Sobre la idea de certeza jurídica se ha construido uno de los pilares más invocados del Estado de derecho. Sin embargo, en México ese concepto suele diluirse en un debate incomprensible para quienes aún no han tenido que enfrentarse, de manera directa, al sistema de justicia. La razón es conocida, aunque incómoda: la corrupción que por décadas ha permeado al aparato judicial.
La realidad mexicana demuestra que jueces y fiscales han contado históricamente con amplios márgenes de discrecionalidad para intervenir en pequeños actos que, en conjunto, definen destinos completos. Desde la emisión de órdenes de aprehensión hasta la ejecución de intervenciones supuestamente legales, la llamada “justicia” ha guardado una relación más estrecha con el poder y la capacidad de pago que con la aspiración clásica de dar a cada quien lo que le corresponde.
En materia familiar, la violencia vicaria permite observar con nitidez el carácter estructural de estas fallas. La agresión contra la madre, ejercida a través de las hijas y los hijos, no se agota en la figura de un hombre violento. Trasciende hacia una dimensión más grave cuando el propio Estado, mediante el uso de sus facultades, se convierte en ejecutor de esa violencia. Cuando instituciones públicas operan como brazo armado para separar a mujeres de sus hijas e hijos, o para perpetuar y amplificar estereotipos machistas que juzgan con especial severidad la maternidad, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional.
Esta noche, dos niñas fueron interceptadas en Texcoco y trasladadas a la Agencia 59 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Una de ellas se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, para cuyo manejo el DIF no está preparado. La madre cuenta con una resolución de amparo vigente que ordena la suspensión de cualquier acto que modifique las condiciones de vida de sus hijas. Nada de ello ha sido suficiente. Las autoridades ministeriales mantienen a las niñas resguardadas, durmiendo en sillas dentro de un cubículo, como si una orden de un juez federal fuera un documento prescindible.
El machismo institucional resulta aún más hiriente cuando convive con discursos oficiales que proclaman que “es tiempo de mujeres”. Lo es, al parecer, solo para las mujeres en la política. Para las mujeres de a pie, las madres que litigan solas contra el aparato estatal, sigue siendo tiempo de incertidumbre, de miedo y de arbitrariedad .
Si un padre o un hombre con acceso a recursos y contactos logró sentencias con procesos viciados, peritajes corruptos o arbitrariedades, aquello debe ser completamente anulado y no hay cosa juzgada que pueda respetarse porque en realidad, la “cosa” no fue “juzgada”. La justicia que se compra no puede ser justicia, menos cuando afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Cuando ni el amparo ni la ley logran contener el abuso del poder, el mensaje es devastador: cualquiera puede llegar un día y romperlo todo. Vivimos tiempos oscuros para la justicia en la Ciudad de México. Y frente a ese panorama, la exigencia no es radical ni extraordinaria, es elemental: que se respete lo que ha ordenado un juzgador federal.
Las niñas deben estar con su madre.
Atención, fiscal Bertha Alcalde.