compartidos” y a la falta de etiquetas de privacidad (como noindex), eso ha permitido que motores de búsqueda como Google o Bing indexen enlaces privados con información personal.
Además, investigaciones recientes señalan que múltiples asistentes envían datos e historiales de uso a redes publicitarias o de terceros (como Google, Meta o TikTok).
Aun así, el Estado de México acierta en lo esencial. Entre prohibirlo todo, que sería ingenuo, y permitirlo todo, que sería peligroso, eligió el camino sabio del “hay que distinguir” (frase célebre del jurista Don Fausto Rico). No es lo mismo delegar todo a la IA que usar la tecnología sin renunciar a la responsabilidad humana. La justicia puede apoyarse en algoritmos, pero no puede delegarles su conciencia. Y mientras alguien tenga que firmar, alguien tendrá que responder. Aún así, valdría la pena que el Poder Judicial brinde talleres obligatorios a su personal y a los litigantes sobre buenas prácticas en el uso de IA pues sería desastroso que este acuerdo sea interpretado como una invitación a fomentar el uso de tales herramientas entre quienes no saben proteger datos personales o interpretar y ordenar los resultados que la máquina les da.