Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación y ahora con el segundo piso, encabezado por Claudia Sheinbaum, se produjo un cambio profundo en la relación entre el Estado y la iniciativa privada. El discurso oficial redefinió el papel de las empresas en la economía nacional colocándolas bajo sospecha.
Según la narrativa gubernamental, durante el periodo neoliberal, un grupo selecto de grandes corporaciones se benefició del poder político mediante tráfico de influencias, condonaciones fiscales y contratos ventajosos. Andrés Manuel López Obrador señaló a empresas y bancos de haberse enriquecido por cercanía con el poder e incluso exhibió listas de contribuyentes con presuntos adeudos fiscales, respaldados por resoluciones judiciales favorables.
De la desconfianza al control
Paradójicamente, ese discurso terminó describiendo su propia política empresarial: concentración de decisiones, discrecionalidad y cercanía con la vieja y una nueva élite empresarial afín a su proyecto político.
Para facilitar ese rediseño se eliminaron de la Secretaría de Economía el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), la Subsecretaría de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y otras instituciones autónomas, debilitando la política de fomento a nuevos negocios. Paralelamente, se fortaleció el papel de empresas estatales como CFE y Pemex bajo el argumento de rescatar la soberanía energética.
El sector se convirtió en campo de confrontación. Se acusó a empresas privadas —sobre todo extranjeras— de operar con contratos “leoninos”; sin embargo, hoy se plantean esquemas de inversión mixta donde el control estratégico permanece en manos del Estado, bajo condiciones que, según empresarios, reducen incentivos y certeza jurídica, cuando la inversión, por definición, exige reglas estables.
¿Qué es —y qué no es— una empresa?
Más allá del debate político, el problema es conceptual. Una empresa es un sistema económico diseñado para crear valor de manera sostenible. Produce bienes y servicios, genera empleo y paga impuestos. Cuando se le exige asumir funciones propias del Estado —desde tareas asistenciales hasta responsabilidades que rebasan su objeto productivo— se compromete su viabilidad.
En el ámbito laboral también se ha reforzado la narrativa de conflicto entre capital y trabajo. Argumentando que muchas empresas explotaban a los trabajadores el gobierno promovió reformas para fortalecer derechos laborales, sin embargo, en el sector privado persiste la percepción de que algunas disposiciones incrementaron costos y rigideces sin acompañarse de incentivos a la productividad.
Otra confusión frecuente está entre éxito temporal y permanencia. Cuando una empresa registra buenos resultados surgen presiones para expandirse sin planeación o distribuir recursos como si los ciclos económicos hubieran desaparecido. La disciplina financiera no es avaricia; es condición de supervivencia.
Regulación, incertidumbre y crecimiento
El diseño institucional influye decisivamente. Aunque muchos gobiernos declaran promover la formalidad, construyen marcos regulatorios complejos y punitivos que implican trámites interminables y cargas desproporcionadas. El resultado es un círculo vicioso: más regulación genera más costos; más costos empujan a la informalidad; menor formalidad reduce la recaudación; y menos recaudación deriva en mayor presión fiscal sobre quienes sí cumplen.
Ejemplo de ello son regiones con limitaciones energéticas, como la Península de Yucatán, donde apagones y falta de capacidad instalada afectan la actividad económica. Proyectos para mitigar el problema enfrentan obstáculos regulatorios mientras se redefine el papel de las empresas públicas, dicha incertidumbre retrasa inversiones, empleos y, en casos extremos, deja sin energía a comunidades enteras.
El papel del gobierno en una economía productiva no es sustituir al mercado ni convertir a la empresa en instrumento ideológico. Su función esencial es garantizar reglas claras, competencia leal, seguridad jurídica e infraestructura suficiente.
Cuando la política pública trata al empresario como evasor en potencia, las empresas reducen riesgo, inversiones y contrataciones y, aunque no aparezca en las estadísticas, el empleo que no se crea representa un costo social real.
Esto no implica que las empresas deban operar sin responsabilidad social. Significa que es sostenible cuando existe rentabilidad. Primero se crea valor; después se distribuye. Pretender lo contrario pone en riesgo la estabilidad del negocio y, en consecuencia, la del trabajador.
No es empresa “buena” o “mala”. Es claridad de funciones: empresas enfocadas en productividad, gobiernos concentrados en facilitar y regular con equilibrio; y una sociedad que entienda que crear valor es condición previa de cualquier política redistributiva.
Primero sobrevivir. Luego crecer. Después compartir.
Ese orden no es ideológico; es económicamente racional y socialmente indispensable.
X: @diaz_manuel