“El objeto de la persecución es la persecución. El objeto de la tortura es la tortura. El objeto del poder es el poder”.
George Orwell, 1984
Hay de ironías a ironías. Esta es de las que son reconocibles de inmediato: Claudia Sheinbaum realizó una estancia de investigación en Berkeley mientras preparaba su doctorado —otorgado por la UNAM, conviene precisar—. Ahora, desde el Centro de Derechos Humanos de esa universidad pública estadounidense, llega un expediente sobre la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio de su mentor. ¡Vaya! Resulta que en Berkeley la izquierda —la real, no la coartada que usa la 4T— sabe que investigar al poderoso es progresista. Aquí, para cierta “izquierda, progresista” de cuarta, el progresismo equivale a pedirle autógrafos y defenderlo con una playera que diga “no somos iguales”.
El trabajo de la mencionada institución estadounidense se llama Under Attack. Su tesis no es que una mañanera en que AMLO anduvo de mal humor equivalga, por sí sola, a un crimen de lesa humanidad. Examina algo mucho más inquietante: la posibilidad de que los señalamientos del entonces presidente López Obrador, el acoso digital que alentó, el espionaje militar que permitió, el uso abusivo de procesos legales que toleró y la violencia que instruyó se ejerciera contra quienes investigaban al poder hayan integrado un patrón de persecución de su sexenio.
A López Obrador le gustaba llamar “adversario” a cualquiera que hiciera preguntas. Nos consta, nadie no los cuenta. Y Berkeley se tomó el trabajo de averiguar qué ocurría después de los pronunciamientos de AMLO, cuando se apagaban las cámaras y seguían encendidos los teléfonos intervenidos por el gobierno obradorista (Accountability for Crimes in Mexico - Berkeley Human Rights Center ).
Y encontró mucho. Lo que se dice mucho.
Los investigadores identificaron 2,827 segmentos de descalificación en 1,437 conferencias presidenciales. También documentaron el uso de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos por parte de estructuras de la Sedena. Aquel espionaje que, según el presidente, no existía tuvo la mala educación de dejar rastros... Parece que el programa espía no recibió instrucciones para respetar la versión oficial de que el espionaje se había terminado.
Como si estos hallazgos no fuesen suficiente horror, la investigación registra, además, el asesinato de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos durante aquel gobierno: 337 personas. El expediente no dice que López Obrador ordenara esas muertes. Dice algo que también debería quitarle el sueño (a él y a nosotros): presidió un Estado que conocía el peligro, señalaba públicamente a quienes investigaban al poder y dejaba impunes, según Berkeley, entre 93 y 99 por ciento de los delitos contra ese grupo. Una eficiencia admirable: si el gobierno hubiera protegido a las víctimas con la misma perseverancia con que protegió a los culpables de rendir cuentas, quizá estaríamos escribiendo otra columna…
Fíjense en el perverso método de la chingada: primero les quita legitimidad a los críticos: “prensa fifí”, “chayoteros”, “enemigos de la transformación”. Luego se les persigue en redes sociales, se invade la intimidad de algunos, se les agota mediante denuncias o demandas (también yo he formado parte de ese selecto club). Cuando llega una amenaza real, ya se ha sembrado la sospecha de que ”se la buscaron”. Y, cuando ocurre lo peor, aparece la institución más eficaz del sexenio: la encargada de no resolver nada. Seis años de “primero los pobres”; para los desprotegidos, primero el expediente y luego, si acaso, la protección.
Stanley Cohen estudió en States of Denial cómo las sociedades aprenden a saber de una atrocidad sin hacerse cargo de ella. En México perfeccionamos el procedimiento: lo transmitimos en vivo por la mañana y al mediodía acusamos a la prensa de exagerar. “No es espionaje”, aunque aparezca Pegasus. “No es persecución”, aunque la víctima tenga nombre y apellido. “No es impunidad”, aunque falte el culpable. El humanismo mexicano desarrolló un talento formidable para suprimir el sustantivo y conservar el daño.
Lindsay Freeman, responsable del análisis jurídico que acompaña la investigación en comento, sostiene que esa acumulación de actos amerita un examen preliminar de la Corte Penal Internacional bajo la figura de persecución. La política publicada por la Fiscalía de la CPI en 2025 reconoce que los medios digitales también pueden servir para cometer crímenes comprendidos en el Estatuto de Roma. El derecho internacional empieza, por fin, a entender que no hace falta entrar por la puerta de una redacción para destruir la libertad de quien trabaja allí.
La CPI aún no ha abierto una investigación formal contra López Obrador por este expediente. Que nadie confunda una investigación universitaria con una sentencia; de absoluciones por aclamación ya se encarga Morena. Berkeley ofrece algo bastante más incómodo que una consigna: una ruta para exigir responsabilidades personales, en particular de parte de AMLO y su entonces equipo de vocería (algunos, por cierto, permanecen trabajando para Claudia Sheinbaum).
Pero mi acusación política va más lejos que el objeto de Berkeley. He escrito que Morena ocupa —en demasiados casos de manera casi decorativa— los cargos, pero el crimen organizado es el que gobierna y manda en demasiados territorios de México. Quiero que también se investigue cómo llegó a mandar: qué decisiones se tomaron, cuáles se omitieron, a quién se protegió y por qué el Estado fue tan diestro para vigilar a sus críticos y tan torpe para protegerlos del crimen. “Abrazos, no balazos” terminó pareciéndose menos a una política de seguridad que a una instrucción para no estorbar.
Es una pregunta particularmente incómoda para el obradorismo. ¿Cómo pudo contar con tecnología, oficinas de inteligencia y tiempo presidencial para seguir a periodistas, mientras tantos periodistas y buscadoras quedaban solos frente a quienes los amenazaban? Para localizar a un crítico había recursos; para encontrar a un desaparecido, casi siempre una madre con una pala. A unos los siguieron demasiado. A otros no los buscaron lo suficiente.
Hay otras cuentas del sexenio que también deben abrirse: las decisiones sanitarias durante la pandemia, las víctimas de la violencia, las desapariciones, el avance territorial de las organizaciones criminales. Berkeley investigó la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos; que nadie pretenda hacer pasar ese límite del estudio por un certificado de inocencia sobre todo lo demás. El expediente es una puerta; el catálogo completo de la ruina necesita varios tomos.
Giro de la Perinola
En 2020, López Obrador esperó hasta el 15 de diciembre para reconocer la victoria de Joe Biden. Mientras Trump se resistía a aceptar su derrota, el presidente mexicano le regaló algo valioso: tiempo y el gesto de no contradecirlo. Creo que Trump quedó en deuda con él. Ambos, además, tienen esa delicadeza autoritaria de llamar enemigo a cualquiera que los fiscalice. Uno lo hace en inglés; el otro, en la mañanera. Cambia el acento, no el reflejo.
Pero hay una protección menos sentimental y bastante más eficaz. El equipo de Berkeley preparó originalmente este trabajo para presentarlo ante la CPI. Según el propio Centro, las sanciones estadounidenses contra el tribunal cerraron esa vía legal y lo llevaron a publicar la investigación como plataforma abierta. Trump no tuvo que pronunciar una sola palabra en defensa de López Obrador para que su guerra contra la Corte estorbara este intento de llevar el expediente a La Haya. El hombre que amenaza con perseguir criminales en cualquier país logró ponerle trabas a quienes querían investigar posibles crímenes del poder.