Un buen número de medios de comunicación nacionales, tanto impresos como digitales, tales como Reforma, Grupo Fórmula y Aristegui Noticias, entre otros, se han consolidado como los últimos guardianes de la salvaguarda de la opinión pública frente a la propaganda oficial.
Se ha visto recientemente en en caso del senador Noroña. Tras los escándalos protagonizados por este legislador, columnistas y presentadores como Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Joaquín López-Dóriga, Pepe Cárdenas y Carmen Aristegui se han dado a la tarea de dar a conocer trabajos periodísticos relacionados con las propiedades del presidente del Senado; y en particular, los asuntos que tienen que ver con su casa de Tepoztlán y las “donaciones” que ha recibido en YouTube, así como los ingresos recibidos como resultado de las visitas a sus transmisiones en vivo.
Noroña, fiel a su naturaleza pendenciera y victimista, y siempre auto erigido como paladín de la superioridad moral, ha acusado a estos medios “chayoteros” de buscar mermar su credibilidad pública pues lo “odian”.
Sin embargo, se celebra que en medio de un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano aún existan medios de comunicación dispuestos a presentar argumentos que contesten a la propaganda oficial auspiciada por el propio Noroña, por los voceros y por la presidenta Sheinbaum.
Ante los posibles ingresos ilegales de Noroña, y como resultado de una probable opacidad en la gestión de sus ingresos, no se esperaría que la Fiscalía General o cualquier autoridad del Estado abriese una carpeta de investigación dirigida a penetrar hasta el fondo en la vida financiera del senador.
En adición, también resultaría altamente improbable que un juez dictase eventualmente una sentencia condenatoria contra cualquier miembro prominente del partido oficial, especialmente a partir del 1 de septiembre cuando se instale la nueva Suprema Corte y los jueces y magistrados a lo largo de todo el país.
Todo queda en manos de la prensa y de la forma como presentan sus argumentos para contrarrestar los mensajes de Palacio y de la presidencia del Senado. Es un signo de que la libertad de prensa, pilar de la democracia liberal, no ha sido derribada aún.