Durante décadas, la política antidrogas en Estados Unidos fue un ejercicio de certezas morales enfocadas en prohibir, perseguir, castigar. El diseño del mercado de sustancias se ha enfocado a que sea la industria farmacéutica la que funcione como intermediaria entre usuarios y sustancias. El fentanilo es ejemplo duro de eso. Hoy, sin embargo, ese consenso se resquebraja desde dentro del propio poder y reordena la forma en que sustancias alucinógenas podrían entrar justo mediante tratamientos médicos. La reciente orden ejecutiva de Donald Trump para acelerar el acceso y la investigación de sustancias como el LSD, la psilocibina o la ibogaína es parte de un cambio cultural más profundo que obedece a razones de negocios, pero que da la razón a las prácticas ancestrales que por décadas se han realizado en México.
La medida instruye a agencias federales, incluida la FDA, a agilizar evaluaciones, ampliar ensayos clínicos y facilitar el uso terapéutico de estos compuestos, tradicionalmente clasificados como drogas de alto riesgo sin valor médico. Pero, como ocurre con frecuencia en Washington, el gesto político precede, y a veces sustituye, al cambio estructural. Algunos analistas lo consideran en gran medida simbólico, una señal más que una transformación inmediata. Deberíamos poner atención a las bolsas y empresas de Barrón Trump, pues seguramente se trata de la incursión en este negocio del hijo del presidente que ha sido un éxito en las apuestas de la bolsa.
El argumento más visible es el sanitario. Estados Unidos atraviesa una crisis persistente de salud mental por depresión resistente, trastorno de estrés postraumático, adicciones. En este contexto, los psicodélicos han pasado de ser reliquias de la contracultura a promesas clínicas.
Ensayos recientes apuntan a que estas sustancias podrían ofrecer efectos rápidos y duraderos, en contraste con tratamientos convencionales. No es casual que el foco político se haya puesto en los veteranos de guerra, un grupo con fuerte peso simbólico y electoral. La narrativa es potente: donde la medicina tradicional falla, la innovación (ancestral para nosotros) aunque sea polémica, debe intervenir.
La presión desde abajo y desde los estados no nace únicamente en la Casa Blanca. Desde 2019, ciudades y estados han ido despenalizando o regulando el uso terapéutico de psicodélicos, reflejando un cambio en la opinión pública.
Este federalismo experimental sobre sustancias ha creado una presión ascendente pues conforme los estados avanzan, Washington termina adaptándose.
A ello se suma un ecosistema emergente de empresas biotecnológicas, inversores y figuras mediáticas, desde veteranos hasta influyentes podcasters, que han normalizado el debate. La política, como tantas veces, llega después.
La lógica política: coaliciones improbables
Aquí es donde el movimiento adquiere una dimensión más compleja. El apoyo a los psicodélicos está generando alianzas inusuales entre libertarios, veteranos conservadores, tecnólogos y sectores progresistas coinciden en la necesidad de reformar el modelo prohibicionista.
Para Trump, la apuesta ofrece varias ventajas estratégicas. Por un lado, conecta con votantes desencantados con el sistema sanitario. Por otro, le permite apropiarse de un discurso de innovación sin ceder terreno en otros frentes culturales. Incluso algunos críticos sugieren que la medida responde más a cálculos políticos y a la influencia de figuras mediáticas afines, que a una política pública coherente.
El entusiasmo, sin embargo, convive con advertencias. Sustancias como la ibogaína presentan riesgos médicos significativos, incluidos problemas cardíacos y muertes documentadas en contextos no controlados. La aceleración regulatoria plantea una tensión clásica: ¿puede la urgencia terapéutica comprometer la seguridad?
Además, el auge de los psicodélicos abre una nueva frontera económica. La carrera por patentes, ensayos clínicos y mercados globales recuerda a la industria del cannabis en su fase inicial. Por eso es urgente que México proteja el uso de psilocibina como parte ceremonial y ancestral de nuestro país que se practica desde hace décadas con figuras emblemáticas como María Sabina. No deberíamos arriesgarnos a que Estados Unidos patente medicamentos y hongos despojándonos de una práctica milenaria propia con la que han sanado los indígenas mucho antes del imperialismo. Y, como señalan algunas voces críticas, existe el riesgo de repetir viejos patrones en los que son especialistas como la apropiación comercial de saberes indígenas y desigual distribución de beneficios. El saqueo de nuestros saberes.
En el fondo, la cuestión no es si los psicodélicos funcionarán, sino qué revela este giro sobre Estados Unidos. Un país que durante medio siglo lideró la “guerra contra las drogas” ahora explora, desde el poder federal, el potencial terapéutico de aquellas mismas sustancias. Lo hace por negocio y por dinero, no tanto por reconocimiento.
La política, incluso en su versión más ideológica, acaba respondiendo a realidades materiales y neoliberales como crisis sanitarias, presión social, oportunidades económicas.
La orden de Trump puede ser limitada en sus efectos inmediatos. Pero su significado es más amplio: marca el momento en que lo impensable, que el Estado promueva el estudio de drogas psicodélicas, deja de ser marginal y entra en la corriente principal.
Ese tipo de desplazamientos rara vez tiene vuelta atrás.
Vale la pena recordar al breve instante en que Lázaro Cárdenas legalizó las drogas en México en 1940 mediante el Reglamento Federal de Toxicomanías, publicado el 17 de febrero de ese año. La medida tuvo éxito inicialmente, pero fue revertida en junio de 1940, durando apenas unos meses. El gobierno de EE. UU. presionó a México, amenazando con cortar el suministro de medicamentos, lo que forzó a Cárdenas a dar marcha atrás.
Claudia Sheinbaum podría mirar al general y plantearse seriamente la protección a los saberes ancestrales, el reconocimiento y legalización de la psilocibina, así como el apoyo a las comunidades de Oaxaca que curan con estos hongos y utilizan estos saberes para obtener la denominación de origen y si es posible, la patente sobre su uso dosificado antes de que el despojo ocurra.