En política, los gobiernos no solo se miden por lo que hacen, sino también por lo que toleran. Y cuando las sombras del pasado empiezan a aparecer en instituciones públicas, inevitablemente surge la pregunta incómoda: ¿quién protegía a quién?
La reciente denuncia del capitán José Luis Lima Padilla, director de Volar Chiapas Servicios Aéreos, contra el administrador del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zúñiga, vuelve a poner sobre la mesa un tema que muchos preferirían mantener enterrado: los presuntos abusos de poder y prácticas irregulares que habrían ocurrido durante la administración pasada.
Según el empresario, no se trata de simples diferencias administrativas. Lo que señala es mucho más delicado: cobros indebidos, restricciones operativas, discriminación en el servicio y lo más grave, la supuesta propuesta de simular operaciones aéreas que podrían constituir un fraude federal. En otras palabras, una práctica que no solo sería irregular, sino potencialmente delictiva.
Pero aquí es donde la historia adquiere un matiz político imposible de ignorar.
Porque muchos se preguntan cómo alguien podría sentirse con la confianza suficiente para intentar un esquema de esa magnitud dentro de una infraestructura estratégica como un aeropuerto internacional. La respuesta, según voces dentro del propio sector, podría encontrarse en las relaciones políticas que rodeaban a ciertos funcionarios durante la administración de Rutilio Escandón.
No es un secreto que en Chiapas las redes de poder suelen ser más fuertes que los manuales administrativos. Cuando alguien se sabe cobijado por padrinos políticos de peso —desde el llamado señor del clima hasta el hermano del líder de la llamada Barredora— la percepción de impunidad puede convertirse en una peligrosa tentación.
Si a eso se suman nombres de alto calibre en la política nacional, como el de Adán Augusto López Hernández, el escenario se vuelve aún más delicado. No porque exista una responsabilidad directa probada, sino porque la cercanía política siempre termina proyectando una sombra cuando surgen escándalos de este tipo.
Por ahora, lo que existe es una denuncia pública seria que merece ser investigada con transparencia y sin cálculos políticos. Sin embargo, el silencio de la administración del aeropuerto frente a los señalamientos solo alimenta la desconfianza.
El verdadero problema para cualquier gobierno que presume transformación y buen manejo público no son solo los errores propios, sino las herencias incómodas que se quedan enquistadas en las instituciones. Esos funcionarios que sobreviven a los cambios de administración y que, protegidos por redes políticas, actúan como si el poder público fuera patrimonio personal.
Si las acusaciones resultan ciertas, no se trataría solo de un conflicto entre un empresario y un administrador aeroportuario. Sería un reflejo de cómo los viejos vicios pueden infiltrarse incluso en los gobiernos que prometieron erradicarlos.
Porque al final, el buen gobierno no se presume: se demuestra enfrentando las irregularidades, aunque estas salpiquen a viejos aliados o padrinos incómodos. De lo contrario, la transformación termina pareciéndose demasiado a aquello que juró combatir.
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