La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada como uno de los episodios más trascendentales en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas en América Latina. En una operación militar declarada por el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue removido del poder y capturado por fuerzas estadounidenses, que posteriormente lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y supuestos vínculos con organizaciones consideradas terroristas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró públicamente que su país “gobernaría Venezuela hasta que haya una transición pacífica”, una afirmación que no solo sorprendió al hemisferio occidental, sino que ha reconfigurado de fondo el concepto mismo de soberanía.
¿Qué es la soberanía?
La soberanía es el principio fundamental que reconoce a un Estado como la autoridad suprema dentro de su territorio, con independencia para decidir sus asuntos internos sin interferencia externa. Está consagrada, entre otros instrumentos, en la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 obliga a los Estados miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
En términos simples, soberanía implica que ningún gobierno extranjero puede invadir, bombardear o capturar a los líderes de otro Estado sin el consentimiento de ese Estado o un mandato claro del derecho internacional. El reciente operativo estadounidense plantea una pregunta inquietante: si un país puede ser invadido y su presidente removido, ¿qué queda del principio soberano que sostiene al sistema internacional?
Algunos analistas han sugerido que Venezuela, debido a años de crisis económica, corrupción estatal, colapso institucional y cuestionamientos de legitimidad, había visto erosionada su soberanía de facto. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, ningún Estado pierde su soberanía solo porque atraviese dificultades internas o su gobernante sea impopular o cuestionado. A menos que ese país haya renunciado explícitamente a su soberanía o haya consentido en una intervención, los actos militares de otro Estado en su territorio constituyen una violación del derecho internacional.
La operación que condujo a la captura de Maduro fue ampliamente caracterizada en los comunicados oficiales de México como una “intervención militar unilateral” y una violación del artículo 2 de la Carta de la ONU. El gobierno de México enfatizó que este tipo de actos ponen en riesgo la estabilidad regional y que América Latina y el Caribe deben ser una zona de paz, en la que el respeto mutuo y la resolución pacífica de diferencias deben prevalecer. Cabe recalcar que Trump también ha mencionado la preocupación del narcotráfico en nuestro país, en ese sentido, no sería extraño que bajo ese mismo argumento se intente normalizar una lógica de intervención. De ahí, la importancia de atender este debate con seriedad, porque si no se hace algo desde ahora, no debería sorprendernos que México aparezca después en esa narrativa.
Como economista, es imposible comprender este fenómeno sin considerar los intereses estratégicos que subyacen a la intervención. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, un recurso que ha sido central en su economía durante décadas. Si un actor externo se convierte de facto en administrador de esos recursos se erosiona aún más la soberanía real de la nación. Esta percepción de injerencia es parte de por qué muchos gobiernos y organizaciones latinoamericanas han condicionado sus reacciones no a la figura de Maduro, sino a la legalidad de la intervención en sí misma.
En México, la intervención y captura de Maduro ha generado un amplio consenso en contra de la acción militar estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó la operación y subrayó que México se rige por principios pacifistas y por el respeto al derecho internacional, proponiendo diálogo y mecanismos multilaterales para atender las tensiones. Simultáneamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador repudió con vehemencia la operación, calificándola de “secuestro” y de atentado contra la soberanía del pueblo venezolano, apelando a figuras históricas como Simón Bolívar y Lincoln para criticar la intervención como un acto de dominación y prepotencia.
Estas posturas reflejan no solo una crítica a la acción específica, sino una defensa de la soberanía como principio cardinal de la política exterior mexicana, independientemente de afinidades ideológicas con el gobierno depuesto en Caracas.
Donald Trump, por su parte, ha promovido la intervención como una acción legítima en nombre de la seguridad hemisférica, la lucha contra narcotráfico y la restauración de “orden” en Venezuela. Su afirmación de que Estados Unidos “gobernaría temporalmente” el país hasta una transición fue percibida por muchos expertos en derecho internacional como un acto de control territorial encubierto, que desafía décadas de normas sobre soberanía estatal y no intervención.
La captura de Maduro y la subsiguiente intervención estadounidense en Venezuela no solo representan un punto de inflexión en la historia del país sudamericano, sino que ha puesto en entredicho los pilares mismos del orden internacional que busca equilibrar la autonomía de los Estados con mecanismos jurídicos que prevengan agresiones unilaterales.
La soberanía de Venezuela, como principio jurídico, no se pierde porque un gobierno enfrente crisis internas; se vulnera cuando un actor externo transgrede, sin mandato claro, las fronteras y estructuras institucionales de ese Estado. Este episodio debe llevarnos no solo a cuestionar el actuar de Washington, sino a reflexionar sobre cómo proteger la independencia normativa de las naciones en un mundo cada vez más polarizado y competitivo; Este escenario podría ser un buen momento para intentar ser una América Latina más unida, aun con lo utópico que puede parecer siquiera imaginarlo.